La ciudad puerto fue, desde su segunda fundación por el visionario Juan de Garay, la puerta de entrada a la Cuenca del Plata y, de ahí, a toda la economía del Reino del Perú, controlando el sistema de comunicaciones y transporte, adquiriendo una importancia geopolítica que ningún contemporáneo de Garay habría adivinado. 

Pero el voluntarioso gobernador tenía en mente el peligro portugués y británico: con 10 españoles, 52 mestizos y 200 guaraníes y sus familias hizo resurgir de las cenizas el fuerte del Buen Ayre. Era 1580.

Pasaron 437 años y, sin embargo, los problemas geopolíticos que marcaron desde aquel inicio la rivalidad y, al mismo tiempo, la mutua necesidad, entre el productivo interior del continente y la poderosa ciudad comercial, siguen hoy vigentes. 

Es llamativo que entre los gobernadores que sucedieron a Garay casi todos fueron, en mayor o menor medida, cómplices y socios del contrabando (de mercancías y plata) y el comercio de esclavos (en parte legal, pero en un 90% ilegal); con la honrosa excepción de Hernandarias, primer gobernador criollo, que combatió a la mafia que dominaba la ciudad puerto con todas sus fuerzas. 

Sin embargo, una y otra vez la ciudad puerto se las arreglaba para, legal o ilegalmente, apropiarse de la mayor parte de la renta económica de la región. No con una actitud industriosa y productiva, sino aprovechándose de las ventajas geopolíticas de su situación geográfica. 

Como una nueva Troya de agua dulce, pero que no se contentaba con las ventajas propias de la intermediación, buscó más. Al concentrarse en el contrabando, afectó el desarrollo de medio continente; sus consecuencias se sintieron fuerte desde la Amazonia hasta el Perú. Se hizo inmensamente rica.

Por un tiempo, desde el fin de nuestras guerras civiles, pareció que el sistema federal atenuado traería una poco de paz y equilibrio. Quedó en el olvido el intento de imponer, sin mediaciones y negociación, un orden desde el puerto. 

La Constitución unitaria de 1819, que cayó bajo la rebelión de las provincias, había demostrado que era muy difícil e infantil: el federalismo había sobrevivido, por lo menos, formalmente. 

Pero la ciudad puerto nunca duerme. Roca, poco antes de asumir su primera presidencia y a pedido del presidente Avellaneda, debió imponer a sangre y fuego la federalización de la ciudad resistida por el gobernador Tejedor, que se alzó en armas contra el gobierno federal. La legislatura local jamás accedió y, ya presidente, intervino la provincia y disolvió la legislatura.

El embrujo del 94

La reforma del 94, sumida en la ambición de la reelección, accedió a un viejo anhelo de las elites porteñas -herederas de aquellos contrabandistas, especuladores y financistas- de lograr la total autonomía de la ciudad puerto del "atrasado y moreno" interior y las provincias, con sus gobernadores, cayeron en el embrujo. La reforma de la Constitución y la ley Cafiero abrieron la puerta y rompieron el delicado equilibrio alcanzado (diría, más bien, precario).

Al mismo tiempo, la crisis del sistema federal se acrecentó con la dependencia sistémica de muchas provincias de la asistencia financiera del gobierno federal, el cual hizo sentir su peso acortando los márgenes de independencia política de las provincias deficitarias (déficit engañoso, veremos por qué).

Las provincias que acumulan déficits estructurales lo arrastran desde hace más de una década, los sucesivos planes de refinanciamiento y "responsabilidad fiscal" no hacen más que sumirlas en el inmovilismo económico y sujetarlas aún más al poder central. 

Si calculamos los gastos del Estado Federal medido por habitante veremos que la ciudad más rica recibió seis veces más que Mendoza o que Jujuy, siete veces más que Córdoba y ocho veces más que Misiones, aproximadamente.

Por el contrario, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha erigido en un modelo de prosperidad y "buena" administración, a pesar del déficit (salvo el año 2010), con un gigantesco presupuesto y una, ahora aumentada, participación en la coparticipación federal. Esto nos dicen los números de recaudación y situación fiscal, pero hay otras cosas que esos números no dicen.

La recaudación de la Ciudad de Buenos Aires sólo es posible por su posición geográfica y por concentrar todos los organismos federales y las centrales económicas de las grandes empresas. 

Al mismo tiempo, una suma de factores acumulados a lo largo de la historia le ha permitido desarrollar una sólida infraestructura y un sistema de seguridad muy efectivo, que hasta hace no mucho tiempo eran absolutamente federales, lo cual nos lleva a la primer pregunta incómoda:

¿Cuál es la compensación que las provincias argentinas han tenido por el persistente traspaso de capacidades, de larga construcción histórica, del Estado Federal a la entidad autónoma llamada CABA?

Por razones aún oscuras, el estado federal resignó la educación (no sólo en la ciudad, es cierto; pero sus mejores escuelas y colegios estaban en Buenos Aires). También las empresas de servicios públicos (quedando en manos privadas la crema del negocio), los clientes de la ciudad y su conurbano bonaerense.

La Policía Federal ya fue prácticamente disuelta en el jugo de la nueva Policía de la Ciudad. Faltan los puertos y la justicia nacional para terminar el sueño de 400 años de las elites porteñas de autonomía plena de ese interior que les huele a fracaso.

El nuevo "estado autónomo", que se levanta sobre el cadáver de la vieja Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, crece y se alimenta, acapara las instituciones federales que llevó décadas construir, toma el control de su territorio; pero la verdadera savia que le da vida la obtiene de dos donantes involuntarios, ambos imposibilitados, por distintas razones, de defenderse.

Su implacable voracidad presupuestaria capta la renta nacional que se produce en el resto de la economía. El flujo de la riqueza nacional corre hacia el puerto, tributa a su estado-puerto, más aún ahora que controla políticamente al estado federal y la provincia de Buenos Aires. 

Esta reunión de lo que Roca, con el apoyo de todas la provincias, había separado -y que Mitre y Tejedor intentaron evitar por las armas- retrotrae la situación geopolítica, de equilibrios políticos e institucionales, a la situación previa a la Constitución de 1853. Hoy por hoy el Senado de la Nación es la última instancia institucional que resguarda a las provincias de este nuevo "porteñismo centralizador".

Basta con pensar qué pasaría con esta Ciudad si fuese una isla desconectada del resto de la economía nacional. Cada día, millones de personas entran desde el conurbano bonaerense para trabajar, producir y gastar; pero duermen en la provincia de Buenos Aires. De nuevo: otra realidad que no sería posible si la ciudad no fuera parte de la nación.

Y ahora la segunda pregunta incómoda:

La igualdad entre los habitantes de la República Argentina parece no aplicarse a las condiciones socio económicas: ¿Por qué se sigue manteniendo una estructura fiscal que sólo acrecienta las diferencias cuando debería, si somos una sola nación, tender a su eliminación? ¿Hay entonces una Argentina de segunda? ¿No debería el sistema fiscal expresar este principio de igualdad entre todos los argentinos? ¿Puede la ciudad de Buenos Aires vivir sin el resto de la nación?

Al mismo tiempo, nuestro leviatán del Río de la Plata realizó otra magnífica maniobra de autonomización, merecedora de nuestro asombro: creó su propia Constitución.

En ella incluyó lo que es absolutamente necesario para su legitimidad política: las Comunas de la Ciudad. Si quería ser "como" una provincia, con todos los derechos institucionales que esto implica en nuestra Constitución Nacional, debía tener sus "municipios" como tienen todas las provincias.

Cambió el nombre de las Secretarías del Gobierno de la Ciudad por "Ministerios" y creó una "Secretaría de Descentralización", para aplicar de forma muy acotada la creación de "Comunas", que no llegan a tener la más mínima autonomía. Cualquier comuna de Córdoba o Santa Fe es una entidad política más fuerte que las "Comunas" porteñas, llenas de punteros y activistas. Podemos probar y salir a la calle y preguntarle a la primera persona que nos crucemos: "¿Conoce usted al presidente de su Comuna?".

Al contrario de cualquier provincia que tiene una ley de coparticipación propia, que distribuye sus recursos de acuerdo a un sistema institucional y cuyos gobernadores están habituados a convivir con intendentes de diversos colores políticos -es más, muchos de ellos fueron intendentes (incluso opositores) antes de ser gobernadores-, el Gobierno de la Ciudad acapara para sí el manejo del presupuesto y de las decisiones administrativas y políticas. 

No tiene nada siquiera semejante a una ley de coparticipación y los habitantes de la ciudad carecen absolutamente de cualquier forma de participación y representación cercana. La legislatura es un ente tan lejano y autonomizado de la sociedad que se ha convertido en un simple apéndice del leviatán que es el Gobierno de la Ciudad. Incluso podemos hablar de un "Super Gobernador", mucho más poderoso que los gobernadores de provincia, incluso que el presidente.

Suena imposible, ya lo sé, pero nada impide que piense cuál es el camino correcto: que las Comunas sean independientes del GCBA, que tengan autonomía política y autarquía financiera, convirtiéndose en verdaderos municipios. 

Asimismo, los ingentes recursos que son apropiados por el centralista Gobierno de la Ciudad deberían ponerse bajo una nueva óptica, considerando a parte de ellos como coparticipables, en tanto toda la estructura económica del país en su conjunto contribuye a su generación. Es necesario un rediseño institucional donde los ciudadanos de la ciudad tengan poder de decisión sobre su vida territorial, como cualquier otro ciudadano en cualquiera de las municipalidades del país.

Está en debate, a causa del juicio que inició la Provincia de Buenos Aires ante la Corte Suprema, la coparticipación federal que podría implicar la pérdida de recursos de las provincias. Se plantea "quién cederá recursos", el estado federal o las provincias, pero no escuché hasta hoy a nadie replantear los recursos que se apropia la Ciudad de Buenos Aires. 

Es más, habría que replantear el sistema de coparticipación desde cero, agregando a la discusión los recursos de la ciudad, en tanto son originariamente federalizados; al mismo tiempo que los habitantes de la ciudad tengamos, al igual que cualquier argentino, un municipio cuya cercanía y responsabilidades estén a nuestra mano.