Miguel Galuccio ya no puede seguir ocultando el escandaloso acuerdo entre YPF y Chevron para la explotación de un área del yacimiento de petróleo y gas no convencional Vaca Muerta. Lo que no se puede mostrar son las insólitas concesiones que la petrolera argentina le hizo a los inversores para que acepten poner 1.240 millones de dólares.

Cuando el Gobierno de Cristina Kirchner decidió estatizar YPF sin acordar ningún tipo de resarcimiento con Repsol, los españoles juraron que perseguirían judicialmente no sólo al Estado argentino si no también a todos aquellos que pretendan invertir en Vaca Muerta, el principal activo de la petrolera.

Esa amenaza fue y es el principal obstáculo para que las empresas extranjeras se acerquen. Este miércoles se conoció que la justicia estadounidense rechazó una presentación del Grupo Bridas -el otro interesado en Vaca Muerta- para que la disputa con Repsol se resuelva en tribunales argentinos y le dio competencia a la justicia española.

Aunque este caso no incluye a Chevron, Repsol comenzó demandas similares contra el coloso norteamericano y el fallo de hoy abre la puerta para que redoble esta estrategia judicial. El mes pasado, un tribunal de Madrid ya le dio curso a una presentación contra YPF y se descuenta que la justicia española le terminará dando la razón al grupo que encabeza Antoni Brufau. Además, Repsol pidió al CIADI que frene el acuerdo.

Esta tormenta judicial fue prevista por los norteamericanos, que conocen muy bien el arte de los negocios y las contiendas legales a nivel internacional. Es por eso que a la hora de firmar el convenio con Galuccio se aseguraron de que los platos rotos lostenga que pagar YPF y lo plasmaron en una cláusula secreta.

Según confiaron a LPO fuentes con acceso al contrato, la petrolera argentina le dio indemnidad judicial a Chevron para todos los frentes que Repsol abra en los tribunales internacionales. Es decir que el Estado argentino le aseguró a la firma norteamericana que se hará cargo de todas las indemnizaciones que haya que pagar.

En principio, Repsol reclama unos 11 mil millones de dólares por el valor de la compañía al momento de la confiscación. Sin embargo, no se descarta que la exigencia sea mayor cuando se empiece a explotar Vaca Muerta. Los reclamos de la firma española contra Chevron no están contemplados en esos 11 mil millones, por lo que la factura a pagar podría ser muchísimo mayor.

“Escrow account”

LPO reveló hace diez días la existencia de una cláusula secreta en el acuerdo que crea una “escrow account”, una cuenta bancaria bajo custodia de terceros. En esa cuenta, ubicada en el exterior y bloqueada, la petrolera argentina se obliga a depositar dólares que quedarán en “garantía” y que sólo Chevrón podrá retirar.

Se trata de un formidable “seguro” ofrendado a la petrolera norteamericana contra la posibilidad de algún inconveniente futuro a la hora de girar al exterior los dividendos que genere la explotación de Vaca Muerta. Esta “escrow account” fue calificada ante LPO como “una claudicación ante poderes económicos, sin antecedentes”.

Antes de eso, el Gobierno le garantizó a Chevron, mediante el decreto 929, el derecho a comercializar en el mercado externo el 20% de la producción con retenciones cero y libre disponibilidad de dólares.

Todas estas concesiones habían provocado la renuncia del director Miguel Basualdo. El prestigioso economista de Flacso se había sumado al directorio tras la estatización, pero se fue en desacuerdo con la letra chica del acuerdo. “Los acuerdos de Perón con la Standard Oil son un juego de niños al lado de lo que está cediendo Galuccio a Chevron”, había adelantado hace dos meses a LPO una fuente que conocía los detalles de la negociación.