Luego de varias jornadas de paro, y en medio de una situación financiera complicada, el gobierno municipal de Córdoba que encabeza Ramón Mestre avanzó con el ajuste y anunció que suspenderán el pago de horas extras a todos los empleados estatales durante el 2012. Así lo confirmó el secretario General del municipio, Sergio Torres.

Imitando al decreto que firmó el Gobierno Nacional el último día del 2011 -mediante el cual se puso bajo revisión el pago de horas extras a todos los trabajadores públicos-, Mestre resolvió eliminar las "bonificaciones sobre prolongaciones de jornadas para empleados" y, además, suspender las "jornadas abiertas".

De este modo, todos los empleados que cumplan funciones fuera de su horarios -siete horas establece el convenio colectivo del gremio- no cobrarán el plus que se venía percibiendo hasta ahora. La decisión, por supuesto, generó críticas entre los sindicalista, quienes estimaron que esa bonificación representará, dependiendo del caso, entre un 15% y un 35% de recorte de salario.

"A partir del primero de febrero se van a anular, en general, los horarios abiertos para intentar un reordenamiento de los horarios de atención en el Palacio municipal y en los Centros de Participación Comunal (CPC)", fue el otro anuncio de las autoridades cordobesas. Es que en muchas de esas dependencias, los trabajadores no cumplían horarios rígidos.

Mestre buscará, de esta forma, ahorrar cerca de 20 millones de pesos en 2012. Y se suma a las provincias de Catamarca, Río Negro y Santa Cruz, que ya comenzaron a revisar sus plantillas, e incluso recortaron miles de contratos.

La gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, anunció la baja de emeplados que, según explicó, habrían sido nombrados de manera irregular por el anterior gobierno, a cargo del Frente Cívico y Social. También recortó 3.200 planes sociales, en lo que denominó un proceso de "reorganización de la administración".

En Río Negro, Alberto Weretilneck avanzó con la aplicación de la ley que puso en disponibilidad al total de la plantilla de estatales y cesanteó a 4.500 trabajadores temporarios.

Hasta el gobernador Daniel Peralta, a una semana de los incidentes en la Legislatura de Santa Cruz, ratificó por decreto su paquete de medidas para reducir el gasto público: suspendió contratos de empleados y recortó los subsidios.

No resulta llamativo, sin embargo, la decisión en bloque están tomando cada vez más provincias: en el convenio de refinanciación de las deudas que firmaron los gobernadores y Cristina Kirchner, se incluyó la exigencia de que los mandatarios informen periódicamente sus estados fiscales y financieros, e incluso las nóminas de su personal público.