El anteproyecto de reforma laboral presentado por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) vulnera los derechos de los trabajadores consagrados por la Constitucional Nacional y los Tratados Internacionales a los que adhiere nuestro país. Estas conquistas sociales, que comenzaron en la primera presidencia de Juan Domingo Perón, siempre vinieron de la mano del Justicialismo, ya sea a través de la labor parlamentaria, la lucha sindical, obrera o estudiantil, desde el Ejecutivo o por medio de fallos judiciales.

La reforma que el Gobierno de Mauricio Macri pretende llevar adelante flexibiliza el contrato de trabajo y la contratación de trabajadores, abaratando los costos laborales, en perjuicio de la parte más débil: el trabajador, quien menos tiene y más sufre los avatares económicos financieros y las políticas especulativas. El anteproyecto del PEN legisla a la baja, es decir, disminuye las mayores prerrogativas reconocidas por la Ley e incluye modificaciones en temas de gran sensibilidad.

El Título I, sobre "La regularización del empleo no registrado, la lucha contra la evasión en la seguridad social y la registración laboral", altera sustancialmente las indemnizaciones previstas por los artículos 8, 9 y 10 de la Ley de Contrato de Trabajo. El proyecto no sólo disminuye considerablemente las indemnizaciones, sino que también pretende que éstas dejen de ser percibidas por el trabajador y pasen a ser abonadas a los "Organismos de la Seguridad Social".

Por otra parte, el Título III, que trata las "Relaciones Individuales de Trabajo", introduce significativas alteraciones al régimen laboral. Las horas extras dejarían de existir tal cual las conocemos: quienes trabajen más horas en una jornada laboral podrán compensarlas trabajando menos en otra, por lo que se pagarían como horas ordinarias, sin el recargo correspondiente (50 por ciento en días normales y cien por ciento los sábados después de las 13, domingos o feriados).

La propuesta del Gobierno también apunta a limitar la responsabilidad de las empresas que tercericen labores. Es decir, si un contratista tercerizado incumple frente a un despido o incumplimiento laboral, la empresa principal ya no se verá forzada a responder ante el reclamo del empleado afectado.

En relación a las pasantías, se propone la creación de un sistema para que estudiantes de 18 a 24 años trabajen hasta un máximo de 30 horas semanales y cobren una "asignación estimulo". Asimismo, las empresas no estarían obligadas a realizar ningún tipo de contribución previsional ni aportes a la obra social.

También modifica el artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo, creando la figura del "trabajador autónomo económicamente dependiente", definiendo con mucha arbitrariedad quién es realmente y qué condiciones pesan sobre él. En la intención de modificar el artículo 4, perturba el concepto de "trabajo'' lo que en la practica igualaría los roles entre trabajador y empleador. En la modificación del artículo 12 elimina de su texto ‘'los contratos individuales de trabajo'', lo que implica una severa limitación a partir de la cual puede desde el punto de vista individual negociarse a la baja; o pactar (individualmente) condiciones menos beneficiosas para el trabajador -con los límites legales- violándose con ello principios esenciales del derecho del trabajo.

Cuando propone modificar el artículo 30, siempre hablando en los términos de la Ley de Contratos de Trabajo, básicamente ahora las empresas podrán tercerizar servicios como limpieza, seguridad, higiene, mantenimiento, gastronomía, informática, y servicios de transporte. Ante un incumplimiento o despido de parte de las empresas tercerizadas que perjudique al trabajador, la empresa principal ya no será responsable de ninguna forma y el trabajador no podrá demandarla, quedando aún mas desprotegido que con el actual sistema.

La reforma laboral propuesta por el Gobierno es un insulto y un atropello a la dignidad humana de los trabajadores argentinos. El anteproyecto de Macri atenta contra los intereses nacionales y pretende abaratar los "costos" de los empresarios en detrimento de los derechos de los trabajadores. El Gobierno vuelve a aplicar recetas de un modelo liberal que sólo beneficia a los grandes empresarios.

Ante tal intento de vulneración de derechos, desde la Mesa Nacional de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) entendemos que el carácter principal de los derechos adquiridos es su irrevocabilidad, su irrenunciabilidad y, principalmente, su irretroactividad. En el derecho del trabajo también imperan los principios de progresividad, imperatividad, protectorios, de supremacía de la realidad, de continuidad; el orden público laboral; además la normativa interna de nuestro país se complementa con los Tratados Internacionales, los que tienen jerarquía constitucional.