Las últimas PASO desataron un fuerte debate no solo por la estrategia comunicacional implementada para instalar en la opinión pública el triunfo de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, sino también por esa recurrente pregunta que vuelve a interrogarnos: ¿cómo definir a este modelo de gobierno? Para decirlo rápidamente: ¿se trata de un populismo de derecha siguiendo una caracterización a fin al pensamiento de Laclau?, ¿se trata de un neoliberalismo como el que se implementó en la argentina en la década de '90 (endeudamiento, desregulación, desindustrialización)?, ¿se puede pensar en un tipo de desarrollismo gerencial, como el que supo definir Roberto Carri, como expresión política del capitalismo monopólico a partir de nombrar a los CEOs de las empresas multinacionales como ministros o secretarios de estado?

Cada una de estas aproximaciones guardan en sí mismas diferencias y matices que no terminan de saciar nuestras expectativas de una acabada definición. Por eso, me gustaría incluir una referencia más en el vademécum macrista que considero central aunque no por ello suficiente como caracterización.

Hay un elemento, una disposición que subyace a la aplicación de cualquiera de las políticas impulsadas por este gobierno, un supuesto que no solo lo atraviesa como un nervio oculto de su gestión política sino que, a su vez, sabe congraciarse con la subjetividad de una gran mayoría. Es una galantería que suele complementar sus declamaciones en defensa del cambio y de la república. Me estoy refiriendo a esa continua recurrencia que suele cautivarlo y que lo lleva a un flujo y reflujo permanente de sus decisiones políticas. Estoy hablando del sabor que le produce coquetear con la suspensión de garantías, acompañada por la aceptación que la misma produce en gran parte de la sociedad.

Tomemos por caso la detención arbitraria de Milagro Sala. Jujuy fue la provincia elegida por Mauricio Macri para el cierre de su campaña presidencial y el laboratorio político para probar la suspensión de garantías. Un estado provincial abusivo que comenzó con el mandato del gobernador Gerardo Morales, y el atropello a toda presunción de inocencia, avasallándose los derechos de la dirigente social con una injusta detención preventiva. Esta acción política fue alentada por una condena mediática que se propagó a la opinión pública desestimándose cualquier garantía jurídica procedimental sobre el derecho de las personas.

Tomemos otro ejemplo de flirteo de suspensión de garantías que se combina además con una gran dosis de aceptación social: el llamado "Protocolo de actuación de fuerzas de seguridad y policiales en manifestaciones públicas" implementado por el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich. Los criterios quedan a cargo del Jefe del operativo de Seguridad, quien es el encargado de la disuasión y/o represión de los manifestantes bajo una serie de regulaciones que solo aspiran a criminalizar la protesta y cercenar la libertad de expresión y que nada dice respecto de la portación de armas letales por parte de los efectivos de seguridad.

Una muestra de ello, fue cuando Gendarmería desalojó la autopista Panamericana, a la altura de la ruta 197, cortada por manifestantes que buscaban asegurar la efectividad del paro general convocado por la CGT, o la represión de la Infantería de la Provincia para desalojar a los casi setecientos trabajadores despedidos de la empresa multinacional Pepsico.

Podemos agregar también a esta intencionalidad de suspensión de garantías la llamada ley de 2x1, cuando la Corte Suprema intentó aplicar el beneficio de reducción de la pena a un condenado por crímenes de lesa humanidad. La ley nacional 24.390 sancionada en 1994 y vigente hasta el 2001, establecía que, a partir de los dos años de detención, cada día que pasaba sin que el procesado tuviese sentencia firme se debía computar doble y respondía a la necesidad de descomprimir la situación en las cárceles superpobladas de personas sin sentencia por demoras de la propia Justicia. Esta ley no había sido propuesta para los delitos de lesa humanidad. A partir de la marcha y la movilización, debió ser reconsiderada ya que socialmente se le presentó al gobierno el límite que iba a enfrentarlo con la sociedad.

Por último y para dejar en claro que este gobierno tiende en sus medidas a incurrir en la suspensión de garantías, han pasado más de dos semanas y Santiago Maldonado continúa desaparecido. Por lo visto, no podemos pensar en definir este modelo de gobierno sin contemplar la tentación que manifiesta en muchas de sus acciones políticas de avanzar sobre nuestros derechos y esto no debería ser soslayado a la hora del análisis.