Varias veces, durante parte de diciembre y todo enero, la presidenta Cristina Kirchner se estuvo encontrando en reuniones con Mariano Recalde, presidente de Aerolíneas Argentinas y Austral, y unas pocas personas más, según informa el diario La Nación.

Ese lapso le alcanzó para configurar una verdadera radiografía de ambas empresas, a las que ha decidido buscarles un socio privado, información que anteayer desencadenó un manifiesto malestar en los dirigentes sindicales.

"La Presidenta está harta de los gremios", insistieron ayer en una de las oficinas de la línea aérea. El ministro de Planificación, Julio De Vido, fue el hombre designado para encontrar interesados en esta iniciativa que la Casa Rosada ideó con el objetivo de romper el poder sindical aeronáutico. Según el esquema planteado, la figura legal con que se intentará convencer a hombres de negocios es la participación en el paquete accionario a través de una concesión, tal como ocurre con el sector ferroviario. El ardid es atendible: más allá de la euforia nacionalizante que empezó en 2008, Aerolíneas Argentinas y Austral pertenecen todavía en los papeles al grupo español Marsans; el juicio de expropiación no ha terminado y tiene un largo trecho por recorrer.
Invento paterno

Consultados, voceros de De Vido no contestaron ayer a las llamadas de este diario. Aunque mantuvo el silencio público sobre el tema, el ministro le encomendó a su secretario privado, José María Olazagasti, que le diera una interpretación de los hechos y las versiones a Jorge Pérez Tamayo, presidente de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y uno de los más ofuscados con el proyecto. Nada de esto es cierto, transmitió Olazagasti, que adjudicó los trascendidos a una jugada del abogado Héctor Recalde, padre del presidente de Aerolíneas, para demostrar que la gestión de su hijo resultaría excelente si no la obstruyeran los gremios. De Vido se lleva mal desde hace tiempo con el militante de La Cámpora.

Arquitecto hábil en las relaciones con la comunidad de negocios, el ministro ha pensado ya en algunos empresarios como potenciales socios del Estado en Aerolíneas y Austral: Ernesto Gutiérrez, presidente de Aeropuertos Argentina 2000; Claudio Cirigliano, dueño del grupo Plaza, y Jorge Brito, propietario del Banco Macro.

Los tres negaron ayer, no obstante, estar al tanto de la pretensión gubernamental. Mientras cerca de Gutiérrez dijeron a La Nacion desconocer "el origen de la especie", en el entorno del banquero adujeron que no había existido "ninguna aproximación, en ningún sentido". Un empresario que conoce muy bien a Brito fue más terminante: "Jorge nunca se metería en esa locura". Respuestas análogas a las que dieron en el grupo Plaza: "A él [por Cirigliano] no lo contactaron y no sabe nada del asunto". De todos modos habría que objetar, en favor del rejunte, que existe una buena relación entre los integrantes del trío.

La Presidenta le había explicado el plan completo a De Vido la semana pasada, durante una reunión convocada de urgencia en Olivos después de un paro de azafatas que obligó a reprogramar 18 vuelos. Todavía no puede entender la cantidad de concesiones que les ha dado a los gremios sin haber conseguido aplacar las protestas en los aeropuertos.

Esa suerte de despecho puede resumirse en una frase propagada por funcionarios del Ministerio de Planificación ante múltiples interlocutores: «Nos estamos gastando dos escuelas por día en la ruta a Miami". Son 100.000 dólares diarios para una ruta que, para peor, en los últimos años ha sufrido incontables retrasos en el servicio.

Recalde y sus técnicos vienen recopilando datos. Parte del apuro tiene que ver con la inexistencia de balances en ambas empresas. Todavía sin la propiedad, el Estado está inhabilitado para participar de una asamblea y votar como verdadero dueño. ¿Cómo convencer a potenciales interesados de entrar en el negocio sin un solo número creíble?

Quienes siguen de cerca las negociaciones agregan que la pobreza estadística fue el otro factor que abonó la decisión, en este caso por cuestiones más cercanas al temor que a un afán privatista: sin balances, los funcionarios del Gobierno tendrán responsabilidad ante cualquier eventual demanda por el manejo de fondos públicos.

Las proyecciones internas indican que Aerolíneas y Austral podrían perder este año unos 650 millones de dólares. La Presidenta, dicen quienes la oyen con frecuencia, advierte en el problema un escollo para su campaña electoral. Un especialista en el sector aeronáutico lo definía anoche con una metáfora fuerte: "El tema Aerolíneas es como el del aborto: haga lo que haga, uno siempre queda mal con alguien".