El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, sumó un nuevo escándalo a su gestión. Hoy se supo que de manera muy poco transparente instrumentó un “canje” con algunos medios para que condonaran deudas impositivas por más de 600 millones de pesos a cambio de espacios publicitarios para anuncios oficiales.

La novedad se instrumentó a través de la resolución N°132 del año pasado, que fue firmada por el jefe de Gabinete Aníbal Fernández y el propio Echegaray. En la misma se fijó un plazo que vencía el 31 de diciembre para que “los titulares de los medios de comunicación que manifiesten su voluntad de acogerse al régimen establecido, podrán cancelar la totalidad de sus deudas fiscales y/o de la seguridad social, que hayan vencido hasta el día 31 de diciembre de 2008, mediante la dación en pago de espacios publicitarios en la programación de las emisoras o en sus publicaciones”, según reza el texto de la resolución.

Lo extraño es que esa resolución no tuvo difusión pública para que se enteraran del beneficio todos los medios del país. Casi como si se hubiera confeccionado a medida de algunos pocos elegidos.

El ex director de la DGI, Luis María Peña, afirmó a LPO que “no existe en materia impositiva la permuta” y agregó que la resolución “no tiene respaldo legal de ningún tipo, además de violar la Constitución en lo que hace al principio de igualdad ante la ley y el artículo que dispone que los impuestos deben ser equitativos”.

Peña agregó que tanto la ley 11.683 de Procedimientos Impositivos como la 24.769 que fija el régimen Penal Tributario “no contemplan la posibilidad de este tipo de permutas”.

El especialista explicó que hubo unos pocos casos puntuales de permutas por deudas impositivas a nivel provincial, pero “en esos casos hubo que aprobar leyes especiales y justificar la urgencia pública que justificara esa excepción, cosa que no se observa en este punto, ya que ¿Cual puede ser la urgencia de un gobierno para sumar más espacios de publicidad en un año electoral?”, se preguntó con ironía.

“Si le hubieran querido dar un viso de legalidad a esto que es cualquier cosa, deberían haber enviado un proyecto de ley al Congreso y el beneficio tendría que haber sido general, así como se hizo está claro que es para beneficiar a los mismos medios amigos de siempre”, agregó.

Más sospechas

Lo notable de la iniciativa no es solamente su manejo discrecional y cuasi clandestino, sino que contradice varios procedimientos de la propia AFIP.

Es sabido que cualquier contribuyente que evada o deje de cumplir con sus obligaciones impositivas se expone a una escala de penalidades que pueden incluir multas, embargos de cuentas bancarias, y hasta el pedido de quiebra como hizo el propio Echegaray con la firma Ciccone Calcográfica.

La distinta vara que aplica el administrador de la AFIP para los deudores impositivos, queda en evidencia en este caso ante la morosidad para sancionar a los beneficiarios de este canje. Es que no se entiende como con deudas por cientos de millones y anteriores al 2008, pudieron seguir operando comercialmente.

“Esto es muy simple, seguramente hubo una instrucción en la DGI para que la situación de esos medios elegidos quede stand by, les deben haber dicho, quedense tranquilos que mientras les preparamos una solución no les va a pasar nada”, agregó Peña en diálogo con LPO.

“Agrava la irregularidad que el propio Echegaray implementó el año pasado una moratoria ¿Porqué no se sumaron estos medios? La única explicación es que sabían que tenían una opción más beneficiosa”, apuntó el especialista, que además se preguntó “cual es la razón para perdonar deudas que no están prescriptas y que seguramente estaban para su ejecución”.

Peña reconoció que medidas como estas –la moratoria y este canje para algunos medios elegidos- desalienta la cultura tributaria y provoca una sensación de estafa en el que cumple al día con el pago de sus impuestos: “Pagaste, perdiste, ese es el mensaje que mandan desde el gobierno”, concluyó.