La reacción del Gobierno ante la denuncia de Nisman contiene las habituales ilusiones de los oficialismos: Impunidad y Eternidad. |
Poder político y poder judicial, salvo en los países teocráticos, totalitarios o autoritarios que no reconocen diferencias entre las distintas ramas del Estado, están obligados a una danza que ontológicamente los separa, uno está para controlar que los actos del otro se ajustan a derecho.
La dudosa muerte del Dr Nisman ha suscitado una polvareda política, pero antes de eso, la denuncia del fiscal designado por el propio espacio oficialista como encargado de la investigación de la causa AMIA, inició un movimiento telúrico en el poder político.
Voceros del oficialismo intentan ahora una doble pirueta: despegarse de la violencia política que supone la muerte del funcionario judicial que acusaba a la Presidente, su canciller, y otros personajes propios incómodos para el oficialismo, y al mismo tiempo, desacreditar su denuncia.
En este sentido, faltando el autor de la acusación, no hay quien pueda defenderla igual de bien por una sencilla razón: ningún fiscal coloca en su primer escrito todos los hechos y pruebas que posee, sino que va desplegando su estrategia a medida que avanza la causa que él mismo inicia. Asimismo, el fiscal, un hombre acostumbrado a los medios, es quien mejor podía defender esa estrategia subyacente en la denuncia.
Ahora, faltando él, un oficialismo acusado intenta decir que la acusación era un disparate. Naturalmente, no se conoce ningún caso mundial de un acusado que diga “sí, la verdad es que es espectacularmente buena la acusación y deberían condenarme”.
Sumado a esto, la reacción no aleja de los habituales reflejos de los voceros gubernamentales, acostumbrados a los síndromes de eternidad (nunca me iré del cargo) y de impunidad (nadie nunca me investigará): también acusaron a la Justicia de fabular, de mentir, y hasta de inventar hechos inexistentes cuando se trató de otras denuncias que apuntaron a esquemas básicos en la forma de gobernar kirchnerista. Tal la reacción ante las denuncias contra Boudou, hoy procesado, o bien en los acusaciones contra Ricardo Jaime por corrupción, o Juan Pablo Schiavi por la masacre de Once.
La denuncia de Nisman, lejos de ser un disparate, está basada en un hecho cierto y ya fulminado por la Justicia Federal: el Memorándum de Entendimiento con Irán no era una pieza válida para nuestro derecho. Para Nisman que no lo fuera fue fruto de un pacto mitad público, mitad secreto con Irán para desincriminar a los iraníes. Y esto no puede ser más cierto: si se tomaban las “entrevistas” que el Memorandum preveía en Teherán, con la forma descripta en aquella pieza diplomática, el resultado no hubiera sido otro que la absolución de los iraníes, pues su primer acto de defensa, la indagatoria, resultaría nulo. De tal manera, si alguien trabajó para que la causa AMIA se frustrara, fueron los dos funcionarios públicos acusados por Nisman.
Pero ese hecho no fue el único llevado adelante por la Presidente y su Ministro Timmerman: públicamente han descalificado la labor judicial en la misma. Aquí, en la ONU, e incluso después de muerto su acusador diciendo en síntesis que la causa AMIA “no se movía hace 19 años” para construir el clima público de que el Memorándum era la “única salida”, cuando es público que precisamente cuando más se movió y cuando más dificultó la vida cotidiana de los acusados como autores del horrible atentado, fue entre 2006 y el comienzo de la negociación secreta con Irán, es decir, el año 2012. La causa está lista: solo falta atrapar a los prófugos iraníes, juzgarlos, y si son culpables, condenarlos.
Como hace habitualmente el kirchnerismo, ubicado un detalle dudoso, en un escrito de 300 páginas, intenta decir que ello invalida todo, como si una denuncia debiera actuar como una sentencia. Técnicamente, para que se inicie una investigación solo basta con que sea verosímil, será la sentencia al final del proceso la que establezca la verdad jurídica objetiva.
Tal vez, uno de los efectos más profundos que produzca la desaparición física del fiscal, no se dé ahora, sino en el curso de este año y más allá. El kirchnerismo, embarcado en un haka guerrero contra jueces y fiscales que no le resultan complacientes no parece mensurar aún que sucede a un funcionario político cuando las urnas lo devuelven a su hogar, y debe concurrir como un ciudadano más, a recorrer pasillos de Tribunales.
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