A través de una carta de los camaristas y una reunión con Cristina Kirchner y Carlos Zannini, Ricardo Lorenzetti consiguió que los diputados kirchneristas modificaran el proyecto del Consejo de la Magistratura, para que conserve el control del presupuesto de la justicia y del personal más relevante.  

El plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales comenzó a las 11.30 con ponencias de las ONGs que bregaron por su rechazo y continuó con exposiciones del ministro de Justicia Julio Alak (con un ensayo de derecho comparado) y el secretario Julián Álvarez, dirigente de La Cámpora y redactor de los proyectos.

Álvarez adelantó que la Corte Suprema tendrá mayor control de su presupuesto, “pero adaptado a la ley de autarquía judicial y la de administración financiera”. Fueron algunas de las advertencias de los magistrados que Lorenzetti le acercó a Cristina.

Diana Conti, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, reconoció ni bien comenzó la sesión que había un reclamo judicial en forma de carta al señalar: "Es nuestra intención tomar algunas de las sugerencias de nuestros jueces".

Luego de que hablaran los funcionarios leyó los cambios y provocó el asombro de varios diputados de la oposición, quienes pasaron de esperar un desguace de la Corte a un manejo de los recursos tanto o más que ahora.

"Acá hay un pacto entre el presidente de la Corte y la presidenta de la Argentina", aseveró Carrió y sembró dudas si el referido "acuerdo entre la corporación judicial y la corporación política" tendría como moneda de cambio será "un fallo favorable en la ley de Medios o rechazar todos los juicios por el cepo cambiario".

Más racional, Jorge Yoma, que votará en contra, consideró que sólo se trata de una negociación para evitar una lluvia de amparos que trabe la ley.

Es que lo que más le importa al Gobierno no se toca: la nueva composición del Consejo de la Magistratura, con 19 miembros, 6 académicos de cualquier disciplina y una mayoría simple con 10 para cualquier votación. Tampoco cambia la elección de las primarias, que llevará el consejo a 25 miembros hasta 2015.

Los cambios tienen que ver con recursos económicos y humanos. Por ejemplo, el Consejo se encargará de las dotaciones de personal sólo para el Consejo y le dejará el resto a la Corte.

El máximo Tribunal mantendrá sus atribuciones para sancionar a magistrados de la superintendencia de la Corte.

En otro cambio se autoriza a la Corte a ajustar los créditos de su jurisdicción, previo aviso al jefe de Gabinete y se le permite al máximo Tribunal cubrir sus cargos de personal auxiliar que el Consejo de la Magistratura hará para el resto de los fueros.

El más importante es el artículo 22 que reestablece que la será la Corte y no el Consejo de la Magistratura la que prepare el presupuesto de gastos y recursos del poder judicial.

El cambio fue sugestivo, ya que el artículo 114 de la Constitución endilga esa tarea al Consejo, por lo que el cambio tenía sustento. Pero Cristina entendió que no era el momento. 

Bronca opositora

Como en el debate de los otros tres proyectos de la reforma judicial, Julián Álvarez y Alak no contestaron preguntas y se retiraron tras sus ponencias.

La oposición quedó hablando sola, sólo que esta vez ni siquiera tuvo todo el tiempo que quiso: Conti abandonó la sesión poco después de las 19, justo cuando comenzó a hablar Cristina Kirchner en Casa de Gobierno.

En el plenario también se aprobaron los proyectos para ampliar a todos los fueros los tribunales de Casación (“Es algo pedido por todas las fuerzas políticas”, increpó Alak) y los límites de las cautelares al Estado, el proyecto tan cuestionado por le Cels.

Álvarez, castigado por Verbitsky en Diputados, se apoyó en bibliografía internacional para evitar quejas y no interrumpió su oratoria cuando la oposición empezó a fastidiarse.

Liliana Parada, de Unidad Poplar, reconoció que es necesario "una reforma judicial" porque señaló que su sector que integra el inter-bloque FAP no defiende "el status quo del Poder Judicial" pero, en cambio, dijo impulsar "una reforma que le dé a la ciudadanía una efectiva participación en las decisiones y no una propuesta de partidización como la propuesta por el Ejecutivo".

El radical Ricardo Gil Lavedra, también, cuestionó el proyecto de creación de tres nuevas cámaras de Casación, al indicar que "da vergüenza que digan que es para acelerar" el funcionamiento de la justicia.