Como era de esperar, finalmente suspendieron el contrato de Mobiliario Urbano que tenían los hermanos Eduardo y Orlando Terranova.

Luego de procesarlos y embargarlos por supuesta presentación de documentación falsa para quedarse con la millonaria licitación, el juez de Instrucción, Luis Rodríguez, dejó sin efecto el contrato que los dueños de Publicidad Sarmiento S.A. tenían con el gobierno de la Ciudad.

La Justicia porteña dio lugar a un amparo presentado por Viacart, una de las empresas que quedó fuera del millonario contrato de Mobiliario Urbano, y pidió al Gobierno porteño "que se abstenga de ejecutar" el vínculo con Publicidad Sarmiento.

La presentación de Viacart se basa en la denuncia realizada por otra firma que quedó afuera, Spinazzola, mediante la cual se determinó el procesamiento y embargo de los hermanos Terranova.

Aquella decisión fue rubricada por el juez Luis Rodríguez, a cargo del Juzgado de Instrucción Nº 49 interinamente, por licencia de su titular, el juez Facundo Cubas.

Rodríguez, dio lugar a esta nueva instancia judicial, y nuevamente le dio otro revés para los titulares de Publicidad Sarmiento que, por otro lado, apelaron ante la Cámara su estado procesal.

El principal argumento del juez es que “atendiendo al estado del sumariado principal y a la luz de la resolución adoptada en relación a los imputadas, se disponga una medida innovativa, ordenando a la administración pública dejar sin efecto el contrato celebrado con la empresa Publicidad Sarmiento S.A. en los términos del decreto 142/09”.

La denuncia madre, también anticipada por este medio, fue la presentada por Spinazzola. La empresa destacó, entre otras irregularidades, la presentación de "papeles adulterados" por parte de empresa Publicidad Sarmiento (una de sus competidoras); modificaciones en los términos del contrato por parte del gobierno porteño diez meses después de abierto el sobre 2 con los antecedentes de cada firma; y la irregularidad de Patricio Di Stéfano, hoy legislador porteño, pero ex miembro de la comisión evaluadora del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, que participó activamente en el proceso de licitación. Según la empresa, Di Stéfano firmó un documento como si estuviera en el Ejecutivo cuando ya había asumido su banca en el parlamento local.

Por otro lado, no sólo fueron procesados y embargados los hermanos Terranova. Están en la misma situación Salvador Antonio Vidal, funcionario de la municipalidad de Mendoza, y cuñado de uno de los hermanos, y a Isabel Salas de Páez, funcionario de Tucumán).