La sequía no es la única crisis que está golpeando al campo argentino. Una más leve pero persistente viene instalándose desde hace meses. El debate con respecto al uso de agroquímicos ya está tomando forma y generando controversias en los distintos municipios, que en lugar de seguir una dirección en común, continúan tomando decisiones aisladas. A través de ordenanzas, los municipios están comenzando a marcar su propio juego. Esto trasluce la falta de un criterio unificador que permita homogeneizar las prácticas a nivel nacional.

El debate con respecto al uso de agroquímicos tuvo su punto cúlmine a fin del año pasado cuando Rosario, capital de la soja, le declaró la guerra al glifosato, el herbicida más utilizado a nivel mundial. Aunque en verdad, la discordia con respecto a su uso se originó años atrás, cuando en 2015 la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) -un organismo de la Organización Mundial de la Salud (OMS)- publicó un estudio en el que informaba sobre los posibles efectos cancerígenos del herbicida. El hecho de que la IARC marcara al herbicida como "probablemente cancerígeno", alimentó las preocupaciones y generó todo tipo de respuestas a nivel internacional. Sin embargo, este estudio quedó desestimado luego de que la agencia de noticias Reuters, presentara una investigación, demostrando que la IARC había editado intencionalmente el informe y que había eliminado aquellos estudios que no hallaban evidencia de efectos cancerígenos.

Tras un largo período de debate que parecía no tener fin, en noviembre de 2017 las autoridades de la Unión Europea decidieron renovar la licencia del glifosato por otros cinco años. Mientras que en Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental (EPA), reafirmó que el glifosato no presenta ningún riesgo significativo para la salud humana cuando el mismo es aplicado de acuerdo a las instrucciones de su etiqueta. La evaluación de la EPA demuestra que el glifosato "no es cancerígeno" para los seres humanos.

Asimismo, un estudio llevado a cabo por un grupo de trabajadores agrícolas estadounidenses, enmarcado bajo el proyecto conocido como ‘Agricultural Health Study' (AHS) concluyó que no existe un vínculo entre la exposición al glifosato y el cáncer. A esa misma conclusión llegaron otras instituciones de renombre como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, el Instituto Federal Alemán de Evaluación de Riesgos y la Comisión de Seguridad Alimentaria de Japón, entre otras.

Lo cierto es que estos estudios permitieron derribar los mitos sobre la conexión entre el herbicida y el cáncer o las malformaciones congénitas y reafirmar la seguridad del mismo. Además, se convirtieron en las pruebas necesarias para los Estados europeos, a la hora de autorizar la renovación de la licencia del herbicida. A pesar de las críticas hacia la Unión Europea con respecto a la cantidad de tiempo que se tardó en llegar a una decisión, la cautela con la que se manejó el tema sirve de referencia.

Mientras en Europa y en Estados Unidos el asunto ya quedó resuelto, en nuestro país las controversias no cesan. Priman las ordenanzas municipales por encima de un debate organizado y fundamentado. El ejemplo de los Estados europeos demuestra la importancia de las decisiones colectivas, algo que Argentina debería tomar como referencia.

Así como Rosario dio ese primer paso controversial marcando un precedente, ahora otros municipios buscan hacer lo mismo. Desestimando las pruebas y poniendo por encima su propio ideal, los municipios están personificando una lucha que no saben cómo terminará. En lugar de insistir en un debate sobre el uso regulado de agroquímicos, buscan prohibir aquel de mayor uso -cuya seguridad está probada científicamente- quizás sin advertir que las alternativas pueden llegar a ser realmente perjudiciales para la salud de los ciudadanos. Primero fue Rosario, ahora son Gualeguaychú, Paraná y Concordia. Y la lista podría seguir.

El avance de ordenanzas no solo preocupa al sector, sino que además demuestra la falta de una cohesión a la hora de debatir sobre las prácticas agropecuarias y, en este caso en particular, sobre el uso de agroquímicos. La prohibición debería ser el último recurso y es, sin embargo, el primero al que se accede.

Si realmente se quieren desplegar políticas transparentes, se debe pensar primero en un debate que reúna diferentes voces, pero que además haga prevalecer la evidencia. Hasta que esto no se modifique, seguirá primando el desconocimiento y, por consecuencia, se seguirán tomando decisiones sin sustento que impactarán de lleno en un sector que no puede recibir más golpes.