El kirchnerismo impuso su supremacía en Diputados para aprobar el proyecto de ley para regular y controlar la producción de pasta celulosa para diarios. Lo hizo con 134 votos, sólo cinco más que el número suficiente para contar con mayoría propia, y la semana que viene lo converitrá en ley el Senado.

Para que esto último sea posible, a las 21 horas se convocó la Comisión de Medios de la Cámara alta, a cargo de la kirchnerista Liliana Fellner y la mayoría K emitió dictamen favorable. 

Este trámite era inevitable para que el proyecto pueda tratarse en la Cámara alta el jueves próximo, porque el reglamento obliga a que transcurran siete días entre que un expediente llegue desde Diputados y se trate en el recinto. 

La iniciativa de ley fue incluida en el decreto de convocatoria a extraordinarias publicado por la presidenta el lunes. Declara de interés público la producción de pasta celulosa, crea un marco regulatorio para la actividad y establece un férreo control a las operaciones de Papel Prensa S. A., la firma controlada en su mayoría por los diarios La Nación y Clarín y de la que el Estado es socio minoritario.

El martes se hizo el debate en comisión y se conoció el texto enviado por el Gobierno, similar al que tuvo dictamen hace un año y nunca llegó al recinto.

Los artículos más discutidos son los 39, 40 y 41, aparados como clausuras transitorias, que prevé que Papel Prensa S. A. opere “como mínimo a pleno de su capacidad operativa o de la demanda interna de papel (cuando esta sea menor a la capacidad operativa)”.

Les exige también “presentar y ejecutar cada tres años un plan de inversiones tendiente a satisfacer la totalidad de la demanda interna de papel para diarios” y en caso de que el aporte no sea satisfactorio prevé derivar derechos de la compañía a una comisión asesora conformada con editores de todos los diarios.

Esa misma comisión, que no podría ser integrada ni por Clarín y La Nación, debería evaluar y determinar los cupos de importación y asegurarse de que ningún periódico se libre de comprar afuera si la producción nacional no es suficiente.

“El proyecto viene a saldar una situación inequitativa en el país, no en este período de gobierno Cristina Kirchner sino en tres décadas”, abrió el debate Juliana Di Tulio, presidente de la comisión de Comercio y miembro informante del bloque kirchnerista.

“Ningún partido que tenga origen democrático y popular no puede acompañar esta iniciativa”, cerró su exposición.

Los bloques de la oposición presentaron varios dictámenes alternativos y definió el proyecto como una venganza del Gobierno al Grupo Clarín.

“No fuimos nosotros los que cenamos con (el Ceo de Carlín Héctor) Magnetto en Olivos haciendo negocios”, aclaró en su discurso de cierre Ricardo Gil Lavedra, jefe del bloque radical, provocando la furia de las espadas K Carlos “Cuto” Moreno y Carlos Kunkel.

Moreno y la cordobesa Mónica Gutiérrez defendieron el proyecto oficial ante del remate habitual de Rossi. El amigo histórico de los Kirchner, que ya había sido designado como vocero del tema en la reunión de comisión del martes.

“Me parece terrible que diputados están sentado en esta banca digan esto lo va a rever los jueces y la corte. Es una negación de nuestra capacidad de ganar, perder y disentir”, se enfadó.

Recordó las 14 audiencias y 120 exposiciones que hicieron hace un año cuando el proyecto fue presentado por el Gobierno, obtuvo dictamen, pero nunca llegó al recinto. “No saben como los atendían después en Papel Prensa”, comentó.

El primer opositor en hablar fue Juan Tunessi, de la UCR. "Asúmanlo: Quieren estatizar Papel Prensa y no lo dicen. Van a querer hacer crecer la injerencia del Estado en un empresa privada, para quedarse con el monopolio del control del Estado sobre papel y desde allí cercenar la difusión de las ideas, no del Grupo Clarín, del Grupo La Nación sino de cualquier medio que quiera ser opositor y crítico de este gobierno", aulló.

El mendocino Omar De Marchi, del Partido Demócrata, dijo que hoy “es un día negro para la democracia argentina. Esta ley es la antesala a la expropiación de Papel Prensa y con ello, el silenciamiento compulsivo de las voces críticas”.

“No se está discutiendo un problema económico, sino cómo el gobierno quiere silenciar a quien piensa distinto alegando que toda opinión diferente es conspirativa”, se lamentó Eduardo Amadeo, del Peronismo Federal.

Patricia Bullrich, víctima de abucheos en esta nueva etapa parlamentaria, sostuvo que “una declaración de interés público requiere ampliar el mercado, no acotarlo”.

Esa aclaración se repitió varias veces. “Esta adecuación es una confiscación”, simplificó Federico Pinedo, del Pro. “Se nos pide votar una ley contra un enemigo circunstancial no lo vamos a hacer”, confirmó la posición de su bloque Alfonso Prat Gay, de la Coalición Cívica.

Agustín Rossi cerró el debate acusando a los líderes de la oposición haber negociado con los dueños de los diarios más importantes la actuación en el tratamiento de la ley de medios. Oscar Aguad, de la UCR, le pidió una rectificación que nunca llegó.