Otro desalojo, el segundo en menos de 5 días, volvió a sacudir a la ciudad de Buenos Aires. Esta vez, en un edificio con peligro de derrumbe ubicado en la esquina de Moreno y Bolívar, en los que vivían 246 familias.

Otra vez la emergencia habitacional cala hondo en la administración macrista. Es que, mientras el Ejecutivo se demora en enviar un proyecto de ley para establecer las competencias en temas de vivienda entre el Instituto de la Vivienda (IVC), la Corporación Sur y el Ministerio de Desarrollo Social, el tema no se resuelve.

En una entrevista exclusiva con La Política Online, el ministro de Desarrollo Social explicó cómo se desencadenó el desalojo en el barrio Monserrat.

¿Cómo quedó la situación de las familias evacuadas? ¿Finalmente todas estuvieron de acuerdo con irse del edificio?

Las familias que vivían en el edificio estuvieron todas de acuerdo. Hubo, como siempre en estos casos, algunas familias que se quieren sumar al desalojo, pero las que estaban en el edificio quedaron todas de acuerdo. Les ofrecimos un subsidio de 16 mil pesos, combinados con la empresa (“San Telmo House”). Fue un tema acordado entre el Gobierno de la ciudad y Omar Abbud (ex subsecretario de Desarrollo Social). La ciudad pone 12 mil pesos y el resto la empresa.

Según apuntó Bullrich, cada desalojo no se puede realizar en poco tiempo ya que, por un lado hay que poder reubicar a las personas y, segundo, algunos aprovechan para intentar conseguir subsidios. “Hemos detectado personas que en seis meses querían cobrar dos subsidios de diez mil pesos ocupando distintas viviendas. Estamos revisando todo esto. La demora que tuvimos se debió a que de las 246 familias hemos tomado todos los datos de las personas, tenemos todo registrado y empadronado para que no se pueda estafar al gobierno".

¿El edifico efectivamente había sido usurpado?

Había gente que estaba hace 20 años, por eso se hacía más dificultoso. Los dueños del edificio no estaban de acuerdo con que esta gente estuviera ahí adentro, por lo cual hubo una decisión judicial. A esto se le sumó un desalojo administrativo porque había peligro de derrumbe.

¿Cuán grave era la posibilidad de derrumbe?

La guardia de auxilio del Gobierno determina si hay peligro de derrumbe. Ellos tienen potestad para sacar a la gente para que no se derrumbe o no caiga un pedazo de edificio, y termine lastimando alguna persona.

Ahora bien, el dictamen de la Justicia era una orden para un desalojo de sólo una parte del inmueble...

El dictamen judicial no era para las 246 familias. Era para primero y segundo piso. Pero era para el cien por ciento de las familias en ellos. Lo que sí había, por eso procedimos a desalojar, fue una denuncia por peligro de derrumbe.

¿Todas las familias fueron subsidiadas en 16 mil pesos?

Hay algunas familias que sí, depende la cantidad de hijos. El Gobierno toma en consideración la cantidad de hijos. Estamos hablando de cifras redondas. Éste es el máximo que se cobró.

Según pudimos saber, algunas familias se resistieron porque pidieron una solución de fondo, como un crédito del IVC en lugar de un paliativo como un subsidio...

Que yo sepa, eso no pasó. No le puedo decir en cada caso. He estado hablando con la gente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario y ellos no me hablaron de esto.

¿Por qué el gobierno subsidió un desalojo que pertenece a una empresa privada?

No, subsidiamos a la gente que quedó en la calle. El Gobierno, según la Constitución, tiene que proveer una vivienda digna. Nosotros estamos intentando sacar la idea de que acá no es simplemente estar ocupando. Esto se estaba negociando con el gobierno anterior.

Sin embargo, insisto, se trata de un conflicto de una empresa privada. Es decir, el Estado utiliza sus recursos, a partir de subsidios para resolver una cuestión privada.

El juez nos llama a nosotros porque estaban por dejar 246 familias en la calle. Nosotros ahí lo que le ofrecimos a las familias es lo que podemos: una vivienda temporaria y una solución temporaria. El IVC ofrece una solución permanente, eso lo tiene que tramitar el IVC. Nosotros procedemos a este trámite temporario.

¿Donde fueron las personas que fueron desalojadas?

Depende el caso. Algunos fueron a lugar propios del GCBA y otros fueron a lugar de la familia y cada uno eligió su destino.

Finalmente, la empresa propietaria del edificio aceptó hacerse cargo de los gastos de mudanza y el almacenamiento de muebles por un mes, y también se ofreció alojamiento en los hogares y paradores de la Subsecretaría por 72 horas, según informaron desde el Ejecutivo porteño..

De Vido y Fernández Prieto

Según trascendió hoy el inmueble en conflicto sería propiedad de un grupo empresario vinculado a Julio Grondona, al presidente de Independiente Julio Comparada y al empresario inmobiliario Rodrigo Fernández Prieto, relacionado con Facundo De Vido, uno de los hijos del ministro de Planificación Federal de la nación.

La empresa, denominada “San Telmo House”, posee cinco edificios más (que comprenden el 40 por ciento de la manzana) en las calles Moreno, Bolívar, Perú y la Avenida Belgrano.

Según aseguró a perfil.com Rubén Saboulard, delegado de la Asamblea de San Telmo, la empresa piensa construir "un hostel, un complejo de oficinas part-time y un shopping", a pesar de que los edificios se encuentran en el casco histórico de la Ciudad, a tres cuadras de Plaza de Mayo, y el código de Planeamiento de la ciudad lo prohíbe.

Fernández Prieto es un empresario que, además comparte con el banquero Jorge Brito y el grupo Farallón el megadesarrollo inmobiliario Dique 1 en Puerto Madero que enfrenta serias impugnaciones.

Además, es dueño del estudio de arquitectos del mismo nombre, que posee el edificio residencial Terrazas del Yatch en Puerto Madero, que acoge a connotados funcionarios del gobierno nacional.

La firma también se adjudicó la construcción del estadio de fútbol de Arsenal (club fundado por Julio Grondona y del cual es presidente su hijo Julio Ricardo), el mausoleo del General Perón en San Vicente y de los aeropuertos de San Luis y Río Gallegos, entre otros.