El Senado aprobó ayer los 51 pliegos de jueces, fiscales y defensores del pueblo que propuso el Poder Ejecutivo, entre ellos los de la titular de la agrupación Justicia Legítima, María Laura Garrigós de Rébori, y del fiscal antilavado, Carlos Gonella.

El pliego de Garrigós fue el que recibió la mayor cantidad de objeciones de la oposición, pero logró ser aprobado por 40 votos del oficialismo contra 19 votos en contra. En tanto, el pliego del titular de Procelac recibió 42 votos a favor contra 17 en contra.

Por otra parte, un total de 43 propuestas recibieron 55 aprobaciones y tres negativas; y otros seis candidatos -que recibieron cuestionamientos- tuvieron 53 respaldos y cinco rechazos.

La aprobación de los pliegos del Poder Judicial era el único tema de la agenda de la sesión especial, aunque el asunto comenzó a debatirse después varias horas en que los parlamentarios discutieron proyectos reclamando conocer el contrato de Chevron y las presencias del Secretario de Energía, Daniel Cameron, y el titular de YPF, Miguel Galuccio.

El debate de los pliegos lo inició el radical Ernesto Sanz con un cuestionamiento a Garrigós de Rébori, la principal referente de la agrupación kirchnerista "Justicia Legítima", por organizar manifestaciones contra la Corte Suprema de Justicia, tras el fallo en el que se pronunciaron sobre la inconstitucionalidad de la ley de modificación del Consejo de la Magistratura.

El mendocino calificó de "injustificadas y discriminatorias" las manifestaciones realizadas por Justicia Legítima ante la sede de la Corte Suprema y, en especial, las que aludieron al ministro Carlos Fayt. Sanz afirmó que "no es justicia, no es legitima, no es democrática, y no es nacional y popular, pararse frente a la sede de la Corte para convalidar todos esos excesos del gobierno o porque un fallo le pareció conservador".

El rechazo del pliego de Garrigós fue respaldado por la justicialista salteña Sonia Escudero, quien agregó críticas a dos candidatos para ocupar cargos en la justicia de la provincia de Salta, porque "al revés de lo que dice defender Justicia Legítima, pertenecen a familias tradicionales del ámbito" judicial.

El radical formoseño Luis Naidenoff criticó los antecedentes del postulante a fiscal en ese provincia de Carlos Gonella, actual fiscal antilavado y pidió el retiro de su pliego para que no sea siquiera analizado en el recinto. Recordó que Gonella tiene "dos causas penales abiertas", una referida a "la designación irregular al frente de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac)" y "en particular su actuación en la causa Lázaro Báez por encubrimiento y asociación ilícita".

Por su parte, Jaime Linares (FAP) afirmó que Gonella "es un funcionario ilegítimo (designado) para que habilite un grado de impunidad y una muestra clara que va a afectar la investigación", por lo que anunció que rechazaría el pliego.

El radical Gerardo Morales objetó la designación de Daniel Morín como juez de cámara, porque en su actual función se pronunció a favor del pase de una causa en que la Morales fue agredido por la agrupación Tupac Amaru, desde la justicia federal a la provincial.

El chubutense Mario Cimadevilla (UCR), pidió dejar de lado los pliegos de Rébori y Gonella y sumó a la postulante a fiscal Patricia Quirno Costa, por haber aceptado la designación ilegítima en un cargo.

En tanto la chubutense Graciela Di Perna, propuso el rechazo del fiscal Carlos Schaffer, por haber desarrollado "los argumentos de la doctrina de los dos demonios" cuando defendió a un genocida en Goya (Corrientes).