El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, reveló a los miembros del tribunal que estaría siendo investigado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y que no descarta iniciar acciones penales contra Ricardo Echegaray por extorsión y amenazas.

La versión fue difundida a través de distintos diarios porteños. Ayer, en el encuentro semanal de los cortesanos, Lorenzetti contó que la investigación de la AFIP también alcanza a sus hijos y al secretario general de Administración del máximo tribunal, Héctor Daniel Marchi, el hombre encargado de manejar el millonario presupuesto de la Corte.

El titular de la Corte relaciona la maniobra de la AFIP con el reciente fallo que confirmó la inconstitucionalidad de la principal ley de la reforma judicial impulsada por el kirchnerismo: la elección popular de los integrantes del Consejo de la Magistratira y la modificación en la conformación del organismo. También lo vinculan con los próximos fallos sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Medios y la expropiación del predio de la Sociedad Rural Argentina.

Según La Nación, Lorenzetti contó que Echegaray ordenó una investigación contra él y sus dos hijos directamente desde Buenos Aires, aunque la pesquisa se está haciendo en Santa Fe, provincia de la que es oriundo el presidente de la Corte. Lorenzetti tiene todavía una casa en Rafaela, donde nació y donde suele ir casi todos los fines de semana. Uno de sus hijos es abogado y el otro es contador. De Rafaela también es Marchi, mano derecha del juez.

"Nunca, en 30 años, recibí una intimación de la AFIP y jamás fui investigado por ninguna oficina impositiva", aseguró Lorenzetti. El presidente de la Corte aseveró que pagó siempre en tiempo y forma todos sus impuestos. "Es una presión más por las decisiones que ya se han tomado y por las que el tribunal tendrá que tomar en adelante", señaló otro juez.

Quién es Marchi

El secretario general de Administración es uno de los hombres de mayor confianza de Lorenzetti, que lo designó como titular del Comité de Inversiones del Poder Judicial, dejando en sus manos una caja de dinero más que importante.

Como reveló LPO hace dos meses, la relación se remonta a los inicios profesionales de ambos y se anuda entorno a polémicos negocios con sindicatos en Rafaela. Mientras el actual administrador de la Corte se ocupaba de los aspectos comerciales y financieros, Lorenzetti les brindaba representación legal. Ese fue el inicio de su relación política.

El contador Marchi pasó por varios cargos públicos pero siempre cultivó el perfil bajo. En 2001 asumió en la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Rafaela, durante la segunda gestión de Ricardo Peirone. Durante el segundo gobierno de Jorge Obeid en Santa Fe, fue designado en la secretaría de Hacienda provincial.

Así, mientras Marchi iba consolidando una carrera en la administración pública, Lorenzetti seguía ligado a las obras sociales sindicales. De aquellos años arrastra denuncias sobre manejos poco claros en las obras sociales, como las que expuso el reconocido periodista santafesino Carlos del Frade, quien recordó que “en los años 90, Lorenzetti fue el abogado de las prepagas del Pami, las mismas que saquearon la obra social más importante del país”.

Del Frade, quien incluso acusó al titular de la Corte Suprema de intentar silenciarlo mediante una oferta económica, agregó en su momento que “cuando la Asociación Médica de Rafaela lo denunció comenzaron a lloverle una seguidilla de juicios que terminaron desbancando aquella comisión que denunciaba al ahora Juez y fue así que los amigos de Lorenzetti se quedaron con esa mutual”.

Del Frade afirma que Lorenzetti fue “socio capitalista y fundador de Apreme, una empresa gerenciadora de salud de Rafaela”. Para este periodista Lorenzetti fue quien creó la matriz legal para monopolizar y privatizar la salud pública rafaelina.

Desde su llegada a la Corte, Marchi tejió una excelente relación con Julio de Vido, que aportó cientos de millones de pesos para obras de infraestructura para la Justicia, que curiosamente tuvieron a Rafaela y otras ciudades santafesinas como grandes beneficiadas. Marchi maneja también directamente, en permanente sintonía con De Vido, un faraónico proyecto de más de 500 millones de pesos para hacer una nueva ciudad judicial en la avenida Garay y Combate de los Pozos.