La firma Alfred Topfer fue la primera de las casi 20 exportadoras de cereales que terminó de pagar la totalidad de la deuda que le reclamaba la AFIP desde 2008, cuando el Gobierno acusó a las principales firmas del sector por una mega evasión que habría alcanzado los 1700 millones de dólares.

Topfer, una de las grandes operadoras del comercio internacional de granos y oleaginosas, pagó US$ 33,6 millones en concepto de capital e intereses adeudados por el pago fuera de término de los cargos que le formulara la Aduana por la diferencia entre lo que abonó y lo que realmente debia pagar en concepto de derechos de exportación a fines de 2008.

El conflicto se inició por la aplicación de Ley 26.351, denominada Martínez Raymonda, que fue sancionada en noviembre 2007 y reglamentada en mayo de 2008. La norma establecía que "en caso de una nueva suba de retenciones, los exportadores pagarían el impuesto previo, sólo si pudieran acreditar la tenencia o adquisición de dichos granos, de lo contrario, abonarían el nuevo impuesto".

Casualmente, a fines de 2007, el Gobierno aumentó los derechos de exportación -en el caso de la soja, por ejemplo, pasó del 27,5 al 35 por ciento-. Según denunció la AFIP, las exportadoras habrían realizado una presentación anticipada de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) para poder abonar las retenciones con la alícuota antigüa -del 27,5%, en la soja- pero sin haber efectuado la compra de granos y cereales, como indica la ley.

Eso les permitió, más tarde, comprarle la cosecha a los productores pero cobrándoles a ellos la alícuota nueva -siguiendo con el ejemplo, la del 35% en soja-. A través de esta "maniobra fraudulenta" habrían conseguido una evasión global de entre 1450 y 1700 millones de dólares.

La sospecha alcanza a las principales exportadoras: Bunge Argentina, Cargill, Dreyfus, Nidera, Aceitera General Deheza (AGD) y Molinos Ríos de la Plata encabezan el ranking evasor, según las denuncias realizadas en 2008, en plena crisis del Gobierno Nacional con las entidades agropecuarias.

En ese momento, en medio de la puja por el proyecto de las retenciones móviles, los pequeños y medianos productores -principalmente los chacareros de la Federación Agraria Argentina- denunciaban los estrechos vínculos de la Casa Rosada con las grandes exportadoras. Acababan de ser estafados por las cerealeras en el último aumento de los derechos de exportación. Señalaban a Raúl Padilla, presidente de Bunge Argentina y vice segundo de Cámara de la Industria Aceitera Argentina, como el nexo entre el Gobierno y las compañías.

El kirchnerismo acordó con la oposición la creación de una comisión bicameral, integrada por seis senadores y seis diputados, para investigar este fraude. Pero llamativamente nunca se avanzó: hubo tan sólo una convocatoria en la Cámara Alta, que no consiguió el quórum.

Ahora, con una situación fiscal ajustada y frente a la creciente necesidad de dólares, el Gobierno consigue cobrar la primera de las deudas y, según pudo saber LPO, negocia extrajudicialmente a través de Ricardo Echegaray con el resto de las deudoras. "Algunas ya empezaron a pagar parte de lo que se les reclama, pero la única que pagó la totalidad fue Topfer. Todavía se conversa bajo secreto fiscal, pero en los próximos meses habrá novedades", comentó una fuente a LPO.