Al anunciar el IPC de Mayo, el Ministro Kicillof dedico un apartado especial al aumento en el precio de los medicamentos el cual fue muy superior al esperado por el equipo económico. Allí mostró su insatisfacción por el incumplimiento del acuerdo negociado en febrero con las cámaras del sector a fin de retrotraer los precios a los valores vigentes el 31 de diciembre. El motivo del acuerdo: en el primer bimestre de este año los medicamentos habían liderado los aumentos con un 21,7 por ciento. Evidentemente el acuerdo tipo “precios cuidados” no funcionó en este sector.

La preocupación por el precio de los medicamentos está totalmente justificada ya que su incremento produce un impacto directo en las economías familiares, pero de manera muy agravada en la de los grupos más vulnerables. La población de menores recursos es la que destina un mayor porcentaje de sus ingresos a los medicamentos en comparación a la población de mayor poder adquisitivo. El gasto directo en medicamentos es totalmente regresivo. Cualquier variación en más de sus precios disminuye el acceso a ellos o restringe la proporción de ingresos destinados a otros rubros como transporte, alimentos, vestimenta, etc.

Se estima que el gasto en medicamentos en nuestro país representa alrededor del 32 % del gasto total de salud o sea más de 95 mil millones de pesos. De esa erogación el 20 % es gasto de bolsillo lo que indica la importancia de lo antedicho. Tengamos presente que en general los países gastan menos del 15 % del gasto total de salud en medicamentos.

Según un informe de IMS Health Región Sur, el mercado de medicamentos en América Latina se incrementó en un 14,8 % en el período 2010-2013 convirtiéndose en la región con mayor crecimiento, superando ampliamente al resto de los mercados como Europa (creció un 1.4%) América del Norte (1.2%) y Japón (3.1%).

Este crecimiento regional se dio principalmente (no exclusivamente) a expensas de Argentina y Venezuela. La Argentina creció, solo en el 2013, un 23%, comparado con datos de 2012.

El dato es que, paralelamente en nuestro país se verifica una desaceleración del crecimiento en venta de unidades. Siguiendo con el informe de IMS Health Región Sur en 2013 se vendieron en nuestro país solo un 4,1% más de medicamentos en volumen respecto del año anterior, mientras que para 2014 la estimación es directamente de estancamiento.

Mientras que en los últimos años en otros países de la región como Brasil, Chile, Perú el crecimiento estuvo dado por un aumento en el volumen de las unidades vendidas y en la renovación, a partir de un crecimiento de la clase media que accede mejor a los medicamentos, el principal factor de crecimiento en Argentina y Venezuela fue el incremento de precios, lo cual según dijimos es claramente regresivo.

Ambos países se destacan por no haber tenido una política clara de fijación de precios de medicamentos. Por el contrario la estrategia de control de los precios en Argentina consiste en una fijación en forma arbitraria los precios de los productos. Los aumentos se aprueban en la Secretaria de Comercio Interior sin estudios profundos ni una metodología adecuada.

Desde el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB) se informó que el año pasado los medicamentos tuvieron un incremento del 30%. De acuerdo con este sindicato los sueldos promedio de los jubilados tienen un piso del 25% solo para cubrir gastos en medicamentos.

En medio de este fracaso el gobierno apela ahora, tarde y en forma desesperada, a desempolvar dos viejas iniciativas: la denominada comúnmente ley de prescripción de medicamentos por su nombre genérico y la producción pública de medicamentos. Ninguna de estas estrategias tendrá el impacto esperado en el control de precios y asistiremos nuevamente a una frustración de dos iniciativas correctas y positivas.

Los motivos por el cual fracasarán estas iniciativas en el control de precios de los medicamentos son variados pero fundamentalmente tienen que ver con el actual contexto político y económico y con la falta de credibilidad hacia el equipo de gobierno tanto económico como de salud. Ambas iniciativas deben ser políticas de Estado a largo plazo y requieren de una gestión adecuada y prolongada en el tiempo y no ser utilizadas como políticas cortoplacistas cuando se tiene la soga al cuello.

La lucha por el precio de medicamentos se debe insertar en primer lugar en una política coherente que ataque las causas reales de la inflación. De lo contrario ninguna medida específica para ese sector tendrá éxito.

En segundo lugar el tratamiento de este tema debe dejar la órbita de la secretaria de comercio para pasar a la de salud desde donde debe diseñarse una verdadera política nacional de medicamentos coherente, que incluya al menos la creación de una agencia de evaluación de tecnología, la elaboración de protocolos basados en evidencia de cumplimiento por parte de todos los financiadores, la creación de un seguro de enfermedades denominadas catastróficas para toda la población y una política de investigación y desarrollo agresiva. Recién entonces las iniciativas desempolvadas por el gobierno, correctamente gestionadas, aportarán una contribución a la fijación de precios de los medicamentos.