La Unidad de Información Financiera (UIF) , el organismo antilavado nacional, no investiga más las alertas que recibe del exterior sobre las operaciones sospechosas de lavado vinculadas con personas o empresas argentinas, informó el diario La Nación.

El controvertido límite impuesto en la UIF provocó el archivo casi inmediato de múltiples alertas recibidas desde paraísos fiscales alrededor del mundo sobre funcionarios, políticos, empresarios y sindicalistas argentinos desde hace años. Esto fue lo que ocurrió con varios reportes enviados desde Liechtenstein, Suiza, la Isla de Man y hasta desde el atolón de Nauru.

El cambio de política fue confirmado al mencionado diario por cuatro fuentes familiarizadas con toda la operatoria que se realiza en la UIF, un organismo del Estado que responde políticamente al Gobierno.

La decisión de concentrarse sólo en las operaciones locales y no en las alertas internacionales comenzó hace ya algunos años, sobre la base de pautas que regulan su funcionamiento. "En la práctica, lo que ocurre es que la UIF se dedica a cazar dentro del zoológico", ironizó uno de los informantes. "Eso implica que el sospechoso que logró sortear el cerco local, después es muy raro que tenga problemas."

Ese límite deja un amplio margen de acción a miles de argentinos que entre 2000 y 2009 extrajeron del país más de 95.800 millones de dólares, en muchos casos sospechados de estar vinculados con la corrupción y la evasión tributaria, según la estimación realizada por el centro de estudios Integridad Financiera Global (GFI, por sus siglas en inglés).

En contacto con otras unidades antilavado alrededor del mundo a través del Grupo Egmont, la UIF recibe y envía a través de esa red pedidos de datos sobre investigaciones en curso.

Así, si en la Argentina se investiga a una empresa, puede pedirles a las otras unidades toda la información que puedan tener sobre esa compañía. Y viceversa, también. Es decir que puede recibir requerimientos de colaboración sobre una persona o compañía investigada en Europa o Asia o el Caribe, por ejemplo.

Esa interacción secreta es bastante habitual, hasta el punto de que entre 2003 y 2011 la UIF envió 794 solicitudes de información y recibió 441 desde el exterior, según las últimas estadísticas oficiales que difundió el propio organismo a fines de ese año.

Desde el exterior, sin embargo, también llegan comunicaciones espontáneas sobre operaciones bancarias, financieras e inmobiliarias, entre otras, vinculadas con argentinos.

"Lo típico es que una unidad extranjera le avise a la UIF que tal persona está moviendo dinero y pregunte qué hay sobre él en el sistema local", graficó un segundo informante. "El problema es qué se hace acá con eso", abundó.

Al recibir la información desde el exterior, los técnicos de la UIF la cargan en la base de datos y se verifica si esa persona ya se encontraba bajo la lupa del organismo, o si al menos se había recibido un reporte local de operación sospechosa (ROS). Si ya se lo investigaba o había un ROS sobre esa persona, el aporte internacional se añade a su legajo y se examina.

El problema, sin embargo, ocurre cuando no es así. Si la persona o empresa señalada desde el exterior no era ya investigada por la UIF o no había al menos un ROS sobre ella, la unidad antilavado se limita a registrar los datos y ordenar su archivo, sin abrir una investigación propia.

"Eso significa que si un argentino está limpio en el país, puede presentarse con una valija repleta de dólares en un banco en el extranjero para abrir una cuenta sin temor a un sobresalto porque cuando la unidad antilavado de ese país lo informe a la UIF, no se investigará", detalló la tercera fuente.