En la Cámara de Diputados de la Nación existen más de 10 iniciativas que buscan regular un procedimiento judicial para la localización, recuperación y repatriación de los bienes y la extinción de los derechos relativos al dominio de los mismos a favor del Estado, así como de sus ganancias y frutos, cuando los bienes provengan de la comisión de delitos de corrupción o narcotráfico.

Tener este encuadre jurídico permitirá castigar a los delincuentes en donde más le duele: la plata. Sin más, es poder decomisar bienes sin que haya una condena y avanzar así sobre el núcleo económico de las organizaciones delictivas. Atacar la razón de origen de estas organizaciones.

En la Argentina, el decomiso sólo puede aplicarse cuando exista una condena. Recién en 2011, con la reforma de la ley de lavado 26.683, se incorporó una forma de decomiso que puede aplicarse en ciertos casos en los que no existe condena porque la persona no pueda ser juzgada (por ejemplo, muerte o fuga del imputado). Sin embargo, son muy pocos los delitos a los cuales se aplica esto.

En todos los niveles del estado (ya sea nacional, provincial o municipal) vemos que dirigentes y funcionarios, ingresan a la administración pública de una manera y salen de otra. De ser empleados o funcionarios de menor rango, al poco tiempo convierten en grandes empresarios. Hombres adinerados que tienen varios emprendimientos, y que estos le proporcionan grandes ganancias. Ahora, ¿se podrá explicar como un funcionario se convierte en un acaudalado hombre de negocios?

A lo largo de los años se escuchan anécdotas, sumando investigaciones, casos como compra de mansiones, funcionarios con caballos de carreras, piletas climatizadas, viñedos, miles de hectáreas de campo con siembra y ganado. ¿Es posible ser tan próspero con sueldos de la administración pública? La ley de extinción de dominio constituye un elemento central en la lucha contra el crimen organizado y la acción de organizaciones criminales enquistadas en el Estado.

Con frecuencia salen a la luz casos que sorprenden, uno de los últimos fue cuando el Dr. Carlos Regazzoni, director ejecutivo del PAMI, denunció que en los últimos dos años hubo un desorden en la provisión de medicamentos que costó a la institución $ 500 millones por año por lo menos, es decir, un uso indebido de medicamentos de por lo menos 1.000 millones de pesos. Más allá de la responsabilidad penal que debe recaer sobre los hechos de corrupción, lo cierto es que ello no basta, el Estado debe recuperar lo que le fue robado a toda la sociedad. Recordemos el mecanismo utilizado por el mafioso Al Capone que siempre hacía sus negocios a través de “hombres de paja” (testaferros) y no había registros que lo relacionasen con sus ganancias. Pero hoy día, en pleno siglo XXI, existen herramientas que permiten establecer el origen y uso de los fondos, más aun cuando se habla de cifras significativas.

Debemos ver cómo actúan otros países, no solo en castigos y penas, sino también en la prevención de hechos de corrupción. El ejemplo simple pero contundente es Suecia, que aplica un principio de transparencia total de la Administración Pública. Cualquier decisión tomada por un funcionario público en ejercicio, salvo las relacionadas con la seguridad de la Nación, puede ser conocida por el resto de los ciudadanos. Nadie puede negarse a satisfacer las necesidades de información no sólo de los periodistas sino de la ciudadanía en general.