No es una novedad que la causa por la irregular concesión del Mobiliario Urbano es mucho más sólida que la de las escuchas. La Política Online se ocupó largamente de este escándalo en el que de manera inexplicable, el macrismo insiste en beneficiar a Publicidad Sarmiento de los hermanos Terranova, pese a tener fallos en contra en primera y segunda instancia.

Se trata de una compañía que tiene fuertes lazos con el macrismo, el hijo de los dueños, el corredor de rally “Orly” Terranova fue el fracasado candidato del PRO en Mendoza en las pasadas elecciones de concejal y habría colaborado en la recaudación de fondos de campaña.

La Justicia consideró en primera y segunda instancia que Publicidad Sarmiento presentó antecedentes falsos en la licitación –que le permitieron calificar primero y quedarse con una de las cuatro zonas de la Ciudad- y sin embargo el gobierno porteño desoyó esos fallos y les mantuvo la concesión.

Y no sólo eso. Hoy la empresa explota comercialmente los espacios publicitarios pero a casi tres años de gestión macrista no renovó prácticamente ninguno de los elementos urbanos.

Como se sabe el mobiliario urbano son las paradas de colectivos, carteles de calles, cestos, bancos públicos, cartelería transluminosa y convencional, etc. La idea de la licitación es que este mobiliario, que en la Ciudad está deteriorado y anarquizado, lo renueven los ganadores de las concesiones, que se financian con la publicidad que colocan en paradas de colectivos y chupetes, por ejemplo.

Insólitamente, la judicialización de la concesión, lejos de perjudicar a los concesionarios los benefició: hoy explotan comercialmente la cartelería y no renuevan el mobiliario que lleva a Buenos Aires a la vergonzosa situación de tener un mobiliario pauperizado, inédito en una ciudad de su nivel. Río de Janeiro, Santiago de Chile, San Pablo, Montevideo y hasta Rosario, tienen su mobiliario en condiciones.

En este marco, la Sala VI de la Cámara en lo Criminal y Correccional que integran Mario Filosof, Gustavo Bruzzone y Julio Lucini, apartaron a finales de mayo al juez de instrucción Facundo Cubas, sospechado de sufrir presiones de Publicidad Sarmiento. Este magistrado había beneficiado a Macri y sus funcionarios con un sobreseimiento.

Sin embargo, los camaristas lo apartaron y nombraron en su lugar a Eduardo Botto, a quien ordenaron que cite a indagatoria al ex ministro de Espacio Público Juan Pablo Piccardo y los ex funcionarios Tomás Pastalanga y Horacio Daniel Tonelli, miembros de la comisión evaluadora de adjudicaciones, que también deberán ser convocados a prestar declaración indagatoria.

"No es posible sostener el sobreseimiento que desvincula a los aquí imputados... porque no constituye una derivación razonada de los hechos frente a la falta de una debida investigación que se suple con afirmaciones dogmáticas", dijeron los camaristas.

Fuentes allegadas a la pesquisa recordaron que la causa llegó a la Cámara a través de una apelación presentada por el abogado Mariano Bergés, un ex juez de instrucción, quien representa a la firma Spinaloza una empresa relegada de la explotación de la concesión.

Bergés había cuestionado los sobreseimientos dictados en primera instancia, el 3 de febrero último, por el juez Facundo Cubas y que habían beneficiado a Macri, y a Rodríguez Larreta, entre otros acusados.

Pino Solanas estuvo afirmando estos días por los medios que Macri estaba “procesado en esta causa”. En rigor esto no es cierto, pero es verdad que los camaristas luego de desplazar a Cubas le ordenaron al nuevo magistrado que enfoque también su investigación sobre el jefe de Gobierno para que dé explicaciones "para verificar su vinculación, o no, con los hechos investigados".

En la política porteña se especula con la posibilidad de que Macri, su jefe de Gabinete, Horacio Rodíguez Larreta, Piccardo y su sucesor Diego Santilli, podrían sufrir el mismo procesamiento que los empresarios Orlando y Norberto Terranova. Es que el supuesto delito cometido por los dueños de Publicidad Sarmiento, si se comprueba, fue tolerado y convalidado en reiteradas oportunidades por el gobierno de la Ciudad, que aún hoy se niega a desplazarlos del negocios.

Los camaristas también exigieron que se investigue al ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera, y al ex procurador General de la Ciudad, Pablo Tonelli. En esta causa estuvo procesado el legislador macrista Patricio Di Stéfano, que integró la comisión evaluadora que adjudicó la concesión y al que la Justicia le dictó la falta de mérito, lo que implica que no hay pruebas suficientes para procesarlo pero a la vez no hay mérito suficiente como para desvincularlo de la causa.

Las versiones en la política porteña indican que esta causa –número 15.687- podría ofrecer novedades la semana próxima.