El presidente del bloque de diputados bonaerenses de la Coalición Cívica, Walter Martello, presentó un proyecto de declaración pidiendo al gobernador Daniel Scioli la nulidad de la resolución que autorizó a la firma CPC S.A. -propiedad de Cristóbal López- a quedarse con el 20% del consorcio que administra las rutas 2 y 11 en la provincia de Buenos Aires.

Según Martello, la participación del empresario kirchnerista en la administración de las rutas “es claramente violatoria de la Ley de Medios”, ya que es titular de una licencia de un canal de cable y de varias radios, a la vez que maneja un servicio públic

“Específicamente en lo que se refiere al artículo 25, que dispone que las personas que accedan al proceso de adjudicación de las licencias de medios audiovisuales no deberán poseer más del 10% de participación accionaria en empresas de servicios que tengan a su cargo la concesión o permiso de un servicio público nacional, provincial o municipal”, indicó el legislador.

En el proyecto se sostiene que a partir de que la AFSCA avaló la compra de los medios que pertenecían al Grupo Hadad (C5N, Radio 10, FM Vale, Mega, Pop y TKM), por parte del Grupo Indalo, López “quedó en una posición de incompatibilidad manifiesta en la Provincia”.

“Esto no hace más que confirmar nuestras sospechas de las oscuras maniobras que se realizaron para el ingreso de la empresa CPC en el negocio de las rutas 2 y 11 que, para colmo, en el último año se ha visto favorecida por importantes aumentos en las tarifas de peaje”, advirtió Martello.

Martello recordó que el titular del AFSCA, Martín Sabbatella, al justificar el aval a la compra de medios por parte de López, argumentó que el empresario kirchnerista se había desprendido de una compañía recolectora de residuos, llamada CLEAR SRL, en Comodoro Rivadavia, para ponerle fin a la incompatibilidad.

“Evidentemente, el titular de la AFSCA hizo la vista gorda. Si era incompatible que tuviese una empresa recolectora de residuos, lo es mucho más que tenga a su cargo una parte del mayor consorcio vial bonaerense. De hecho, en la propia web de Indalo, se informa que la empresa CPC S.A fue adquirida por el grupo en 2009”, sostuvo el legislador bonaerense.

Martello recordó que la firma vinculada con Cristóbal no formó parte de la licitación que, el 30 de junio de 2011, le adjudicó al consorcio “Autovía del Mar” la administración del sistema vial más importante de la Provincia, compuesto por las rutas 2, 11, 36, 56, 63 y 74. Pero al año siguiente, el 18 de abril de 2012, el ministro de Infraestructura bonaerense, Alejandro Arlía, firmó una resolución para autorizar el ingreso de la CPC S.A al mencionado consorcio.

Al analizar la composición accionaria de esta sociedad, surge que el zar kirchnerista del juego es director suplente de la firma. El vice de la compañía es la mano derecha de Cristóbal, Fabián de Sousa, hombre clave en la gestión de los medios del grupo Indalo. En tanto, el presidente de CPC es Osvaldo Manuel de Sousa, familiar del principal colaborador de López, que en el año 2000 se asoció con CLEAR SRL para conformar la firma RECICLEAR, destinada a la actividad ambiental y de higiene urbana.

La vinculación entre Indalo y CPC S.A. es clarísima. La mayoría de los integrantes del directorio de ambas sociedades declaran el mismo domicilio, calle Córdoba 657 de Capital Federal (sólo varían los pisos del edificio), y en ambas empresas participa el empresario kirchnerista.

Consultado por LPO acerca de la posibilidad de realizar una presentación judicial, Martello afirmó que "vamos a esperar la resolución de la nulidad de Scioli respecto a las rutas 2 y 11, y allí analizaremos los argumentos que exponen".

El traspaso de los medios de Hadad a López había sido cuestionado por distintos motivos. Según explicó en ese momento Alejandro Pereyra, el director del AFSCA impugnado, la transferencia violó dos artículos de la Ley de Medios: el 41 que establece que las transferencias son instranferibles y el 44 que prohíbe que un titular delegue a un tercero la explotación de una licencia. La tercera sospecha es por el manejo de servicios públicos de parte del Grupo Indalo, algo que podría quedar ratificado con la nueva denuncia de Martello.