Ni bien se conoció la condena a Milagro Sala, se viralizó en las redes un video en que el presidente de la Mesa Nacional de la Franja Morada de la UCR, Santiago Rosenzvaig, celebraba el fallo junto a dos correligionarios afirmando que en la provincia de Jujuy rige el Estado de derecho. Se trata más bien de un Estado provincial abusivo el que se inició con el mandato del gobernador Gerardo Morales, cuya política junto a la complicidad de los medios sentenciaron a la dirigente de la Tupac Amaru ante la opinión pública, atropellando toda presunción de inocencia.

No importó el reclamo hecho por el titular de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Grupo de Trabajo contra Detenciones Arbitrarias y el Comité Contra la Discriminación Racial de la ONU. Ni que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgiera al gobierno nacional a promover las medidas para su liberación. El gobernador declaró: “no voy a liberar a esa mujer” como si eso fuese responsabilidad del Ejecutivo de la provincia y no del Poder Judicial.

Por lo visto, a la prédica republicana que reza la división de poderes parece atada al refrán popular “Haz lo que yo digo pero no lo que yo hago”. Días más tarde, Mauricio Macri afirmó: “A la mayoría de los argentinos nos ha parecido que había una cantidad de delitos importantes que se habían cometido por parte de Sala”, equiparando las impresiones personales como si estas fuesen un medio de prueba suficiente.

Como si todo esto fuera poco el diputado del Bloque Primero Jujuy, Marcelo Nasif, que responde al vicegobernador Carlos Haquim, del Frente Renovador, y el titular del bloque de la UCR, Alberto Bernis, junto con otros legisladores de ese espacio presentaron un proyecto de ley para que se realice una consulta popular: “¿Usted cree que Milagro Sala, libre amenazará a testigos, entorpecerá e impedirá que la justicia la investigue por hechos de corrupción?”, es la pregunta que el proyecto proponía para que el Ejecutivo provincial realice un referéndum, y los jujeños voten por sí o por no. ¿A esto denominan los jóvenes franjistas ‘Estado de derecho’? ¿A dejar librado un acto de justicia a un referéndum?

Jujuy es un laboratorio de ensayo para el gobierno. Fue la provincia elegida para el cierre de campaña de la Alianza Cambiemos. Desde que llegó a la presidencia Mauricio Macri ya le otorgó al gobernador Morales, 2160 millones de pesos en concepto de adelantos financieros a cuenta de los recursos de impuestos coparticipables.

Jujuy es el espejo de una política que a Mauricio Macri le gustaría reproducir a nivel nacional. Un mutuo apoyo entre el Ejecutivo nacional y provincial siempre y cuando este último brinde el servicio de denostar al gobierno anterior, aún a costa de desestimar toda normativa procedimental y avasallar el derecho de las personas al punto, como en este caso, de la injusta detención preventiva.