En el debate de la nueva Ley de Hidrocarburos he sostenido el derecho de nuestra Provincia a participar en la distribución actual y futura de la renta petrolera nacional.

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo no es más que la ratificación de un acuerdo entre las provincias productoras de hidrocarburos y el Estado nacional, propiciando prórrogas de los permisos de exploración y concesiones de explotación, para todos los contratos en curso de ejecución, tanto de YPF como de otros permisionarios privados.

Es nuestra responsabilidad evaluar las implicancias y significados de dicho acuerdo, admitiendo que la crisis energética que vive nuestro país y la pérdida del autoabastecimiento de hidrocarburos, como la presencia de nuevos e importantes yacimientos de recursos no convencionales demanda sancionar un nuevo régimen de hidrocarburos.

Pero cabe advertir que el camino elegido por el Poder Ejecutivo suplanta un marco imprescindible de consensos en el Congreso de la Nación por la simple aprobación de un acuerdo suscripto entre el Estado nacional y un conjunto reducido de Provincias petroleras.

No se puede soslayar el hecho que muchas Provincias -como el Chaco-, con recursos potencialmente explorables y explotables no han participado, ni han sido tenidas en cuenta para nada y que un aspecto clave del proyecto es que otorga a los actuales tenedores de los yacimientos una tenencia a perpetuidad de los mismos: lo cual equivale a la propiedad de los mismos hasta el agotamiento de los recursos existentes.

En este sentido el proyecto de ley tiene un claro sesgo conservador porque mantiene un “statu quo” decadente en los permisos y concesiones que se les están dando a las mismas empresas que nos han llevado a la crisis actual. No han descubierto nuevo petróleo en reemplazo del que han sacado. No innovan ni arriesgan y nos han llevado a la caída actual de la producción.

Surge un interrogante sobre sus verdaderos objetivos y una hipótesis probable ¿estamos en realidad frente a un proyecto que representa los intereses de la corporación petrolera? ¿Es esta una gran corporación de negocios encabezada por YPF, cuya cabeza visible proviene de una de las grandes empresas de servicios petroleros? Sin duda el ocultamiento del contrato con Chevron aumenta las sospechas.

Lo que si aparece claro es que el oficialismo ha lanzado un enorme proyecto de negocios, que incluye el desarrollo de una estructura legal que se cristalizará en una amplia serie de derechos adquiridos, por lo que puede pensarse que esta nueva ley tiende a “hacer caja”, para financiar el trayecto pendiente hasta el 2015.

En definitiva rechazamos este proyecto de ley por su esencia conservadora, que servirá a los concesionarios para mantenerse en los yacimientos hasta agotarlos y beneficiará a las empresas que ya explotan yacimientos en detrimento de los derechos que la Constitución les reconoce a las Provincias.

Desde el Chaco reclamamos un sistema de compensaciones del Tesoro Nacional para las Provincias no productoras, con el objeto de zanjar las asimetrías en el desarrollo regional, resultantes de la distribución de los ingresos tributarios, el grado de participación en la explotación y la disponibilidad geológica de los hidrocarburos.

A más de dos años de la recuperación de YPF nos encontramos con fuentes de incertidumbre por donde está surgiendo una clara colisión de intereses entre los estados provinciales, donde el Tesoro de la Nación concurre al pago del acuerdo con REPSOL por la expropiación de YPF, sin que las Provincias titulares de sus acciones hayan erogado suma alguna.

La posibilidad que cuantiosos recursos, como los yacimientos de Vaca Muerta o Los Molles, se conviertan efectivamente en reservas explotables depende de muchos factores y de un esfuerzo de conjunto y con amplios consensos, por la magnitud del desafío. Allí está surgiendo una riqueza que tal vez resulte inédita para el país, ya que se calcula que constituye entre 24 y 100 veces el tamaño de la economía nacional.

Según un informe de la Agencia de Información Energética de Estados Unidos (EIA) la Argentina tendría el segundo mayor volumen mundial de recursos no probados técnicamente recuperables, por 802 TCF (trillones de pies cúbicos) equivalentes a 22.710 mil millones de metros cúbicos de shale gas, detrás de China y el cuarto de petróleo no convencional, por 27.000 millones de barriles de shale oil, luego de Rusia, Estados Unidos y China.

Tampoco existe en nuestro país una regulación específica ambiental para explorar y explotar esos abundantes hidrocarburos no convencionales, que requieren aplicar nuevas tecnologías, como la fractura hidráulica y la perforación horizontal.

Es imperioso que el desarrollo de esos recursos no convencionales, pueda encararse en un marco de protección al medio ambiente, particularmente en el tratamiento del agua utilizada en la explotación, de manera de conciliar esa aplicación con las necesidades del agua para uso humano y agropecuario.

También debe preverse que parte de la renta petrolera a ser apropiada por la Nación y las Provincias puedan acumularse en un fondo de uso intergeneracional, para cubrir las necesidades futuras en materia de jubilaciones y pensiones, educación y salud de las próximas generaciones y el financiamiento de otras políticas públicas.

Hoy en día se abre un nuevo horizonte energético y el desarrollo de la riqueza potencial de los recursos no convencionales debe impulsarnos a obrar con previsión de futuro, siguiendo el ejemplo de otras Naciones que han sabido acumular parte de esa riqueza para las próximas generaciones.

Noruega, décimo cuarto productor mundial de petróleo, cuenta actualmente con un Fondo de Pensiones del Petróleo, con recursos por 828.000 millones de dólares para cubrir las necesidades de jubilación, educación y salud de cinco millones de noruegos. Ese fondo petrolero es hoy uno de los fondos de inversiones más grandes del mundo. Tiene un comité de ética que supervisa las inversiones y está manejado por un directorio independiente del gobierno de turno, con control parlamentario.

Por todo ello, a poco andar de este nuevo régimen legal de hidrocarburos la realidad nos va a convocar seguramente para volver a empezar y poner en marcha una nueva política energética nacional, de la que nuestro Chaco y otras Provincias no productoras podamos participar plenamente. Siempre seremos responsables de lo que no tratamos de impedir.