Diputados convirtió en ley la apertura del canje de la deuda en default, pedida por Cristina Kirchner tras conocerse el último fallo de la cámara estadounidense que obligó al Gobierno a pagarle al 7% de los bonistas que rechazaron las dos ofertas anteriores, en 2005 y 2010.

La iniciativa fue sancionada por 192 votos, que congregaron, además del oficialismo y sus aliados tradicionales, a la UCR, el Pro y el Frente Renovador, que representa al candidato del peronismo opositor Sergio Massa. También votó a favor el diputado Omar Plaini.

Los rechazos fueron 33, de parte de la Coalición Cívica-ARI, Proyecto Sur y el Frente Amplio Progresista –el Partido Socialista, el GEN, el juecismo y también Unidad Popular-. Hubo sólo cuatro abstenciones, de Elisa Carrió (CC-ARI), Graciela Ocaña (Udeso), Nora Videla (Frente Peronista) y Marcela Rodríguez (DIP).

El proyecto habilita al Ejecutivo a tomar las medidas que crea necesarias para abrir el canje en iguales condiciones a las anteriores, sólo que esta vez no tendrá fecha de cierre: será el congreso el que decida ponerle fin.

Cristina optó por esta medida tras el reciente fallo del juez neoyorkino Thomas Griesa, que obliga a Argentina a cancelar en su solo pago el 100 por ciento de la deuda con los denominados fondos buitre. Según el Gobierno argentino, si la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos ratifica este fallo, el país volvería a entrar en default.

“La deuda es un tema de unidad nacional y el interés nacional”, sostuvo Juliana Di Tullio, flamante jefa del bloque kirchneirsta.

Y llamó a la oposición a “estar juntos y pegar todos juntos en una misma dirección”, tras recordar que “los fondos buitre actúan de la misma manera” en todos los países que tienen problemas con sus respectivas deudas.

“Nuestro bloque reivindica absolutamente su política de desendeudamiento”, lanzó en una forma de responder las críticas opositoras respecto a la forma en que el gobierno vino trabajando el tema, para luego recordar que con la cancelación de mañana de los 2.000 millones de dólares para cubrir los Bonard 7, el peso de la deuda externa privada en moneda extranjera será solo “8,4 por ciento del PBI”.

Un rato antes, el jefe del bloque radical Ricardo Gil Lavedra había adelantado el respaldo de la bancada de la UCR al sostener que “la postura que ha tenido en los canjes anteriores la Unión Cívica Radical ha sido poner por encima de cualquier otra consideración política el interés del país por sobre todo”, aunque sostuvo que “los instrumentos que se ofrecieron (desde el Gobierno) para el canje no fueron exitosos”.

Nueve horas de discusión

Fue el presidente de la comisión de Finanzas de Diputados, Carlos Heller, quien se encargó de informar por el oficialismo el proyecto en tratamiento, al sostener que la estrategia para cerrar un acuerdo con 7 por ciento de acreedores que no ingresaron a los dos canjes anteriores de títulos de la deuda "es una causa nacional que nos tiene que encontrar unidos más allá de las diferencias partidarias".

Recordó que el país “está siendo objeto de despiadados ataques judiciales de los llamados fondos buitres" y aseguró que, el fallo del juez neoyorkino Thomas Griesa, desconoce principios de soberanía nacional y "trato justo y equitativo" hacia los acreedores, para remarcar que la propuesta del gobierno expresa "una vez más la voluntad (de la Argentina) de pagar" su deuda , pero en condiciones que le permitan continuar su crecimiento porque, y recordó al presidente Néstor Kirchner, "los muertos no pagan".

Por su parte, el jefe del bloque de la Coalición Cívica, Alfonso Prat Gay, se quejó de lo que llamó "el doble discurso" del kirchnerismo sobre la renegociación de la deuda externa y aseguró que el país, gracias a los canjes de 2005 y 2010, le "regaló" a los bonistas los cupones del PBI con lo cual terminó pagando más de lo que se debía originalmente a los acreedores.

Opinó que, por eso, es "inaceptable" volver a emitir cupones del PBI para los bonistas que no entraron en los dos canjes anteriores, así como "derogar la ley Cerrojo" porque eso "es ponerse del lado de los fondos buitres", y aunque manifestó cierto escepticismo sobre el resultado del nuevo canje afirmó que desde su bloque no iban a oponerse al proyecto del gobierno.

A su turno, su colega de Unidad Popular, Claudio Lozano aseguró que, a la inversa de lo que plantea el kirchnerismo, para la Argentina "no hay desendeudamiento" y dijo que la reapertura es, en realidad, "el fracaso de un cuento absolutamente mentiroso".

El oficialista presidente de la Comisión de Presupuesto de la cámara baja, Roberto Feletti, defendió la reestructuración al decir que "este proceso le permitió a la Argentina independizar sus políticas públicas del peso de la deuda"; y reseñó que la actual es la "tercera reestructuración de la deuda", ya que las dos anteriores fueron "el plan Brady" -durante la gestión de Carlos Menem- y el llamado "megacanje" en el gobierno de Fernando De la Rúa.

Mientras, el jefe de Proyecto Sur, Fernando Solanas, advirtió que con la reapertura se está convalidando y legitimando "el mayor fraude" e insistió con su propuesta de auditar la deuda y pagar solo "la deuda real".

En ese sentido, recordó que la deuda se comenzó a contraer con la última dictadura militar y que, en la actualidad, se estableció "el mito de que estamos ante una deuda cuasi legitima y que la debemos pagar" y acusó a "esta democracia teñida de mafiosidad porque ninguno de los gobiernos que sucedieron a Jorge Rafael Videla se quiso meter con el tema".

Su par macrista, Federico Pinedo, dijo que, el resultado negativo en los tribunales de Estados Unidos para el país en los juicios sustanciados por los Fondos Buitre, se debió a que el gobierno actuó con "chapucería" así como "por bravuconería y por falta de profesionalismo", para luego indicar que, si se el tema se está debatiendo en el Congreso, no es "porque estamos en medio de un gran éxito. Sino porque estamos en medio de un gran fracaso porque la Argentina ha perdido dos juicios importantes en cortes extranjeras".