El desarrollo económico de la Argentina parece exigir como condición necesaria el abastecimiento de gas natural. A esa rápida conclusión se arriba cuando se analizan los ingresos per cápita de las 24 provincias del país. Son los distritos del Noreste (NEA), los únicos que no cuentan con el abastecimiento de gas por redes, los que tienen menor PBI por habitante.

Chaco cierra el ranking con poco menos de 2.000 dólares por individuo, e inmediatamente le siguen Formosa (2.800), Santiago del Estero (3.000) y Misiones (3.700), según cálculos de la consultora Abeceb en base a datos de 2009.

El producto conjunto de las cuatro provincias del NEA –más Santiago del Estero- representa apenas la mitad del PBI per cápita de la Ciudad de Buenos Aires (23.300) y un tercio de los números de Santa Cruz, que encabeza la nómina nacional con u$s 30.400 por habitante.

Marginados históricamente del suministro por redes de gas natural, el insumo clave en la mayoría de las cadenas de valor de los sectores industriales, las industrias del NEA reemplazan el fluido a través del consumo de Gas Licuado de Petróleo (GLP), fundamentalmente butano y propano. Pero su precio es mucho más caro –hasta seis veces más- y vuelve antieconómico la mayoría de los negocios energético-dependientes.

Peor es la escena para los usuarios domiciliarios. Paradojas de la política kirchnerista, que congeló las tarifas de gas y electricidad a los valores post-devaluación, un consumidor de Buenos Aires que se abastece desde la red de Metrogas, que en el período mayo-junio demandó alrededor de 300 metros cúbicos –la demanda estacional promedio de una familia tipo-, pagó una factura de alrededor de $ 200. Se vio beneficiado de los subsidios al consumo gasífero implementados por el Gobierno, que favorecen especialmente a los usuarios de Capital Federal y Gran Buenos Aires (reciben casi 50 centavos por cada peso que subsidia el Estado).

Por el mismo consumo de 300 m3 en el bimestre, pero de GLP, un usuario del NEA abonaría casi 500 pesos. El precio de la garrafa de 10 kilogramos de butano –cargada con el equivalente a 11 m3 de gas natural- está fijado en $ 16 por el Gobierno nacional, que subsidia a los fraccionadores de GLP para que el valor final del cilindro no aumente.

“Por cada garrafa que vendemos, recibimos 2,50 pesos del mercado, en tanto que el Estado nos subsidia con ocho pesos más. Las subvenciones han ido creciendo significativamente en los últimos años”, explicó a LPO Héctor De Cillis, titular de Cegla, la cámara que agrupa a las empresas del sector. De las 700.000 toneladas que representa el mercado de garrafas de butano, los más de 4,5 millones de habitantes del NEA –más Santiago del Estero- apenas consumen un 8%, es decir, cerca de 60.000 toneladas.

Sin embargo, el precio de la garrafa en los comercios puede ser mucho mayor. Un tubo de 10 Kg en Misiones puede llegar a costar, por ejemplo, cerca de 30 pesos en época invernal, cuando hay escasez, según indican allegados a una cooperativa de GLP de la provincia. Eso quiere decir que, si para alcanzar el consumo promedio una familia tipo de Buenos Aires se precisarían cerca de 30 garrafas de butano, un habitante del NEA debería entre 420 pesos si consigue la garrafa al precio oficial y más de 700 si se ve obligado a pagar los sobrecostos informales que se registran en la cadena de distribución.

Se trata de una cifra considerable si se evalúa que el ingreso medio de un habitante del NEA es un 40% inferior que el que se recibe en Buenos Aires, según un informe de la consultora Beytech. A datos de 2008, ascendía a 1.550 pesos, contra los 2.300 pesos que recibía un trabajador privado en Buenos Aires.

Anhelo histórico

El reclamo de las provincias del NEA para contar con redes de distribución de gas natural viene desde hace décadas. En los ’90 quedó un tanto postergado por la caída de las políticas estatistas durante el menemismo. Es que, históricamente, la construcción de redes y gasoductos troncales estuvo a cargo del sector público, debido a que se precisan ingentes inversiones solo costeables a través del financiamiento de largo plazo del Estado.

Los planes de gasificación de la región se retomaron en 2003, cuando Néstor Kirchner lanzó la construcción del Gasoducto del NEA (GNEA) que traería el fluido desde Bolivia. La obra, sin embargo, estuvo dilatada por inconvenientes para cerrar la estructura financiera del proyecto y a raíz de la incapacidad de Bolivia para garantizar el abastecimiento de 27 millones de metros cúbicos diarios de gas (el volumen que se importaría desde el país del Altiplano).

Pero desde el año pasado se reencauzó. De hecho, en junio la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su par de Bolivia, Evo Morales, inauguraron el primer tramo del gasoducto, una tubería de 48 kilómetros en territorio boliviano que inyectará gas en una planta compresora ubicada en Salta.

Se estima que en los próximos meses se avanzará con la licitación de las próximas etapas del proyecto, que tendrá un costo de u$s 6.186 millones, según datos del Enargas.

El GNEA, que abastecerá a 3,5 millones de habitantes, involucrará el tendido de 1.448 km de gasoductos troncales, 2.683 km de gasoductos de derivación, 15.000 km de redes de distribución, ocho plantas compresoras y 165 plantas reguladoras.

El Gobierno apunta a inaugurar en julio 2012 los tres tramos del GNEA que llevarán el fluido a 22 localidades de las provincias de Salta, Formosa y Santa Fe, beneficiando a 230.000 habitantes. Se trata de las cañerías que van desde el gasoducto Juana Azurduy hasta el límite con Formosa; desde el límite entre Salta y Formosa hasta la proximidad de la localidad de Ibarreta; y el que une las localidades Vera y Arijón, en Santa Fe.

Esas obras contemplan una inversión de 4,240 millones de pesos, la creación de 4.000 puestos de trabajo, y el tendido de 817 km de gasoductos de 24 pulgadas.