De acuerdo al diario La Nación, el artículo 24, inciso D, de la ley de medios, es claro: cualquier empresa "prestadora por licencia, concesión o permiso de un servicio público nacional, provincial o municipal" de servicios públicos "no puede ser "titular o accionista que posea el 10%" de compañías que tengan licencia de "servicios de comunicación audiovisual". La cuestión es aún más compleja porque ese inciso no fue reglamentado, como ocurre con más de la mitad de la ley de medios. Para cambiarlo faltaría una ley que reforme ese punto.

Algunas compañías empujan una interpretación de la noción legal de "servicio público" y sostienen que la telefonía IP (es decir, sobre Internet) no debe considerarse servicio público, como sí lo es la telefonía tradicional de Telefónica y Telecom. En esta interpretación, y siguiendo la legislación en vigor, la telefonía es un servicio de valor agregado. Las dos grandes telefónicas están impedidas además por el pliego de privatización de Entel que les fijó "objeto exclusivo" la operación de telecomunicación, lo que deja afuera la radiodifusión.

Así, empresas como Metrotel afirman que no existen impedimentos para dar TV paga, situación en la que también estaría PhoneVision, que comenzó a ofrecer banda ancha en la zona norte de la Capital. Otras firmas como la santafecina Wiltel sostienen que hasta que no cambie la legislación están impedidas de dar TV. Sorprendentemente, en Claro -empresa del magnate mexicano Carlos Slim- dicen que están "estudiando" el marco regulatorio.

"La ley de medios impide otorgar licencias de TV paga a sociedades que operen servicios públicos, como la telefonía básica de todo tipo, con lo cual dejaría afuera a una empresa como la nuestra. Pero sí permite que un licenciatario de TV paga alquile redes a terceros, aunque éste sea un operador de servicios públicos, siempre que no estén vinculadas entre sí mediante accionistas o directores", explicó Hernán Manfredi, gerente comercial de Wiltel.

Sólo las cooperativas, aunque sean de servicios públicos, están expresamente habilitadas. "No tenemos ninguna restricción para dar TV", afirmaron en Metrotel. Desde Claro, que está cableando con fibra amplias zonas del conurbano, dijeron: "No descartamos este mercado, pero por el momento existen muchas dudas sobre el marco para el ofrecimiento de servicios audiovisuales". El terreno es tan resbaladizo que ni los abogados quisieron ser identificados.

Metrotel, cuya red de fibra alcanza los 1000 km en Capital, tiene además la particularidad de que su principal accionista, el grupo Roggio, es concesionario del subterráneo, es decir, un servicio público. A diferencia de lo que ocurre con los servicios públicos y con los funcionarios (también impedidos de acceder a licencias de radiodifusión), los contratistas del Estado no tienen ninguna limitación para ingresar.

Por eso, los dueños de Electroingeniería, Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra, lanzaron 360 TV, un canal que emite el propio Estado por medio de su plataforma de TV digital terrestre. Esos empresarios habrían adquirido además varios pliegos en el concurso en marcha para otorgar 110 licencias de TV abierta entre operadores comerciales en todo el país.

A este complejo contexto hay que agregarle la superposición de las jurisdicciones nacional y municipal. Por ejemplo, Gigared tiene hace años todos los permisos nacionales en regla para competir con Cablevision y con Telecentro en Capital Federal, pero el gobierno porteño no le autoriza el uso del espacio público para cableado aéreo ni los permisos para el soterrado.

Con un impedimento similar podría encontrarse Teledifusora, que ofrece servicio de TV paga en Rosario con la marca CableHogar, y en Salta y en Santiago del Estero como CableExpress, y que pidió a la Afsca extenderse en Capital Federal.
La nueva ley de medios permite que licenciatarios de "servicios de comunicación audiovisual" puedan alquilar las redes existentes, algo que prevé hacer CableExpress con la red de iPlan, una empresa de telecomunicaciones que presta servicio público en unas 500 manzanas del centro porteño, donde tiene soterradas sus redes.

Prácticamente cualquier empresa de telecomunicaciones que brinde acceso a Internet puede dar paquetes de TV paga sin necesidad de transformar radicalmente su infraestructura.

En Brasil, la presidenta Dilma Rousseff promulgó esta semana una nueva ley de TV paga que abre completamente el sector de las telecomunicaciones al capital extranjero y permite a las telefónicas dar televisión. Según prevé el gobierno brasileño, varias empresas estarán en condiciones de ofrecer promociones de cuatro servicios: telefonía fija y móvil, televisión y banda ancha, es decir cuádruple play.

"Acá, asumiendo el riesgo de la inversión, los cableoperadores tendimos redes donde antes no existían. Si las telefónicas quieren dar televisión, que nos dejen a los cables dar telefonía, pero no la fija que se está muriendo, sino telefonía móvil, que es lo que crece", dijo un directivo de una empresa de cable argentina, en la que el triple play es una excepción. Y el cuádruple play, una utopía.

En Capital Federal sólo Telecentro, cableoperadora del ex diputado justicialista Alberto Pierri, ofrece en paquete esos tres servicios. Cablevisión tiene la tecnología, pero no logró que el Gobierno le asigne numeración para dar telefonía fija. No obstante, tiene 5000 clientes en ese servicio