27 de abril, 2024
Otra polémica sacude la licitación de mobiliario urbano
El lunes habrá una presentación en la Legislatura para denunciar un supuesto “funcionario trucho” que trabajó en la comisión evaluadora de la licitación cuando ya había asumido una banca. Habla el legislador acusado, quien dijo que el dictamen “no es vinculante” y que “no había incompatibilidad”.
La licitación de mobiliario urbano, un negocio millonario que, hasta ahora, trajo más problemas que alegrías al gobierno porteño.
Luego de la suspensión del proceso licitatorio, ahora se le suma una nueva denuncia. Esta vez, el ex legislador peronista, Eduardo Valdés, informó a este medio que el lunes se presentará en la Junta de Ética, Poderes y Reglamento de la Legislatura porteña para denunciar lo que consideró un “funcionario trucho”.
Se trata del legislador macrista Patricio Di Stéfano, un joven diputado que ingresó en reemplazo de la actual ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal.
Según aseguró Valdés, Di Stéfano “firmó un dictamen de la Comisión Evaluadora (en la licitación de mobiliario urbano) cuando era legislador”. Y apuntó: “Mal pudo firmar algo como funcionario cuando él ya había asumido. Por lo cual esto invalida el dictamen de la Comisión Evaluadora y lo convierte en un funcionario trucho”
Esta comisión fue integrada por tres personas: Tomás Palastanga (Director General de Política y Desarrollo del Espacio Público), Horacio Daniel Tonelli y el actual diputado.
Además, según el ex legislador, jefe de gabinete de Rafael Bielsa en la Cancillería, “Macri firmó dos decretos (el 633 y el 635) el 4 junio de este año, y publicados en Boletín Oficial 2951 del 13 de junio” en los que se habilitaba el proceso.
Por su lado, Valdés reveló que “el 26 de mayo la asunción de Di Stéfano fue tratado por la Junta de Ètica que preside el radical PRO Oscar Zago, y su ingresó fue aprobado el 29 de mayo”. Su mandato termina el 10 de diciembre de 2009.
La respuesta de Di Stéfano
Ante la presentación en la Legislatura, el diputado Di Stéfano explicó a La Política Online: “No había incompatibilidad porque el dictamen de la comisión Evaluadora es no vinculante, es decir no es una firma de un acto administrativo. Esto significa que el ministro después ejecuta un acto administrativo ateniéndose o no la opinión del dictamen no vinculante de la comisión ad honórem que hace la evaluación”.
“Después, mediante un acto administrativo, es el ministro quien decide. Puede tomar o no tomar la evaluación que hace la comisión”, concluyó el legislador.
Cómo sigue
Mientras tanto, la causa madre yace en la Cámara Contencioso y Administrativo, la misma que hace algunos días avaló la continuidad del juez Roberto Gallardo al frente de otras causas.
El mismo magistrado había sido quien, luego de hacer pagar una caución de un millón de pesos, hizo lugar a un recurso de amparo presentado por Spinazzola S.A. para suspender la licitación.
La empresa había denunciado una “maniobra delictiva, con el fin de beneficiar a la firma “Publicidad Sarmiento SA” en primer lugar, y luego a las dos restantes en el orden de mérito: “Viacart SA” y “Al Sur” (UTE)”.
Como sea, a partir de esto en el interior PRO están cuestionando al estudio Mariano Wessller, que asesora el Ministerio de Espacio Público, por las posibles derrotas judiciales que podría sufrir el gobierno porteño.
Luego de la suspensión del proceso licitatorio, ahora se le suma una nueva denuncia. Esta vez, el ex legislador peronista, Eduardo Valdés, informó a este medio que el lunes se presentará en la Junta de Ética, Poderes y Reglamento de la Legislatura porteña para denunciar lo que consideró un “funcionario trucho”.
Se trata del legislador macrista Patricio Di Stéfano, un joven diputado que ingresó en reemplazo de la actual ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal.
Según aseguró Valdés, Di Stéfano “firmó un dictamen de la Comisión Evaluadora (en la licitación de mobiliario urbano) cuando era legislador”. Y apuntó: “Mal pudo firmar algo como funcionario cuando él ya había asumido. Por lo cual esto invalida el dictamen de la Comisión Evaluadora y lo convierte en un funcionario trucho”
Esta comisión fue integrada por tres personas: Tomás Palastanga (Director General de Política y Desarrollo del Espacio Público), Horacio Daniel Tonelli y el actual diputado.
Además, según el ex legislador, jefe de gabinete de Rafael Bielsa en la Cancillería, “Macri firmó dos decretos (el 633 y el 635) el 4 junio de este año, y publicados en Boletín Oficial 2951 del 13 de junio” en los que se habilitaba el proceso.
Por su lado, Valdés reveló que “el 26 de mayo la asunción de Di Stéfano fue tratado por la Junta de Ètica que preside el radical PRO Oscar Zago, y su ingresó fue aprobado el 29 de mayo”. Su mandato termina el 10 de diciembre de 2009.
La respuesta de Di Stéfano
Ante la presentación en la Legislatura, el diputado Di Stéfano explicó a La Política Online: “No había incompatibilidad porque el dictamen de la comisión Evaluadora es no vinculante, es decir no es una firma de un acto administrativo. Esto significa que el ministro después ejecuta un acto administrativo ateniéndose o no la opinión del dictamen no vinculante de la comisión ad honórem que hace la evaluación”.
“Después, mediante un acto administrativo, es el ministro quien decide. Puede tomar o no tomar la evaluación que hace la comisión”, concluyó el legislador.
Cómo sigue
Mientras tanto, la causa madre yace en la Cámara Contencioso y Administrativo, la misma que hace algunos días avaló la continuidad del juez Roberto Gallardo al frente de otras causas.
El mismo magistrado había sido quien, luego de hacer pagar una caución de un millón de pesos, hizo lugar a un recurso de amparo presentado por Spinazzola S.A. para suspender la licitación.
La empresa había denunciado una “maniobra delictiva, con el fin de beneficiar a la firma “Publicidad Sarmiento SA” en primer lugar, y luego a las dos restantes en el orden de mérito: “Viacart SA” y “Al Sur” (UTE)”.
Como sea, a partir de esto en el interior PRO están cuestionando al estudio Mariano Wessller, que asesora el Ministerio de Espacio Público, por las posibles derrotas judiciales que podría sufrir el gobierno porteño.
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