El kirchnerismo consiguió este mediodía sancionar el nuevo estatuto del peón rural y eliminar el Registro Nacional de Trabajo Agrario (Renatre), que reemplazó por otro similar pero sin el mismo poder para la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), comandada por Gerónimo "Momo" Venegas. 

Es ese el artículo más álgido del proyecto y fue rechazado por la UCR y el peronismo federal, que votaron en general el dictamen, al igual que el resto de la oposición, a excepción de Carlos Menem.  La votación terminó 68 a 1.

La oposición había habilitado el tratamiento del proyecto aún cuando no había transucrrido una semana del dictamen de la Cámara alta, que fue el lunes. El cuerpo del proyecto incorpora derechos laborales a los trabajadores agrarios, algunos ya vigentes mediante resoluciones de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, organismo representado por el Estado, trabajadores y entidades, que define la relación laboral del sector y los aumentos salariales.

Establece la prohibición del pago en moneda distinta a la de curso legal, la bonificación por antigüedad, la prohibición de deducción del salario del valor de mercaderías provistas por el establecimiento y que la jornada de trabajo exceda las ocho horas diarias y las 44 semanales, entre otras cosas.

También estipula el reconocimiento de horas extras, el descanso semanal, las condiciones adecuadas de higiene y seguridad, la provisión de ropa de trabajo por parte del empleador y el otorgamiento de licencias de la ley de Contrato de Trabajo y licencias especiales.

El Renatre fue creado hace una década y lo conforman cuatro directores de Uatre y la misma cantidad de las entidades rurales, encargado de registrar los empleados del campo. Para esa tarea, tiene 120 millones de pesos anuales.

Lo reemplaza por el Renatea, organismo similar pero constituido con un director general y un subdirector; con los gremios y las entidades en un “consejo asesor”. Desde temprano, Uatre expresa su rechazo a la norma con un acto en la plaza de los dos congresos y cortes de rutas en todo el país.

El artículo 106 de la ley inciso C es claro en excluir a los gremios del control del nuevo organismo. " El gobierno y la administración del RENATEA estarán a cargo de un director general y de un subdirector general que reemplazará a aquél en caso de ausencia o impedimento temporarios".

Y agrega: "Ambos funcionarios serán designados por el Poder Ejecutivo nacional, a propuesta del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y sus cargos serán rentados. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social designará un síndico titular y un suplente que tendrán por función fiscalizar y vigilar todas las operaciones contables, financieras y patrimoniales del RENATEA y tendrán los derechos y obligaciones que establezca la reglamentación".

El dictamen oficialista fue defendido por la santiagueña Ana Corradi de Beltrán, quien destacó los beneficios “para muchos trabajadores que se encuentran en situaciones informales”.

“Debemos terminar con las condiciones infrahumanas con las que trabajan los peones rurales. El mayor sector que contribuye a la informalidad es el sector agrario”, destacó la senadora K, que detalló luego la creación de Renatre sin mayores comentarios.

El radical Alfredo Martínez, vicepresidente de la Comisión de Trabajo, criticó el artículo 91 que está relacionado con el “proceso sumarísimo” en relaciones laborales, que seguirán a cargo de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), con representantes del Gobierno, los gremios y las entidades rurales.

Justamente, los miembros de los ministerios de Economía y Agricultura bloquearon meses atrás un aumento del 35% acordado por Uatre y los empleadores.

“¿Cuál es el apuro para que en dos días se tenga que tratar una ley de 100 artículos que es tan importante para muchos trabajadores del país? El propio debate está mostrando que no se debatió en comisión, no hubo tiempo suficiente”, se alarmó Sonia Escudero, de peronismo federal, quien también cuestionó la continuidad de la CNTA.

En sintonía con ese planteo, Adolfo Rodríguez Saá, del peronismo federal, alertó sobre la inconveniencia de aprobar una ley de trabajo agrario en la que rechazan los trabajadores.