Se fisura nuevamente el bloque del PJ en la Cámara de Diputados que debe debatir el proyecto enviado por la presidenta Cristina Kirchner para estatizar las AFJP.

Bajo la clara sospecha de que los motivos del Gobierno para alentar la medida es acceder a los fondos jubilatorios y ordenar, así, sus cuentas fiscales, los peronistas también ponen reparos a la ley.

En los despachos de algunos legisladores oficialistas ya se escuchan críticas que apuntan a la falta de precisiones en el texto sobre el destino que se les dará a los fondos de los aportantes privados que recalarán en el Estado. Los diputados pretenden mayores garantías de protección de aquellos recursos, explica el diario La Nación.

“El dinero de los aportantes no es ni del Gobierno ni de las AFJP -enfatizó el santafesino Jorge Obeid- Estamos de acuerdo con el traspaso de los fondos al Estado y votaré a favor de la iniciativa en general, pero propondremos modificaciones para que no puedan ser utilizados para gastos corrientes y pago de deuda pública”.

Estos reparos no alteran, por ahora, la tranquilidad que hoy exhibe el jefe de bloque oficialista, Agustín Rossi (Santa Fe), convencido de que tendrá los votos suficientes para darle media sanción a la iniciativa dentro de dos semanas. Su confianza radica en que los reparos en su tropa no comprometen el corazón de la ley, que es el traspaso de los fondos privados de jubilación al sistema público de reparto, lo que implicará el fin de las AFJP.

Si este punto neurálgico no se cuestiona, entonces el proyecto no tendrá dificultades en su aprobación en general, según confían en el bloque oficialista, que con este criterio espera contar con el apoyo de los bloques de SI, de Eduardo Macaluse (Buenos Aires) y de Claudio Lozano (CTA).

La pregunta clave es si el oficialismo estará dispuesto a introducir cambios en la propuesta para reforzar la protección de los fondos jubilatorios y despejar las sospechas de que, en realidad, engrosarán la caja del kirchnerismo para la campaña electoral del año próximo.

Fuentes oficialistas no descartan modificaciones, pero éstas, de producirse, no serán radicales; tal vez algún retoque para contener a la tropa y ampliar la malla de consenso.

Hasta ayer, por lo pronto, la decisión oficial era no incorporar modificaciones medulares a la iniciativa y apurar su tratamiento en el Congreso. De hecho, el objetivo es convertirla en ley dentro de un mes.

Si bien algunas fuentes de la Casa Rosada adelantaban que la comisión bicameral que supervisará el destino de los fondos ?prevista en la iniciativa? podía ser presidida por la oposición (aunque con mayoría oficialista), otras voces la descartaban de plano. El único cambio será, por ahora, discursivo: no focalizar el argumento oficial en un discurso retórico contra los intereses concentrados de la economía, sino más bien insistir en las bondades del traspaso de los aportes privados al Estado, por la garantía que éste les ofrece.

Este fue motivo de sendas reuniones que, por la mañana y luego por la tarde, mantuvieron legisladores con funcionarios de Gobierno. En ellas participaron los diputados Rossi, Patricia Vaca Narvaja (Córdoba) y el presidente de la Comisión de Previsión, Juan Carlos Díaz Roig (Formosa), junto al senador Miguel Pichetto (Río Negro), el secretario legal y técnico Carlos Zannini y el presidente de la Anses, Amado Boudou.

Solá, el más duro

Quienes no se contentan con simples retoques en el proyecto oficial son los diputados díscolos del PJ encabezados por Felipe Solá (Buenos Aires) y el mendocino Enrique Thomas. Este grupo -entre cinco y ocho legisladores- cuestiona que se elimine de un plumazo el sistema privado de jubilaciones sin respetar los derechos individuales de los aportantes. Afirman no defender a las AFJP, al contrario, pero son partidarios de un cambio gradual de sistema, no tan traumático.

“El Gobierno se arroga el derecho de decidir qué es lo mejor para los aportantes a las AFJP que decidieron voluntariamente permanecer en ese sistema”, declaró Solá al matutino. “El régimen de AFPJ fracasó, pero habría que analizar soluciones intermedias”, añadió Thomas, que también reclamó un control reforzado de los recursos jubilatorios.

La posición de este grupo de diputados aparece más dura que la de sus pares oficialistas de Santa Fe y Córdoba. Obeid planteará sus disidencias junto a Walter Agosto, ex presidente de la Comisión de Presupuesto, y Ariel Dalla Fontana, pero votarán a favor en general.

Igual postura será la del cordobés Arturo Miguel Heredia -cercano al gobernador Juan Schiaretti-, que sostuvo: “Hay que especificar bien claro el control de los fondos y limitar al máximo un cupo para colocar títulos públicos”.