El pasado miércoles 26 de octubre se dio media sanción al proyecto de matrícula (y bono) federal para litigar ante los fueros federales de Capital Federal y las provincias, lo cual tuvo una escasa repercusión en los medios, pero si generó mucho revuelo dentro de los Colegios Públicos de Abogados.

Este proyecto tiene una gran debilidad, y es que otorga a una simple asociación civil el control de la matrícula federal de abogados, la cual hasta el momento está a cargo de los Colegios Públicos de Abogados, de creación legal y con una regulación mucho más estricta que la que detenta hoy la Federación Argentina de Colegios de Abogados Asoc. Civ. sin fines de lucro. Desde los Colegios Profesionales se ha esgrimido este argumento para sostener que dicho proyecto es inconstitucional, y se ha sostenido incluso que tiene similitudes con la Caja Previsional de Abogados (CASSABA) creada en el 2004 y derogada en el 2008, que además de ser inconstitucional resultaba una exacción ilegal a los colegas. Esta caja previsional generó durante su corta existencia una catarata de planteos judiciales y una revolución política que catapultó a una nueva conducción a tomar las riendas del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que supo mantenerse a fuerza de hacer acuerdos y subordinarse a los distintos gobiernos de turno.

Sin embargo, y aunque este proyecto necesita de severas modificaciones para tratarse con seriedad, se distingue del mencionado anteriormente en que a priori no se observa que vaya a perjudicar el ejercicio profesional, encareciendo el acceso a la justicia y privando del derecho constitucional a trabajar que los abogados tenemos, pues por ser profesionales no somos menos trabajadores que el resto de los Argentinos. Y entonces se debilita la resistencia que opone principalmente el Colegio de Abogados de la Capital Federal, puesto que el verdadero problema que se presenta, no es la defensa del trabajo de sus matriculados, sino la administración del dinero proveniente de la venta de bonos de actuación profesional, que deben acompañar la primera presentación de los abogados en un expediente.

Sin embargo, el proyecto que tiene media sanción, fue modificado parcialmente, reduciendo el bono de actuación profesional a un valor máximo de 0,3 UMA ($ 396,90), por lo que tampoco resultaría muy superior al que actualmente se paga para ejercer en provincia de Buenos Aires. La mayor incoherencia de este proyecto es que el cobro de los bonos permanecería en cabeza de los Colegios de Abogados, que deberán entregar el 20% de lo percibido en tal concepto a la FACA, a excepción del Colegio porteño, que luego de una vehemente defensa de sus intereses económicos, logró mantener su caja intacta.

De haberse peleado con la misma vehemencia por los honorarios profesionales en los casos previsionales en que los colegas hagan acuerdos producto de la ley de "reparación histórica", seguramente los mismos no serían las sumas pauperizadas que con bombos y platillos anunció el presidente del CPACF, y que le valieron un sinfín de críticas por parte de los matriculados tanto en las redes sociales, como mediante presentaciones en la mismísima mesa de entradas de la institución. Pero claro, en el caso de la matrícula federal se afectarían los fondos que él administra, y eso parece ser mucho más importante que el sustento de aquellos a quienes representa, ya que así lo evidencia la forma en que se defendieron unos y otros intereses, en apenas escasos meses de diferencia.