En abril, el gasto primario experimentó un crecimiento del 13% con relación a igual mes del año anterior, mostrando una marcada desaceleración con respecto al comportamiento observado en el primer trimestre de 2016 (28,3%) y todo el año 2015 (34%). A su vez, dada la reciente desaceleración que se observa en la base monetaria producto de la política de tasas de interés elevadas impulsada por el Banco Central -que creció en abril al 27,1% interanual, tras aumentar 40,5% en diciembre último-, podría concluirse que el Gobierno está adoptando una política macroeconómica de moderación consistente. En tal caso, los primeros resultados de tales políticas se estarían reflejando en la desaceleración de la inflación “core”, que se redujo al 2,8% mensual en abril, tras registrar niveles de 3,5% en marzo y 3,8% entre diciembre y febrero último.

Sin embargo, de un análisis desagregado de la política fiscal impulsada por el Gobierno, también puede concluirse todo lo contrario. En efecto, del mismo modo en que se calculan y analizan los precios “core” para tener una noción más acabada de la tendencia inflacionaria, también podemos realizar un análisis similar para el gasto público. 

Definiendo al gasto público “core” (GPC) como aquel gasto sobre el cual el Gobierno tiene un menor manejo discrecional, incluyendo salarios, jubilaciones y una proporción no menor de los subsidios como la AUH, se puede advertir que tal moderación fiscal no existe. El GPC creció un 33,6% interanual en abril, experimentando un crecimiento muy superior al del gasto primario total, que alcanzó el 13%. De hecho, la moderación de la política fiscal de gasto observada en abril obedeció a la decisión del Gobierno de “pisar” las erogaciones en obra pública, (que cayeron un 28%), las transferencias a las provincias (que también se redujeron un 6,5%) y la compra de bienes de consumo ( que subió un 2,3%).

Definiendo al gasto público “core” (GPC) como aquel gasto sobre el cual el Gobierno tiene un menor manejo discrecional, se puede advertir que tal moderación fiscal no existe.

De este modo, una vez que el Gobierno vaya “normalizando” el manejo del gasto público, la probabilidad de que veamos alguna desaceleración del gasto público será menor. En particular, una vez que comiencen a tener incidencia los recientes anuncios de suba del gasto público, el ambicioso plan de obra pública, las reducciones de impuestos dispuestas y el flamante acuerdo fiscal Nación-Provincias.

Los efectos de una política fiscal de fuerte expansión del gasto público no son neutrales. No es lo mismo impulsar un mix de políticas macroeconómicas que apuntan a reducir la tasa de inflación al 17% anual para 2017 con una política de expansión del gasto público al 30/35%, que con otra política de gasto creciendo al 15/20% anual.

Si, tal como parece, la dinámica del gasto público “core” está más cerca de reflejar la verdadera tendencia del gasto público primario total, el esfuerzo que deberá realizar el Banco Central en términos de tasas de interés para lograr una reducción de la tasa de inflación será mayor. 

Si bien la salida exitosa del default le permitirá al Gobierno financiar durante un período considerable una política fiscal expansiva y mantener una política monetaria de tasas elevadas para lograr una reducción de la tasa de inflación, esta situación no luce sostenible en el tiempo. 

De hecho, con este mix de políticas, el Gobierno corre el riesgo de sobreexigir la política monetaria, lo cual podría generar nuevos desequilibrios macroeconómicos, vinculados a procesos de apreciación cambiaria y/o sobreendeudamiento fiscal, con los efectos sociales ya conocidos.

Históricamente en nuestro país, la política fiscal de gasto público siempre terminó “llevándose puesta” a la política monetaria y a cualquier programa económico adoptado. Lograr una moderación sostenida de la política fiscal de gasto público, al momento, no se ha logrado. Se requiere de voluntad y capacidad política para poder alcanzar los consensos necesarios para implementar las reformas estructurales que permitan lograr un diseño macroeconómico institucional sólido consistente con un sendero de estabilidad macroeconómica sustentable. La complejidad de los temas así lo amerita. La agenda de hoy está centrada en la ley antidespidos.