Horacio Verbitsky protagonizó un duro cruce con el secretario de Justicia, Julián Álvarez, miembro de La Cámpora y artífice de las reformas judiciales que trata el Congreso, a quien terminó advirtiéndole que, tal como está escrita, la ley favorece a Clarín. 

El Centro de Estudios Legales y Sociales que preside el periodista presentó una serie de objeciones a la ley que cambia el régimen de medidas cautelares, presentada el lunes de la semana pasada y con dictamen del oficialismo al día siguiente.

El principal argumento del Cels fue que el proyecto complicaría las cautelares tal como fue utilizada por los organismo de los derechos humanos en los últimos treinta años.

Lejos de comportarse como un componedor, Álvarez enfrentó a Verbitsky como si fuera una opositor más. “Los fundamentos del documento del Cels son imprecisos, erróneos y ayudan a la ensalada que generan quienes dan debate en los medios de TV y no en el Congreso”.

"Este proyecto protege el derecho de los más vulnerables, como lo viene haciendo este gobierno desde que asumió Néstor Kirchner hasta la fecha. Para que no quede más duda que este proyecto de ley viene a proteger los intereses de los vulnerables y a terminar con los de las corporaciones", lo atacó.

Despechado, recordó que lo había convocado para discutir este proyecto. El periodista lo negó: “Quiero aclarar que no es cierto lo que él dijo sobre el 7 de marzo.

En esa reunión se nos informó que había un proyecto sobre cautelares, dijimos que nos parecía bien que se regulara, pero nos enteramos del contenido del proyecto en el momento que la Presidenta lo anunció”, dijo.

"Si el derecho a la vida cubriera todos los aspectos que enumeramos en esa forma breve y precisa, podrías sugerir que la Convención Americana de DDHH tenga un solo artículo".

Alvarez le concedió el reclamo y anunció que  incluirá el concepto de "vida digna" para los casos sujetos a excepciones de las nuevas limitaciones para la presentación de medidas cautelares contra el Estado.

Otro de los cambios planteados por Alvarez está vinculado a la inclusión de un párrafo, en el articulado en que se menciona el plazo de seis meses prorrogable por otros seis de vigencia de una cautelar, que mencione que el juez debe estar "obligado" a dar celeridad al trámite.

Otra modificación es la que refiere a los casos en los que esté amenazada la libertad sindical e indica que el Estado podrá interponer una cautelar contra una medida gremial sólo si afecta un servicio esencial, se concretó sin preaviso y si dictada la conciliación obligatoria no se está acatando.

No conforme, Verbitsky golpeó por donde más le duele. “Uso del intereses corporativos y las grandes empresas puedan hacer de los resquicios legales que tienen abiertos y me permito sugerirle que me dicte en qué medida el artículo 19, tal como está, no es el camino perfecto por la vía del amparo se le meta el diario Clarín”.

Clarín, se sabe, logró frenar los dos artículos de la ley de medios que la obligan a desinvertir con un amparo y una acción cautelar de la justicia civil y comercial. 

El apartado es el que menciona los procesos excluidos del nuevo regimenes de cautelares, que son los regidos por la ley 16.986.

Es la reglamentaria de los amparos, que aclara que esa acción será “admisible contra todo acto u omisión de autoridad pública que, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, los derechos o garantías explícita o implícitamente reconocidas por la Constitución Nacional, con excepción de la libertad individual tutelada por el habeas corpus”.

Estupefacto, Álvarez protestó. “¡Pero en el documento que me acercaron no habla del artículo 19! ¡No propone nada!”. Verbitsky no perdió serenidad. “Proponemos eliminarlo”, aclaró. “Yo propongo reconsiderarlo”, se escapó el secretario.

La reunión de hoy no registra antecedentes cercanos en el Senado: El proyecto que se trató ya había sido debatido y tiene despacho, o sea, fue a sólo efecto de darle la palabra a las ONG que no las habían tenido.

Además del Cels, rechazaron el proyecto la Asociación Civil por la Igualdad y Justicia, la Asociación por los Derechos Civiles, y el Foro de Estudios Sobre la Administración de Justicia.

El proyecto se tratará el jueves y los cambios que decida el kirchnerismo los propondrá ese mismo día.