Una denuncia en la Justicia por la modificación de las obras de la red de de drenaje para la cuenca del Arroyo Maldonado, acaso la obras más importante que tiene en ejecución el gobierno de Mauricio Macri, podrían detenerlas si es que se hace lugar al amparo que presentó la Coalición Cívica a través de los legisladores Sergio Abrevaya, Facundo Di Filippo y el ex diputado porteño Milcíades Peña.

El escrito presentado ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N.1 que maneja el magistrado Juan Vicente Cataldo bajo el Expediente N° 33801/0, solicita la “suspensión de la continuidad de los trabajos vinculados con la ejecución de la obra”.

Entre otros argumentos, se esgrime que se hicieron una serie de cambios al proyecto original, que fue votado en la Legislatura porteña en 2005 bajo Ley 1660 y tres anexos donde se detalla las características específicas de la obra, sin pasar de nuevo por el cuerpo parlamentario. Pero también en la denuncia se dice que esto podría suponer un millonario negocio ya que estas modificaciones le saldrán varios millones más al gobierno.

A ello se le suma una denuncia de asociaciones ambientalistas que apuntan que, con estas nuevas modificaciones, podría contaminarse el acuífero Puelche, producto de la perforación del mismo por el diseño de la obra.

Denuncia

El amparo cautelar se fundamenta en la Ley 1660 que autorizó al entonces gobierno de Aníbal Ibarra a endeudarse con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento por 130 millones de dólares, y que también tenía un anexo en el que se describe en particular las obras.

“El macrismo modificó este anexo sin pasar por la Legislatura. Más allá de las alturas, profundidades y cómo será la cavidad; la obra autoriza que se tienen que radicar 3 tubos que son los que contienen el agua que va a transitar por los ductos que vienen paralelos al arroyo Maldonado, es decir, por Juan B. Justo. Esos dos tubos, el corto y el largo, desembocan en una obra que son 3 ductos que son los que se luego vuelcan al Río de la Plata”, explica el ex legislador (hoy candidato de la CC), Milcíades Peña, a LPO.

“La empresa (la italiana Ghella), cuando se licitó la obra con esas características técnicas, fue adjudicataria con 3 tubos. Y resulta que ahora la empresa dice que no pueden hacerlo, que necesitan hacer un tubo solo y cambian la obra”, cuenta el denunciante. Vale agregar: estos cambios se dan en la boca del Maldonado, Costanera Norte (Punta Carrasco), donde el gobierno porteño viene trabajando fuertemente desde el año pasado.

“Cuando el gobierno se dio cuenta, recién ahí decidieron convocar a una audiencia publica”, apunta. En este marco, agrega que “sólo el Poder Legislativo” puede modificar la obra.

Luego de firmar el contrato, el 28 de julio de 2008, el gobierno le pidió a la empresa italiana que “evaluara alternativas para acelerar los plazos de ejecución del anexo original que acompañaba la ley”.

Un mes después, Ghella le contestó al macrismo que había que realizar un cambio en la geometría del enorme pozo ubicado en Punta Carrasco, además de cavar mas profundo en el mismo, llegando a 55 metros, 15 más de los originales, “atravesando el acuífero Puelche, ya que según la empresa existirían mejores condiciones para instalar las bases de las pesadas guías por las que descenderán las máquinas”, se puede leer en la denuncia.

¿Cambios millonarios?

“Con este cambio ya llevan 12 millones de dólares más por esta modificación de las profundidades y demás”, dice el ex legislador.

Es que, según la denuncia presentada, por las características de la nueva obra “esto implica que el costo del cambio en el proyecto supondría $ 44.000.000 de pesos (16 millones de dólares aproximadamente), según estimaciones de la propia constructora”.

“Pero si a esto se suman otras alternativas operativas y modificaciones mencionadas por la empresa, se llegaría a casi $ 90.000.000 millones de pesos”, reza el escrito, que “no figuraron en la oferta original”.

Por otra parte, la empresa también italiana que debe controlar los trabajos, Geodata, “ya había trabajado en otras oportunidades con Ghella”, apunta la presentación judicial a la que tuvo acceso LPO. “Además, cuando se adjudicó la obra, la empresa que ganó cotizó casi 50% menos que la que más había cotizado. ¿Alguien conoce muchas licitaciones donde haya esta diferencia escandalosa de precio?”, se pregunta en el documento.

La referencia tiene que ver con la denuncia que se presentó, en la que se detalla que Ghella en la licitación compitió con otras dos empresas que ofrecieron 210 y 280 millones de dólares contra 150.

¿Contaminación?

Las modificaciones, además, suponen que con un cambio de diseño de la perforación de un “pozo único” el acuífero Puelche podría ser contaminado con los potenciales riesgos que eso puede conllevar respecto a la potabilidad de las aguas subterráneas.

El acuífero Puelche o Puelchense, se forma en la llanura chacopampeana y es un rio subterráneo de agua que comprende unos 230 mil km2, llegando hasta la mitad de Santa Fe, Este de la provincia de Córdoba y Noroeste de la provincia de Buenos Aires, incluyendo a la Ciudad de Buenos Aires, hasta la Bahía de Samboronbon.

En lo que refiere a la obra, la perforación original llegaba a los 20 metros aproximadamente; la modificación alcanzaría los 40 metros. Según explican en el Ejecutivo, esto se debería al descubrimiento de unas arcillas azules muy duras que serian ideales para la instalación de las obras previstas.

En la Audiencia Pública diez días atrás, justamente convocada por el vencimiento del certificado de Aptitud Ambiental y que fue insólitamente interrumpida porque el sindicato de los municipales había pedido a todos los afiliados para la marcha de la CGT, los ambientalistas alertaron que el estudio de Impacto Ambiental no tuvo en cuenta el acuífero Puelche. Entre otros, Enrique Matías Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalista y la Asociación Amigos del Lago del barrio de Palermo.

Según dice el denunciante, este estudio “va a traer un problema ambiental. Inclusive lo dijo la técnica de la empresa en la Audiencia Pública”, dice Peña.

En este marco, un problema adicional podría ser que, si se comprueba algún caso de contaminiación, el dilema terminaría en la Corte Suprema de la Nación ya que afectaría a varias provincias y se transformaría en un problema interjurisdiccional.

El gobierno responde

Ante esto, desde el ministerio de Desarrollo Urbano que conduce Daniel Chain explicaron que “no hay ninguna dificultad con el tema del impacto ambiental, el que se hizo en el otro gobierno (con Telerman) está vigente. De hecho volvimos a exponer el tema en la Audiencia Pública y hasta estuvo Graciela Gerola (Agencia Protección Ambiental)”.

“Por otro lado, con esta obra no se perjudica el acuífero Puelche”, sentenciaron.

Sobre las modificaciones, en Desarrollo Urbano aclararon que “no se hicieron modificaciones al pliego, sino un cambio por razones técnicas donde está la boca del Maldonado. Es un tema técnico, el pliego no se puede cambiar”.

En cuanto a la imposibilidad de cambiar una ley, dijeron: “Es un proyecto ejecutivo que da los lineamientos básicos de la obra, pero la contratista es la que define en detalle como será la ingeniería del trabajo. Por eso se hacen revisiones y se estudia a fondo, y no se puede definir todo de antemano”.

Además, dijeron en el Ejecutivo, cuando se presentaron todos los proyectos, una prestigiosa consultora inglesa (William Hacrow) eligió el mejor. A tal punto que el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento había pedido que se estudien todas las alternativas posibles, entre ellas, la asociación Lago Pacífico con los reservorios, que fue desechada, y cuya ONG fue una de las que protesta por los cambios.

Finalmente, en Desarrollo Urbano destacaron que es la obras más importante de la ciudad y de las más importantes de Sudamérica. “Tiene tecnología de punta de las más moderna. Y la tuneladora (que estaría para junio) tiene que trabajar a medida, no hay dos tuneladoras iguales”.