A pesar de las quejas que deparó en algunos partidos políticos y en los jueces electorales la aplicación de las primarias abiertas, obligatorias y simultáneas que se estrenarán por primera vez este año, el Gobierno avanza igual en su intención de aplicarlas como sea.

Según el diario La Nación, el ya se desembolsaron casi $ 18 millones en su instrumentación y la Presidenta tiene en su despacho el decreto reglamentario sobre la distribución de espacios publicitarios en radio y televisión, el asunto más cuestionado por la oposición.

"Se va a reglamentar antes de que termine el verano. El decreto ya está listo para que lo estudie la Presidenta ni bien vuelva de la gira [de la que regresó ayer]", dijo el director nacional electoral, Alejandro Tullio.

La polémica por la reforma política recrudeció con el inicio del año electoral, sobre todo en los juzgados electorales que se encargarán de organizar parte de los comicios, tanto los primarios del 14 de agosto como los generales del 23 de octubre.

La Casa Rosada se defiende y sostiene que ya está trabajando a pesar de los reclamos de los jueces electorales de Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, María Servini de Cubría y Humberto Blanco, respectivamente. La presidenta Cristina Kirchner mandó a decir a toda la Justicia que las primarias se harán como establece la norma.

Desde que se promulgó la ley sancionada en 2009 por el Congreso, el Gobierno gastó $ 17.922.000, una cifra todavía muy por debajo del total que el Ministerio del Interior había presupuestado para 2011, que establecía unos $ 760 millones totales.

Los recursos destinados hasta ahora representan un 2,35 por ciento del total de gastos que se contempló tanto para las primarias como para las generales y el eventual ballottage, en caso de que sea necesario. Aunque el presupuesto 2011 no se aprobó y se prorrogó el del año pasado, en la Casa Rosada dijeron que los gastos de las elecciones se mantendrán tal como estaban presupuestados. El monto se actualizará con reasignación de partidas.

Según pudo recopilar La Nacion, el Gobierno destinó 850.0000 pesos para las horas extras que implicará el desarrollo del software para la realización de las elecciones. En insumos informáticos, la Casa Rosada aportó $ 12 millones, a través del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con adquisición de equipos en dos etapas. Este mes estará llegando la segunda y última parte de lo comprado, según detalló un alto funcionario a La Nacion. Esto implica servidores, computadoras, impresoras, pantallas, sistemas operativos y software, padrones y cartografía electoral.

Tras las quejas de los juzgados electorales por falta de recursos y de tiempo suficiente para organizar los comicios, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, firmó dos convenios con la Corte Suprema de Justicia para financiar 41.000 horas extras mensuales y 184 contratos que obligan al Gobierno a destinar $ 2.536.000 por mes al máximo tribunal, y que se distribuirán entre la Cámara Nacional Electoral y los 24 juzgados electorales.

Según la Casa Rosada, ya se aportó esa suma para diciembre y el mes actual, que seguirá durante todo el año, aunque se estima, con considerables aumentos por el alza de salarios que se prevé para este año.

Las primarias son toda una novedad que los argentinos deberán sortear este año, por primera vez, antes de ir a votar por el próximo presidente. Por ello, generaron y generan todo tipo de reclamos.

Los partidos políticos y la Justicia apuran a la Casa Rosada para que reglamente la ley, pero en Balcarce 50 todavía remolonean sobre algunos puntos. Es, por ejemplo, el gasto en publicidad tanto en radio como en televisión, que por primera vez estará únicamente en manos del Estado. Los candidatos no podrán contratar por sí solos espacios en medios audiovisuales, un área que en toda campaña electoral implica entre el 80 y el 90% del total de recursos.

En el Gobierno prometen que el decreto sobre la distribución de minutos de aire en los medios de comunicación para cada partido será reglamentado antes de que termine el verano.

De todas maneras, aún quedan agujeros negros: aclarar puntos relacionados con el aval y el procedimiento para la oficialización de listas de precandidatos, la asignación de los colores que llevará cada boleta, otra novedad de estas próximas elecciones, y el formato que tendrán: ya no serán más blancas y negras, sino que cada postulante recibirá un color diferente. En el Ministerio del Interior se amparan en que no se necesita otro decreto del Poder Ejecutivo, sino que se hará a través de "resoluciones operativas", según dijo un funcionario a La Nacion.

El Gobierno firmó cuatro decretos reglamentarios de las elecciones en junio del año pasado. Sobre las quejas de falta de precisiones, se ampara en la ley 19.108, que según el artículo 4 inciso c, faculta a la Cámara Nacional Electoral para reglamentar el modo de organización, confección y actualización de datos de los electores.

Colectoras con aceitada ingeniería electoral

El espíritu de la reforma política que envió la jefa del Estado para que aprobara el Congreso en 2009 implicaba la reducción de candidatos y la posibilidad de que el elector tenga más acotado el panorama de listas a la hora de entrar en el cuarto oscuro.

Pero por los vericuetos de la ley que estableció las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, las listas colectoras volverán a ser la vedette que no sólo usa el kirchnerismo, sino que también le sirven a otros partidos si de lo que se trata es de sumar votos desde varios candidatos.

Así, la boleta del candidato a presidente podrá llevar adheridas dos o más postulaciones a gobernadores. Aunque no todo será sencillo. Por ejemplo: en la provincia de Buenos Aires, que define buena parte de la elección nacional, si Cristina Kirchner se presentara podría ir con Daniel Scioli (si como todo indica va por su reelección provincial) y con el ex intendente de Morón y actual diputado de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, que aspira a postularse para el distrito bonaerense apoyado por el gobierno nacional.

Según La Nación, para que esto se efectivice, los dos candidatos a gobernador no deberán competir en la primaria bonaerense entre sí. Por la ley provincial, que también estableció internas obligatorias, tendrán que presentarse el 14 de agosto próximo y revalidar sus candidaturas. Pero para que los dos puedan acompañar la fórmula de Cristina Kirchner tendrán que evitar enfrentarse, porque si uno le gana al otro, el perdedor queda automáticamente fuera de competencia en las elecciones generales.

¿Cómo sortear el problema? Para que la Presidenta pueda llevar dos o más candidatos a gobernador, esos postulantes deberán participar de la alianza a nivel nacional que haga el Frente para la Victoria-PJ con otros partidos menores, y así, quedar adheridas sus boletas a la presidencial. Esa alianza deberá ser previa a las primarias.

La sola posibilidad no sólo inquieta al gobierno bonaerense, con Scioli a la cabeza. También preocupa mucho a los intendentes bonaerenses, especialmente del conurbano, que despotrican contra la posibilidad de que el kirchnerismo habilite varios candidatos oficialistas en los distritos, como ocurrió en 2007, y que hizo perder poder a varios caciques históricos. De hecho, ese detalle es el único tema que mantiene encendida la alarma en medio de la demora de la reglamentación de la reforma política provincial.