El diputado Claudio Lozano consideró “un disparate” definir como una amenaza de golpe de Estado la protesta de gendarmes y prefectos en rechazo a una reducción salarial que sufrieron este mes, como hicieron los diputados de la mayoría de los bloques.

Además Lozano, se negaron a poner la firma Margarita Stolbizer, Fernando “Pino” Solanas y los cinco diputados del cordobés Luis Juez. “No nos parecía colocar en el terreno de la insubordinación política cuando hay un problema gremial y salarial, vinculado a un decreto lamentable que le bajó el salario a la prefectura y generó coletazos en todas las fuerzas”, le dijo a LPO.

La declaración impulsada por el presidente d ela Cámara de Diputados, Julián Domínguez, fue firmada por Agustín Rossi y Juliana Di Tullio; Ricardo Gil Lavedra (UCR); Carlos Heller (Nuevo Encuentro); Federico Pinedo (PRO), Eduardo Amadeo (Frente Peronista); Alfonso Prat Gay (Coalición Civica), Patricia Bullrich (Unión por Todos), Victoria Donda (FAP), Alicia Ciciliani (Partido Socialista), Norma Abdala Matarazzo (Frente Cívico por Santiago), Juan Carlos Zabalza(FAP) y María Teresa García(FPV).

"Los diputados nacionales representantes de los diferentes partidos políticos instamos a los integrantes de las fuerzas de seguridad y otras a adecuar sus acciones a pautas de funcionamiento democrático y subordinación a las autoridades legalmente constituidas, en todo de acuerdo con la Constitución Nacional", reza el comunicado emitido por los legisladores.

La declaración llegó tras una negociación iniciada por Domínguez, que según pudo saber LPO, propuso un texto mucho más duro con acusaciones a las fuerzas, que fue aminorado para conseguir las firmas de la oposición.

Pero no logró a Lozano. “Catalogar de desestabilizador un reclamo salarial me parece un disparate. Lo que se firmó no tiene mucho sentido. Los reclamos deben adecuarse a la Constitución y a la democracia. Si hubiera un intento de golpe, es un tema más denso y más complejo donde siempre hay un poder económico de atrás”, consideró y recordó que históricamente los impulsaron las cúpulas de las fuerzas armadas no los suboficiales. 

El texto aprobado en Diputados fue poco después avalado en el Senado aunque sin el respaldo de la oposición, que reclamó para eso la presencia de la la ministra de Seguridad, Nilda Garré.

El jefe del bloque oficial, Miguel Pichetto, contraofertó aprobar el texto de la otra Cámara pero sólo lo logró hacer con los suyos.