El juez Claudio Bonadío le concedió a Claudio Cirigliano la prisión domiciliaria por padecer una "afección cardíaca", pero rechazó la excarcelación de Claudio Ferrari, el presidente de TBA, la empresa que tenía la concesión de las líneas Sarmiento y Mitre.

Cirigliano es presidente de Cometrans, la empresa que controlaba TBA hasta que hace quince días le fue quitada la concesión. El martes, Bonadío, que investiga las causas de la tragedia Once, lo detuvo por acusarlo de ocultar información sobre el accidente que provocó 51 muertes.

Cirigliano fue sometido a una revisión por el cuerpo de peritos a raíz de una solicitud realizada por su abogado defensor. Los médicos concluyeron en que necesita atención especial y contar con un centro asistencial cercano.

En los últimos días, Cirigliano estuvo en las instalaciones de la Gendarmería y hoy pasó un par de horas en el hospital de Ezeiza hasta que fue trasladado a su domicilio particular.

El empresario es "un paciente cardíaco" que padeció una fibritis el viernes pasado y estuvo internado en el sanatorio Mater Dei, por lo que una vez que quedó detenido por orden del juez federal Nº 11 por "obstrucción" a la causa, su abogado Juan José Sforza solicitó prisión domiciliaria.

El martes 5, cuando Cirigliano estuvo frente al juez que investiga las causas de la tragedia ferroviaria de Once, dijo: "Ampliaré mi declaración cuando se requiera. Estábamos preparados para responder las preguntas que se me formularan… pero en la condición de salud actual que padezco, sumado a la circunstancia de mi detención, no puedo hacerlo plenamente".

En otro orden, el apoderado de TBA, Carlos Lluch, quedó detenido luego de que el juez entendiera que había ocultado información. El abogado fue la persona que presentó un escrito el mismo martes detallando los movimientos de documentación contable sensible, a entender del juzgado.

Lluch argumentó que, al día siguiente del anuncio en el que el Gobierno le quitaba la concesión de los servicios Mitre y Sarmiento, ellos retiraron los objetos de las instalaciones que pasarían a ocupar las autoridades de la Ugofe II.