En los últimos días trascendió que el magnate Douglas Tompkins comenzó una serie de negociaciones con funcionarios del Gobierno nacional para “donar” 150.000 hectáreas de sus tierras en la provincia de Corrientes y crear así el área protegida más grande del país en los Esteros del Iberá.

Sin embargo, detrás de dicha donación de tierras hay puntos que generaron reacciones negativas de diversos grupos que buscan frenar el avance de Tompkins en una de las principales reservas de agua dulce del mundo.

Entre los polémicos aspectos está el supuesto plan del empresario para controlar el agua dulce a largo plazo, teniendo en cuenta que para los próximos cuarenta años se especula que el recurso puede llegar a escasear de la mano del crecimiento poblacional.

Además, el proyecto para crear la mega-reserva en el Iberá contempla la posibilidad de que el gobierno correntino ceda a la Nación unas 700.000 hectáreas fiscales, actualmente protegidas bajo la categoría de “Reserva Provincial”.

Por tal motivo, la asociación entre Tompkins y el Gobierno nacional para crear la mega-reserva moticó un nuevo conflicto de la Casa Rosada con el gobernador Ricardo Colombi, quien se opuso en varias oportunidades a los supuestos planes de conservación del empresario.

Además, Colombi arrastra otro conflicto con el kirchnerismo que traba la construcción de una represa que impulsa el número dos de Clarín y empresario arrocero, José Aranda.

Un importante funcionario del gobierno de Corrientes señaló a La Política Online que “no es viable la cesión de semejante cantidad de tierras” y subrayó que “no se permitirá un nuevo avance de la Nación por sobre las potestades soberanas de la provincia”.

Para contrarrestar esta negativa, en el kirchnerismo apuestan todas sus fichas para que en 2013 el actual intendente de la ciudad de Corrientes, Carlos Mauricio “Camau” Espínola, se convierta en el próximo gobernador provincial y facilite la implementación del plan, así como termine de liquidar el proyecto de Aranda.

La hipotesis no es descabellada ya que “Camau” hoy lidera las encuestas y tiene grandes chances de ganar la gobernación en el 2013.

Problemas constitucionales

Uno d elos puntos conflictivos del plan de Tompkins es que según aseguran los especialistas, el proyecto violaríala Constitución provincial. En tal sentido, el artículo 59 de dicha Constitución establece que “el agua es un bien social esencial para la vida”.

“La Constitución prohíbe aislar una porción de tierra tan grande en un parque que no sirva para la producción de alimentos de las personas”, advirtió Mabel Moulín, vocera de la Fundación Iberá Patrimonio de los Correntinos.

“Corrientes necesita poner en marcha su aparato productivo para generar empleo y salir de la pobreza de una vez por todas”, agregó Moulín.

Por su parte, el intendente de la localidad correntina de Santa Rosa, Juan José Encinas, quien denunció en varias oportunidades los manejos de Tompkins en el Iberá, dijo que “lo primero que hay que privilegiar es la alimentación y el trabajo de las personas”.

Pero, ¿cuál sería el interés del Gobierno nacional en esta movida asociado al polémico magnate? Al respecto, otras fuentes consultadas indicaron que el poder económico del empresario es tan grande que “los repentinos cambios de opinión” son muy comunes.

Vale recordar que allá por 2006, cuando era secretario de Tierras del gobierno de Néstor Kirchner, el dirigente Luis D’ Elía cortó las tranqueras de la estancia Rincón del Socorro, en reclamo por los manejos posesivos de Tompkins. Diferencias que por lo visto, ya quedaron en el olvido.