José Manuel de la Sota derivó en la Nación la responsabilidad sobre el resultado de la paritaria provincial que comenzará en febrero, la primera de se tercer mandato al frente de Córdoba iniciado el 10 de diciembre.

“Hasta que no tengamos resuelta nuestra situación con el Gobierno nacional, no podemos hacer ningún tipo de ofrecimiento. Es mucho lo que nos deben”, se sinceró ayer el gobernador, durante el acto de lanzamiento de un programa de Asistencia al Turista en el Paseo Buen Pastor, de la capital provincial.

El reclamo principal es por 1700 millones que, según repiten fuentes cercanas a la Gobernación, corresponden al convenio para financiar la caja de jubilaciones de la Provincia, vencido el 31 de diciembre.

Antes de dejar la gobernación, su antecesor, Juan Schiaretti, aseguró no haber recibido un solo peso de ese monto durante el 2011, cuando correspondían 1040 millones.

La presidenta lo recibió, pero sólo se comprometió a evaluar la viabilidad de su régimen previsional, que origina un déficit de 100 millones mensuales.

Lejos de esas sugerencias, De la Sota reclama 400 millones en concepto de obras públicas acordadas con el Gobierno nacional, pero financiados por la provincia.

El ajuste de cuentas no se alivió con la refinanciación de la deuda con la Nación, anunciada la semana pasada por la presidenta, que le permitió a la provincia postergar los pagos de 560 millones de pesos por este año y 543 millones en 2013.

“Son temas distintos. Para aumentar salarios necesitamos plata fresca”, repiten desde la administración delasotista.

La situación gremial de Córdoba es compleja. El Gobernador mantiene una tregua con el sindicato de Empleados Públicos de Córdoba, liderado por José Pihen, cercano a De la Sota.

Pero la relación no es amena con la UEPC (docentes) y la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS), que la semana pasada anunciaron un paro por tiempo indeterminado, apoyado por el titular de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FESPROSA), afirmó su titular, Jorge Yabkowski.

“Nosotros no hemos hecho ninguna oferta, somos un gobierno serio y cuando tengamos la posibilidad de hacer una oferta, lo vamos a hacer con dinero en mano, no por las dudas”, remarcó ayer De la Sota.

En la Gobernación aseguran que el defalco financiero no se trasladará a los municipios, a excepción de la Capital, donde el radical Ramón Mestre todavía no pagó los sueldos de diciembre y la provincia tuvo que refinanciarle su deuda.

“Es un problema estructural por los nombramientos y los salarios que dejó la anterior administración. Pero el resto de los municipios está bien. Recibieron un 38% más de coparticipación que el año pasado”, indican.