Asambleas vecinales de distintos barrios de la ciudad de La Plata protestaron hoy frente a la municipalidad local y la gobernación bonaerense al cumplirse seis meses de las trágicas inundaciones del 2 de abril, mientras continúa la polémica por el número de víctimas y la justicia analiza posibles imputaciones.

Bajo la consigna “Prohibido olvidar”, cientos de vecinos de La Plata reclamaron subsidios para mitigar las pérdidas materiales que sufrieron los damnificados, obras hidráulicas para prevenir un desastre de similares dimensiones y el establecimiento de un número concreto de víctimas fatales bajo la sospecha de que hubo muchos casos que no fueron computados en las estadísticas oficiales.

Desde el mediodía se realizaron distintas actividades en la céntrica Plaza San Martín, frente a la Gobernación, que incluyeron mesas de debate y recitales de música, mientras que por la tarde los vecinos se concentraron en la municipalidad y marcharon a la Gobernación bonaerense para hacer oír sus reclamos.

Ulises Pujol, integrante de la Asamblea de Inundados de Tolosa, señaló que “hay un número de personas indeterminadas que no está, ni en este mundo ni en la lista oficiales de víctimas”. En esa línea, indicó que el juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Arias, investiga “una cantidad de víctimas muy grandes, y se lucha por eso, porque haya Justicia y que se condene a las personas que organizaron este encubrimiento. No sólo por la (Policía) Bonaerense, no sólo por (el ministro Ricardo) Casal, sino que también tuvo que tener su vínculo municipal” sostuvo Pujol.

Por su parte, Benjamín Palumbo, también de la Asamblea de Tolosa, sostuvo que “a seis meses seguimos vulnerables, no hay esclarecimiento de víctimas ni justicia, no hay subsidios, las obras que se prometen sabemos que no van a ser contundentes, a seis meses no tenemos plan de contingencia y los reclamos siguen tan vigentes como hace seis meses”.

En tanto, el Colegio de Trabajadores Sociales de La Plata presentó el informe socio-sanitario realizado tras las inundaciones, donde asegura que “las respuestas inmediatas y posteriores a la inundación surgieron casi exclusivamente de la sociedad civil” y sostiene que “la política pública quedó reducida a acciones desarticuladas, sin planificación, y un manejo discrecional de los recursos disponibles”. La investigación contó con más de 1.500 voluntarios que relevaron 3.300 viviendas, ubicadas en 27 barrios afectados, fundamentalmente del Partido de La Plata, aunque también incluyó barrios de Berisso y Ensenada.

Sigue la polémica por el número de víctimas

En tanto, a seis meses de la tragedia continúan en la justicia los desacuerdos en torno al número de víctimas que dejó la inundación. Esta tarde, el juez Luis Arias, quien en su momento había denunciado una subestimación en los números oficiales, aseguró que “se han sumado más” personas fallecidas, hecho que fue desestimado por el fiscal que lleva adelante la causa, Jorge Paolini.

El juez en lo contencioso administrativo aseguró que desde el 2 de abril “se han ido sumando más víctimas que no están en el listado oficial”, cuya última actualización daba cuenta de 67 fallecidos reconocidos oficialmente.

“Puedo decir que se han ido sumando más víctimas directas e indirectas, que han fallecido a consecuencia de la inundación pero por haber padecido problemas de salud”, indicó el magistrado.

Si bien el magistrado evitó dar a conocer la cantidad de casos, sostuvo que “hay bastantes víctimas que están reconocidas como tales y que no están en los listados oficiales”.

Sin embargo, el fiscal que investiga el caso, Jorge Paolini, aclaró que “no hay ninguna novedad” respecto de la última cifra que brindó, aunque no desestimó que en la continuidad de la investigación “se incorporen nuevos casos a un eventual listado”.

El funcionario judicial reconoció que la investigación “es difícil”, y mencionó como ejemplo las “demoras en la entrega de información por parte de dependencias que posiblemente estén involucradas” en algún tipo de ocultamiento.

En ese marco, Arias aseguró que busca “dictar sentencia antes de fin de año para que sean oficialmente reconocidas”.

En tanto, Paolini aseguró que su fiscalía estudia el caso para determinar posibles imputaciones, apuntando al desarrollo del plan de contingencia y a la falta de alertas por parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Por el momento, el fiscal descartó posibles acciones contra la municipalidad por su responsabilidad en las obras públicas que debían prevenir la inundación, basándose en un informe de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata que asegura que cualquier obra habría sido ineficaz para contener el nivel de agua caída –unos 400 milímetros en pocas horas.

Sin embargo, apuntó contra el SMN, que “no brindó ninguna alerta” sobre la tormenta que se desataría, y puso el foco principalmente en el plan de contingencia desplegado por el municipio y el gobierno bonaerense, buscando determinar si “alguna muerte no está relacionada con la falta de acción” al momento de ocurridos los hechos.