El Gobierno quiere mantener en secreto el tratado que beneficia con el pago de menos impuestos a la minera Barrick Gold para su proyecto de Pascua Lama.
Así lo indicó el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, quien firmó el polémico acuerdo que dio lugar a la renuncia de dos importantes funcionarios del Ministerio de Economía y que diputados de la oposición quieren dar a difusión.
Ante un pedido por la ley de acceso a la información pública formulado por LA NACION, el funcionario respondió que el convenio entre la Argentina y Chile para evitar la doble tributación impide dar a conocer la letra chica que dio origen a las ventajas otorgadas a la Barrick.
En particular, se trata del artículo 22 del acuerdo, que indica que "cualquier duda o dificultad que se puede originar en la aplicación del presente convenio y para establecer los controles administrativos necesarios para evitar el fraude y la evasión", debe ser tratado "en reserva". Por lo tanto, no podría ser revelado, lo cual llevó a un grupo de diputados de la oposición a pedir su difusión pública ante la Justicia.
Pezoa se negó a dar los detalles "por las disposiciones contenidas en el artículo 22 del convenio entre la República Argentina y la República de Chile para evitar la doble tributación en materia de impuestos sobre la renta, ganancia, o beneficio y sobre el capital y el patrimonio".
Sobre la base de ese convenio, que terminó de reglamentarse en 2004, durante el gobierno de Néstor Kirchner, la minera Barrick Gold pidió tributar la mayor parte de sus impuestos en Chile, pese a que la mayor parte de la materia prima de Pascua Lama proviene de la Argentina.
Por esta razón, los técnicos del Ministerio de Economía escribieron dictámenes que recomendaban no aprobar esta ventaja impositiva, que supera las del régimen de estabilidad fiscal del sector minero.
Con esos escritos como respaldo, los subsecretarios de Ingresos Públicos Mario Presa y Cristian Modolo decidieron no firmar el acuerdo con la Barrick y renunciaron, por lo que el propio Pezoa se hizo cargo de la firma del polémico acuerdo.
Consultados sobre esta cuestión, fuentes de la empresa minera de origen canadiense indicaron a LA NACION que "todas nuestras operaciones se desarrollan en el más estricto apego a la legislación vigente", sin querer discutir sobre la polémica que se generó dentro del Gobierno.
Durante su última visita a Canadá, la presidenta Cristina Kirchner se reunió con el CEO de Barrick, Peter Munk, y otros empresarios que cooperan con esa minera. Allí les ratificó que "las reglas de juego fiscales no se cambiarán".
Antecedente del acuerdo
El convenio con Chile fue firmado por el presidente Eduardo Duhalde pocos días antes de dejar el poder, en 2003, por el que el ex mandatario fue condecorado por su par Ricardo Lagos, ya que le permite a las empresas trasandinas radicadas en el país no pagar en ambos territorios.
El convenio generó protestas entre las empresas brasileñas con intereses en la Argentina por el pago de bienes personales, aunque ese reclamo nunca fue atendido.
Ahora, el Gobierno se dispone a renegociar todos estos tratados, según indicó ayer a LA NACION el jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray.
Echegaray se encargará de revisarlos, para tratar de que "no perforen nuestra economía si no hay inversión de empresas del otro país en nuestro territorio". Es decir, buscarán menos acuerdos y más control.
