Para paliar el déficit gigante que tiene Aerolíneas Argentinas, La Cámpora quiere correr a la competidora chilena LAN y para eso inició un boicot contra esa compañía hace poco más de un mes.

La organización de jóvenes y gerentes K que maneja Aerolíneas y quiere controlar todo el comercio aéreo del país se valió del monopolio que tiene la empresa estatal Intercargo, que se encarga de trasladar las valijas, para perjudicar a la empresa chilena.

Intercargo es una compañía estatal cuyas acciones están en manos de los ministerios de Defensa y Economía, que presta servicios handling, es decir se encarga de subir y bajar los equipajes de los pasajeros y de colocar las mangas por las que los pasajeros entran y salen de los aviones.

En noviembre del año pasado, Kicillof se amparó en el decreto 1278/12 que le permite meter mano en todas las empresas estatales e intervino la empresa argumentando que “se han detectado diversas situaciones societarias que obstaculizan su normal preceder y conllevan peligros serios e inminentes que ponen en riesgo la prestación de los servicios”.

En primer lugar, Kicillof metió como interventor a Juan de Dios Cincunegui, un polista que había ganando espacio rápidamente en Aerolíneas Argentinas hasta llegar a la vicepresidencia.

Pero Cincunegui fue echado en febrero de este año por Cristina Kirchner tras quedar involucrado en una estafa de más de 360 millones de pesos entre una asociación de defensa de consumidores y seis bancos, que denunció la misma presidenta en un discurso.

El monopolio

La salida de Cincunegui significó meramente un cambio de nombres. María Cecilia García, su reemplazante, también es una joven de La Cámpora que siguió la orden de Kicillof.

En realidad, la intervención se realizó como una manera de obtener fondos para reducir el estruendoso déficit que tiene Aerolíneas Argentinas.

Intercargo es un monopolio en la Argentina, puesto que el Gobierno no autoriza a ninguna otra compañía de handling para que brinde sus servicios en los aeropuertos del país. En todo el continente, los únicos países que tienen monopolio en el servicio de traslado de valijas y de mangas son Thaití, República Dominicana y Uruguay, que tienen un tráfico aéreo considerablemente menor al de Argentina.

Incluso las revolucionarias Venezuela y Bolivia tienen 3 empresas de handling. Brasil y Ecuador tienen 4 cada una. La legislación de la comunidad económica europea indica que debe haber al menos dos prestadores de servicio de rampa por aeropuerto.

A esto se suma que el costo por pasada de Intercargo es el más alto del continente. Por cada servicio de rampa, la empresa que maneja La Cámpora cobra 1378 dólares. En Miami se cobran 769 dólares y en San Pablo 383 dólares.

La pelea con LAN

En este contexto, para aprovechar el monopolio, Kicillof le exigió a LAN que pasara de pagar los 2,7 millones de dólares por mes que estipulaba el contrato que tiene hasta marzo de 2014, que significan unos 32 millones de dólares por año, a que pagara 50 millones de dólares por año.

El conflicto encrudeció el miércoles anterior a Semana Santa, cuando desde LAN le advirtieron al Gobierno que no iban a pagar el adicional que pidió Kicillof. Ese mismo día, Intercargo le levantó todas las mangas.

LAN le propuso al Gobierno la utilización de su propia compañía de handling. Pero desde el Gobierno recordaron que Intercargo es la única empresa habilitada.

Ante esta negativa, LAN fue a la justicia y consiguió un amparo de un juez del fuero Civil y Comercial. El juez obligó a Intercargo a brindarle el servicio a LAN. Pero los funcionarios de La Cámpora desoyeron al juez, que terminó advirtiéndoles que los denunciaría penalmente.

En el Gobierno utilizaron el mismo proceso mental que en la pelea con el Grupo Clarín y creyeron que si retiraban el litigio de ese fuero, voltearían el amparo. Entonces llevaron el caso al fuero Contencioso y Administrativo. Pero la jueza de ese fuero dejó firme el amparo del juez Civil y Comercial.

Para cumplir con el amparo pero a la vez perjudicar a LAN, La Cámpora les dio unas pocas mangas en el aeropuerto de Ezeiza y no les brindó el servicio ni en Aeroparque ni en los aeropuertos del interior del país.

Si la compañía aérea no cuenta con el servicio de mangas, debe transportar a los pasajeros en micros y luego hacerlos subir por escalera hasta el avión. Para hacerle las cosas más difíciles, además de quitarle el servicio de mangas, La Cámpora le dejó a LAN las pistas de aterrizaje más lejanas, para que el transporte de los 300 pasajeros de cada vuelo hasta el avión fueran más engorrosos.

El boicot no terminó allí: en las últimas semanas algunos empleados de Intercargo les escondieron las valijas a los pasajeros, que debieron esperar durante horas para recibir sus equipajes. En algunos casos, se perdieron las valijas.

Lógicamente eso golpea directamente la imagen de LAN, puesto que la mayoría de los pasajeros señalan a la compañía aérea como la responsable y difícilmente hayan oído hablar de Intercargo.

Además, al hacer demorar el traslado de equipajes durante horas en las escalas, a LAN se le vence el horario de la tripulación. Los pilotos tienen un horario específico para volar y están obligados a descansar una vez que ese horario se extinguió. Cuando se vence el horario de una tripulación, la empresa debe reprogramar los vuelos y absorber las críticas de los pasajeros.

Por este boicot, LAN tuvo que suspender seis vuelos el lunes pasado.

Incentivo al boicot

Lo más alarmante es que Intercargo envió un comunicado a sus propios empleados advirtiéndoles que LAN hacía peligrar sus fuentes de trabajo y de esta manera incentivó el boicot.

“El Grupo Lan (…) incumpliendo la Resolución Anac 945/2012 se niega a pagar el monto correspondiente por la prestación de los servicios de Intercargo, ocasionando buena parte de los problemas económicos y financieros por los que transita la empresa”, reza el comunicado (Ver foto).

“La pretensión de LAN es una clara contravención de la normativa vigente y, más aún, atenta contra la continuidad de la Empresa, impide poner sus cuentas en equilibrio operativo y comenzar con el proceso de inversión y reaquipamiento. De este modo, se pone en riesgo el sostenimiento de más de 1.000 puestos de trabajo”, subraya el texto enviado a los empleados.