El fiscal Carlos Stornelli decidió avanzar con la denuncia de Elisa Carrió e imputó a Cristina Kirchner y otros funcionarios kirchneristas por presuntas irregularidades en las restricciones a la compra de dólares y el uso de las reservas del Banco Central (BCRA).

En rigor, la denuncia presentada por la legisladora de la Coalición Cívica es del 2010, cuando la Presidenta firmó el decreto 298/10, a través del cual estableció que el pago de los vencimientos de deuda externa podrían ser realizador con fondos del Banco Central.

Ese decreto de necesidad y urgencia fue rechazado por la Cámara de Diputados, pero no tuvo la misma resolución en Senadores. Así, logró mantener la vigencia del DNU y avanzó con los pagos con fondos del Central. Sucede que para la oposición, la ley de reglamentación de los DNU -ley 22.122- es inconstitucional. Con ese fundamento, Carrió denunció penalmente a la Presidenta.

"Es una causa vieja, que no tiene ningún sustento legal, ningún fundamento técnico. Todo el andamiaje jurídico que fundamentó el pago de deudas con reservas es normal y sujeto a derecho. La denuncia y también la decisión de Stornelli no tiene más impacto que el mediático. Es una operación política, no hay dudas", confían en el Gobierno Nacional.

Stornelli ocupó el cargo de ministro de Seguridad en la Provincia de Buenos Aires, pero Daniel Scioli lo desplazó. Su relación actualmente no es fluída. Por eso, la Casa Rosada descarta que esta "operación" haya sido planeada desde La Plata.

Luego, el fiscal se acercó a Mauricio Macri con el objetivo de convertirse en su nuevo ministro de Justicia y Seguridad, rol que aun conserva Guillermo Montenegro. Stornelli tuvo que conformarse, al menos por ahora, con la comisión de Seguridad de Boca Juniors, gestión poco exitosa y teñida por la múltiples peleas entre los barras.

Quienes lo conocen en Comodoro Py afirman que se trata de un dirigente ambicioso, con muchas ansias de figurar en los medios de comunicación. "Esta es una de sus típicas maniobras para llamar la atención", repiten.

Pero otros especialistas, como el abogado constitucionalista Félix Loñ consideran que la imputación se ajusta a derecho: "La denuncia es correcta y la imputación también. Los DNU son normas de sustancia legislativa. Es decir que dictarlas es una función propia del Congreso. Sucede que la ley 22.122 impulsada por el kirchnerismo en 2006 delegó esa facultad en el Poder Ejecutivo. De manera inconstitucional, por supuesto".

Esa ley -que tuvo el aval de Cristina, cuando todavía era Senadora- impone que las dos cámaras deben rechazar un DNU firmado por el Ejecutivo para que éste pierda su vigencia. Así lo establece su artículo 24: "El rechazo por ambas Cámaras del Congreso del decreto de que se trate implica su derogación de acuerdo a lo que establece el artículo 2º del Código Civil, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia".

"Sucede que esta metodología atenta directamente contra un principio constitucional en los tratamientos de leyes en el Congreso: toda ley debe ser aprobada por ambas cámaras, y el rechazo en una de ellas alcanza para desechar una iniciativa, que no podrá tratarse nuevamente en el transcurso de un año. Eso marca la Constitución. Y eso debería correr para los DNU, que son normas de carácter legislativo", detalla Loñ.

Pero el abogado constitucionalista también coincide con una posible denuncia en torno a las restricciones del dólar: "Aunque es cierto que las decisiones políticas económicas no son justiciables, eso se aplica siempre que se ajusten a derecho. Acá el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, no tiene ninguna potestad para limitar mi derecho de adquirir dólares. Para poder controlarme, debieran sacar una ley que me restringa ese derecho. Por eso cabe la figura de incumplimiento de los deberes de funcionario público, y bien podría avanzar una causa penal".