La mudanza del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) desde el hospital Durand al nuevo edificio del Ministerio de Ciencia y Tecnología divide a los organismos de Derechos Humanos. Desde Hijos La Plata aseguraron a LPO que el gobierno avanza en un intento de privatización del Banco. “Hay un intento de semi privatización y el Banco de Datos tal como lo conocemos hoy perdería sus funciones para darle mayor importancia a sectores privados vinculados a los estudios genéticos”, explicó Juan Bonatto, integrante de esa agrupación.

Ayer, el juez en lo contencioso administrativo Ernesto Marinelli, suspendió preventivamente el traspaso ante una presentación realizada por varios organismos de Derechos Humanos, entre ellos la Asociación ex Detenidos Desaparecidos, la Asociación Anahí -que dirige la segunda ex presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Chicha Mariani- e Hijos La Plata.

En tanto, Carlos Lordkipanidse, ex detenido en la ESMA e integrante de la asociación de Ex Detenidos Desaparecidos sostiene que el Banco en las instalaciones del Hospital Durand “funcionó y funciona perfectamente”. Ese trabajo -dice- permitió la recuperación de 108 casos de bebés robados a los desaparecidos durante la dictadura.

En diálogo con LPO, Lordkipanidse aseguró que mantuvieron contacto con el director del Durand y les explicó que podría realizarse una mudanza a otras instalaciones pero siempre dentro del mismo hospital público. Eso, supondría que el Banco de Datos seguiría funcionando bajo la esfera pública.

Sin embargo, la intención del gobierno es otra. “Para nosotros es una privatización encubierta”, asegura el ex detenido.

En el escrito que hizo lugar la Justicia, los organismos solicitaron la declaración de inconstitucionalidad de los artículos de la ley 26.548 que restringen la competencia del Banco Genético a los casos de lesa humanidad previos al 10 de diciembre de 1983, porque excluye las causas judiciales vinculadas con desaparición forzada de personas posteriores a esa fecha, como las de Julio López, Luciano Arruga, Marita Verón y Daniel Solano. “Esos casos quedarían por fuera de la órbita del hospital público”, aseguró Lordkipanidse.

Este banco fue creado por el ex presidente Raúl Alfonsín en 1987 a pedido de las Abuelas y ya resolvió 108 casos de bebés robados a los desaparecidos durante la dictadura.

Pero la decisión del juez Marinelli de frenar la mudanza fue rechazada por organismos afines al gobierno nacional. A través de un comunicado, Abuelas de Plaza de Mayo afirmaron que “la demanda fue realizada por asociaciones y particulares que desconfían de la seriedad y las garantías previstas para esta tarea, bajo falacias tales como que el Banco realizará estudios genómicos con muestras de los familiares, algo que está estrictamente prohibido en la ley”.

“Es doloroso que muchos de quienes se presentan como preocupados por la restitución de identidad a las víctimas del terrorismo de Estado, frenen un instrumento de importancia vital para la tarea concreta”, finalizaron.