El juez federal Claudio Bonadio tiene en estudio un informe de la fiscalía antilavado que revela operaciones financieras sospechosas de la obra social de Camioneros, que maneja Hugo Moyano, con empresas contratistas ligadas a su familia por 580 millones de pesos, según informa La Nación.

El fiscal Carlos Gonella, titular de la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y cuya designación fue denunciada por irregularidades, dijo a ese diario que envió esa información a la fiscalía federal a cargo de Patricio Evers, que ya investigaba a Moyano, por si fuera necesario ampliar la imputación. Evers le envió los documentos al juez Bonadio, que conduce la causa iniciada por la denuncia de la diputada Graciela Ocaña.

El informe judicializado ahora es una tarea de la Unidad de Información Financiera (UIF), que recibió tres reportes de operaciones sospechosas (ROS), del BBVA Banco Francés, que mencionan transferencias entre cuentas pertenecientes a la Asociación de Camioneros, a la Obra Social y a las empresas Iarai SA, Aconra SA: y Dixey SA, realizados entre marzo y julio de 2011 y enero y abril de 2012. Un cuarto reporte corresponde a operaciones realizadas entre junio y octubre de 2012. Todas por un total de $ 580 millones. Hubo otro reporte de la concesionaria Dietrich, donde un familiar directo de Moyano compró una camioneta 4x4 de alta gama por 547.175 pesos.

La UIF mencionó la existencia de una ingeniería empresarial en la que parte de los fondos que salieron de la Obra Social de Choferes de Camiones (Oschoca) y del Sindicato de Choferes de Camiones, retornarían al grupo familiar de Moyano, a través de las compañías que se encuentran dirigidas por personas de su entorno directo, quienes ocupan cargos de relevancia en las empresas que brindan en forma exclusiva servicios a los organismos dirigidos por Moyano.

La Nación agrega que la UIF consideró que en poco tiempo Iarai SA, prestadora de servicios a la Ooschoca, y Aconra SA y Dixey SA, proveedoras del sindicato, incrementaron "desmesuradamente" su patrimonio mediante la compra de bienes para un uso que no tiene relación con los servicios para los cuales fueron constituidas, sino para uso particular. La UIF se basó en la declaraciones de impuestos de las empresas. Así, Iarai SA sería "una empresa con nula experiencia en el mercado y una precaria capacidad económica, con evidentes pérdidas que asumió el gerenciamiento de Oschoca, a través de la tercerización de los servicios que, hasta 2006, eran prestados directamente por la obra social. De este modo se hizo cargo de tres sanatorios y catorce consultorios externos", explicó Gonella.

La sospecha es que "las asimetrías patrimoniales" de las empresas "se trasladarían a la situación patrimonial del entorno familiar directo de Moyano".

Los primeros ROS recibidos por la UIF son de marzo y julio de 2011, cuando Moyano era aliado del Gobierno. El camionero rompió lanzas en diciembre de 2012. La UIF -denunciada por perseguir a enemigos del Gobierno con sus investigaciones- envió la información a la Procelac, que la judicalizó.

Sobre la oportunidad de esta medida, Gonella explicó : "El ROS ingresa a la UIF y se procesa mediante una matriz de riesgo. Luego pasa por una división de análisis y luego a una división jurídica, tras lo cual se envía a la dirección, que es donde se decide si la elevan o no. Si es así viene a la Procelac y también analizamos desde nuestra óptica fiscal el caso. No es sencillo. El tiempo se explica por la cantidad de trabajo y análisis que hay en el medio. Cualquier otra especulación correrá por cuenta de quien la haga".

Toda esta información está en la causa contra Moyano, en la que Bonadio estableció que hubo troqueles apócrifos de medicamentos para que la obra social de camioneros cobrara reintegros indebidos. Por eso hay funcionarios y drogueros procesados. En esa causa, Ocaña denunció la maniobra que, según la Procelac, es de $ 580 millones.