La minería metió su cola en la ley ambiental de protección de Glaciares. Según fuentes de La Política Online, este sector que mueve alrededor de 3.700 millones de dólares en exportación impulsó el veto presidencial al proyecto que había sido sancionado por unanimidad en el Congreso. Tanto es así que entre diputados, senadores e integrantes de ONGs que siguen el tema lo llaman el veto de la Barrick Gold, empresa canadiense que invirtió unos 2.800 millones de dólares en dos grandes proyectos mineros ubicados en la provincia de San Juan, Pascua-Lama y Veladero.

Y señalan al gobernador sanjuanino, José Luis Gioja, como uno de los principales actores que presionaron para que la ley que protege a los glaciares como fuente natural de agua de la explotación petrolera y minera que los contamina, no viera la luz.

Sin embargo, el diputado de Diálogo por Buenos Aires e impulsor de la ley de Glaciares, Miguel Bonasso, insistirá el año que viene en el Congreso. Con el apoyo de 14 jefes de bloque presentarán un nuevo proyecto de ley. “Es el calco de la que fue vetada”, aseguró.

Todo en familia

El mandatario sanjuanino que fue el promotor de las gigantescas inversiones de Barrick Gold –además de otros 180 proyectos mineros- en la provincia e impulsor de las leyes que rigen la actividad sancionadas en 1994 cuando él era presidente de la Comisión de Minería de Diputados, es el hermano del senador César Ambrosio Gioja, presidente de la influyente Comisión de Minería de la Cámara Alta y, además, dueño de la empresa minera Bentonita Santa Gema S.A.

Esta relación crea claramente un conflicto de intereses. Pero, la diputada de Coalición Cívica, María Fernanda Reyes, le suma a La Política Online otro dato más. “Bentonita es proveedora de la misma Barrick Gold”, afirmó. “En su página web lo decían orgullosos -cuenta otra fuente legislativa- pero desde hace un mes esta afirmación la sacaron del sitio”. Y con ironía cuestionó: “Qué casualidad, ¿no?”.

Estas acusaciones ya fueron tomadas por el fiscal federal Federico Delgado, que según pudo constatar La política Online, presentó una denuncia ante la Justicia contra Gioja por “negociaciones incompatibles”. Desde la fiscalía afirmaron que hay conflicto porque es funcionario del Estado en temas que competen a su actividad privada. “Esto es ilegal y tiene que ser investigado”, aseguraron.

La ley

La ley de protección de los glaciares propone preservar las masas de hielo de todo el país y prohíbe que en los hielos y en su entorno se realicen actividades que puedan afecten su condición natural o que impliquen su destrucción o traslado. Además, crea un Inventario Nacional de Glaciares, que individualizará los gigantescos bloques de hielo, permitiendo su protección y control. O sea, los preserva de la explotación petrolera y minera de la zona.

La norma fue aprobada por unanimidad en ambas Cámaras y sancionada el 22 de octubre. Sin embargo, el 10 de noviembre, la presidenta Cristina Kirchner vetó completamente la ley y propuso, en cambio, la creación de un foro interdisciplinario entre legisladores y gobernadores para definir una nueva ley. Insólito ya que la norma que estaba desestimando con su firma, había sido aprobada con el voto positivo de todos los senadores y diputados.

Argumentos poco contundentes

Cristina Kirchner justificó su veto con extrañas explicaciones, que ponen en evidencia dos realidades. Por un lado, la presidenta se asesora con la Secretaría de Minería sobre una política ambiental y escucha las “preocupaciones” de los gobernadores con intereses económicos y, en el caso de Gioja, hasta personales, cuando el Poder Ejecutivo tiene bajo su mando una secretaría de Medio Ambiente especial para estos temas.

Así expuso que “la prohibición de la exploración y explotación minera o petrolífera, incluyendo en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial saturado en hielo, daría preeminencia a los aspectos ambientales por encima de actividades que podrían autorizarse y desarrollarse en perfecto cuidado del medio ambiente”.

Pero contraatacó: “La única prohibición que se plantea es que haya actividades mineras o industriales sobre los glaciares y las zonas periglaciales. Según las empresas mineras, como Barrick Gold, no tienen actividad en estas áreas así que no se entiende por qué tendrían que estar nerviosos”.

Otro de sus argumentos es que “gobernadores de la zona cordillerana han manifestado su preocupación con lo dispuesto por la norma sancionada, toda vez que repercutiría negativamente en el desarrollo económico y en las inversiones que se llevan a cabo en dichas provincias”. Según el diputado nacional de Diálogo por Buenos Aires, “este es un eufemismo para decir que Gioja presionó para que no fuera sancionada”. Y Reyes lo acompañó: Es obvio que las empresas presionan a través de los gobernadores”. Y sin tapujos, acusó: “Hay una connivencia muy fuerte entre el gobierno nacional, los provinciales y las empresas”.

En su veto, Cristina Kirchner se asesoró por el secretario de Minería, Jorge Omar Mayoral, pero en ningún momento, aclara que lo haya hecho con la entonces secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti –echada, según algunas versiones por estar de acuerdo precisamente con esta ley-. Con tono suspicaz, desde el Congreso cuentan que Mayoral posee empresas mineras en San Juan.

Juez y parte

Los Gioja no son los únicos funcionarios públicos que toman decisiones sobre el sector al que precisamente pertenecen en sus actividades privadas. El secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, quien coordina e establece la aplicación de la ley de Inversión Minera sancionada en los `90, es dueño de dos empresas mineras que están bajo este régimen.

Según un informe de la Oficina Anticorrupción, Mayoral tenía en 2003 el 30 por ciento de las acciones de Micas Argentinas S.R.L., empresa que extraía de mica; y el 15 en Millstone S.A., compañía que se dedicaba a la explotación de canteras.

Ambas tenían los beneficios de la ley de Inversión Minera establecida por el menemismo y mantenida por los sucesivos gobiernos que le asegura a las empresas estabilidad fiscal por treinta años, les concede exenciones tributarias como el impuesto a las Ganancias, el IVA y al cheque, con retenciones que van del 5 al 10 por ciento y sólo se les cobra 1,8 por ciento de regalías.