En mayo de 1810, la manifestación de aquellos que se acercaron al Cabildo con la consigna “el pueblo quiere saber de qué se trata”, sentó quizás el primer precedente de reclamo de transparencia y acceso a la información. Dos siglos más tarde, nuestra nación está cada vez más cerca de sancionar- finalmente- una ley que garantice el libre acceso a la información pública.

Esto implica el reconocimiento de un derecho fundamental, poder conocer y saber cómo funciona el Estado. La democracia no se trata solo de poder ejercer el voto cada dos años, sino de una forma de gobierno que le da la titularidad del poder al conjunto de la ciudadanía, por lo que está debe estar informada y permanecer al tanto de las decisiones que se toman.

La puesta en práctica de este primordial derecho es de suma importancia ya que potencia el desarrollo de otros derechos civiles, la rendición de cuentas y transparencia de los funcionarios, y fomenta el debate público e informado para evitar los abusos por parte de los poderes estatales. Los ciudadanos no pueden participar plenamente de la “cosa pública” si no tienen acceso a números e informes de gestión que justifican las decisiones gubernamentales o dan cuenta de los resultados de las políticas públicas.

Son los gobiernos los que deben dar los primeros pasos. Y establecer mecanismos adecuados que permitan el acceso a la información de manera oportuna, promocionando un cambio cultural que fomente la transparencia y motive la demanda pública de información, para pasar de una moda de secreto y exclusividad a una cultura de acceso y apertura. Así, tendremos ciudadanos empoderados cívicamente.

La sanción de esta ley nos ubicará dentro de los casi 100 países que ya han reglamentado el acceso a la información pública, pero esta aventura debe ser acompañada por una actitud proactiva de apertura y disposición de datos. Esto nos permitirá elevar la vara de modo tal que ya no hablemos de acceso sino de publicación, garantizando una mayor libertad de información.

Esta iniciativa, que viene a aportar transparencia y sobre todo mayor participación, sin dudas nos dejará una democracia mejor y más cerca de sus ciudadanos, donde el pueblo finalmente podrá saber fehacientemente de qué se trata.