Un borrador de 18 páginas de un supuesto proyecto de ley para expopiar YPF conmocionó hoy el mercado, que aguadaba a la tarde un anuncio de CRistina en ese sentido, que nunca se concretó.

El texto que trascendió declara "de utilidad pública y sujeto a expropiación" al 50,01% de las acciones clase D de la compañía, hoy en manos de la española Repsol y, en menor medida, de sus socios argentinos del Grupo Petersen, perteneciente a la familia Eskenazi.

Se trata de un texto de 18 páginas al que accedió a LPO y comenzó a circular esta tarde luego de la reunión que el presidente de Repsol, Antonio Brufau, mantuvo con el ministro de Planificación, Julio De Vido. En la petrolera afirmaron que desconocían si la fuente de información fue el propio Brufau. Es que se comentaba en el mercado que De Vido le había entregado al catalán una copia de la iniciativa.
Sin embargo, en el mercado también aseguraban que hay otro manuscrito de 60 páginas que recorre las oficinas y nadie sabe si será el que finalmente envía Cristina al Congreso, si es que se decide por ese camino para zanjar la pulseada que mantiene hace meses con la principal petrolera del país.

Como sea, hasta el cierre de esta nota ningún proyecto sobre YPF había llegado a ninguna de las mesas de entradas del Congreso. Y aunque todo hacía suponer que ingresaría por Diputados, en esa Cámara tenían la versión de que -en caso de llegar- entraría por el Senado.

En la Cámara alta el Gobierno tiene una mayoría más ajustada pero hace valer la opinión de los representantes de las provincias, que participaron del debate por el nuevo rol de YPF.

El borrador

El artículo 1 declara de utilidad pública y sujetas a expropiación el 50,011% de las acciones Clase D de la empresa YPF Sociedad Anónima, distribuidas del siguiente modo: 100.145.077 acciones del Grupo Petersen Energía S.A y sus sociedades afiliadas y 96.588.000 de Repsol YPF. S.A. “en forma directa e indirecta”, remarca el proyecto. El artículo 2 fija un plazo de tres años para el trámite.

YPF tiene actualmente 393 millones de acciones clase D, que hoy pertenecen en un 57,43 por ciento a Repsol y en un 25,46% al Grupo Petersen, mientras que un 17,09 por ciento flota en bolsa y un 0,02 por ciento ya está en poder del estado argentino.

El proyecto establecería que si es necesario expropiar más acciones para que el Estado argentino llegue al 50,01%, esos títulos se expropiarán de modo tal que se respeten las proporciones en poder de los otros accionistas.

En cuanto al precio que se pagará por las acciones a expropiar, el texto postula que "la valuación será efectuada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación con la colaboración de la Secretaría de Energía". Es decir que no se tomará el valo de las acciones en el mercado, sino el que decida el Estado, presumiblemente menor.

También apunta que "el Poder ejecutivo procurará acordar con los titulares de las acciones sujetas a expropiación el valor y la forma" de pago y que, eventualmente, esos acuerdos deberán ser refrendados por el Congreso de la Nación. Además establece que si no se alcanza acuerdo por la totalidad de las acciones a expropiar, "la Procuración (general de la Nación) promoverá el juicio de expropiación respectivo".

El texto, que tiene en total 62 artículos, indica que la expropiación estará regida por la Ley 21.499, que el Poder Ejecutivo "actuará como expropiante, quedando facultado para transferir la titularidad de las acciones una vez expropiadas a cualquier organismo o empresa pública del estado nacional" y que ni esa transmisión de acciones ni ninguna otra que realice el Estado "estarán sujetas al artículo 7 del estatuto social de YPF", que hubiera obligado al Gobierno a hacer una oferta por la totalidad de la compañía.

En el capítulo II, dedicado a la transición y la continuidad operativa, establece que el Gobierno removerá a gusto los directores titulares, suplentes y síndicos. Sólo habrá un representante de las provincias petroleras, agrupadas en la Organización de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI).

El gobierno, según el proyecto, quedaría con facultades para ingresar a todas las instalaciones de las empresas, mientras que el nuevo directorio tendrá un plazo de 180 días para elaborar un plan de negocios.

Contempla además, la posibilidad de evaluar fuentes externas de financiamiento y una apertura a incorporar nuevos socios, entre los que se menciona en el mercado a los Bulgheroni, Techint y Cristóbal López.

También dispone que una vez ingresado el Estado en la compañía, en el término de 5 días se revocará el mandato de todos los directores y auditores de la compañía y en un plazo máximo de 180 días las nuevas autoridades establecerán un nuevo plan de negocios.
 
El capítulo segundo del título III del proyecto, destinado a la utilización de recursos hidrocarburíferos, está destinado a un régimen especial de los hidrocarburos “no convencionales”, como el shale oil.

La mención no es casual. Este combustible es la principal esperanza de futuro de la compañía, luego del descubrimiento del yacimiento Vaca Muerta de Neuquén, donde estaría la tercera reserva de shale oil más grande del mundo. El gobernador de esa provincia, Jorge Sapag, retaceó el ataque a YPF justamente por la expectativa de ese hallazgo.