Xinca es una empresa mendocina que confecciona calzado y otros productos con caucho (de neumático) reciclado, ropa en desuso y residuos textiles. En su proceso de fabricación trabaja con los que menos oportunidades tienen: personas privadas de su libertad y talleres sociales. Daravi es una fábrica de productos realizados con descartes, que brinda trabajo a comunidades vulnerables y desarrolló un sello que garantiza la sustentabilidad en toda la cadena de valor. Ambas empresas generan un impacto que refleja su objeto social.

Hoy, para la ley, ambas organizaciones son iguales a cualquier SRL o SA que vende servicios o productos de consumo. Y las normas vigentes a nivel legal no permiten reflejar adecuadamente el espíritu de esas empresas. El reconocimiento legal es, sin dudas, el primer gran paso para que el Estado pueda potenciarlas.

Es muy importante comprender que dichas empresas poseen la capacidad de abordar los desafíos sociales y ambientales, sin dejar de lado el logro económico. Lo cual supone el doble reto de la innovación y la generación de externalidades positivas para la sociedad.

El propósito fundamental del proyecto de Ley BIC (Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo) a tratarse próximamente en la Cámara de Diputados, y que cuenta con el apoyo de la CAF, es que se pueda reconocer legalmente a estas organizaciones que tienen un nuevo ADN empresarial basado en un propósito de bien común. Es el primer paso necesario para después poder fomentar este nuevo sector del cual estamos convencidos que puede tener un rol relevante en el desarrollo de una economía más inclusiva y sostenible.

El objetivo de largo plazo del proyecto de Ley BIC es promover el desarrollo de un ecosistema de empresas y emprendedores sustentables que tengan entre sus fines el cuidado y preservación del ambiente, así como el diseño de soluciones para problemas sociales.

Es importante destacar que el proyecto no pide beneficios especiales ni exenciones impositivas y sí que permite darle entidad legal y protección a propósitos empresariales que incorporen el bien común en alguna de sus dimensiones sociales y/o ambientales.

En caso de aprobarse esta ley, la Argentina sería pionera en la región y el tercer país en el planeta (luego de Estados Unidos e Italia) en incorporar esta nueva forma de organización empresaria. Y daría un paso muy importante para que una nueva economía siga floreciendo en el país y en el mundo.