¿Qué quiere hacer el Gobierno?

Disimulado bajo el paraguas del gradualismo, el Gobierno pretende que el déficit fiscal se resuelva sobre la base de un ajuste sobre los sectores más vulnerables, en este caso sugiriendo un aumento encubierto de la edad jubilatoria y, consecuentemente, evitando de esta manera pagar cientos de miles de jubilaciones futuras.
Si se extiende cinco años la edad jubilatoria, tanto para mujeres como para hombres, como sugiere el gobierno habría 1,3 Millones de personas en edad de jubilarse que no lo podrían hacer u optarían por no hacerlo, generando un "ahorro fiscal" estimado en 480 mil millones de pesos a valores corrientes. ¿De dónde surge este cálculo? Del flujo neto de nuevos jubilados con el marco normativo vigente se jubilan en promedio 30.000 por mes y fallecen en promedio unos 20.000 jubilados en el mismo período.
Por eso, siguiendo el manual de la reforma del sistema previsional en Grecia, de acuerdo a los parámetros propuestos por el Fondo Monetario Internacional, los organismos de crédito europeos y la OCDE, el Gobierno pretende avanzar con el proyecto de aumento de la edad jubilatoria.

¿Por qué quiere hacer esto el Gobierno?

La razón invocada para llevar adelante esta decisión es el nivel de déficit del Sistema Previsional que, de acuerdo a datos brindados por el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, alcanzó en 2016 la abultada cifra de 146.836 millones de pesos, triplicando el de 2015.
La profundización del déficit obedece a diversas causas, las cuales, en gran medida, están relacionadas con un modelo macroeconómico que no genera empleo y cuya dinámica no acompaña las necesidades del sistema previsional argentino. Así, el Gobierno ignora el escenario económico que condiciona en gran parte su sustentabilidad.

1- Déficit contributivo

Al aumento de las prestaciones previsto por ley se le debe hacer frente con un nivel de actividad que no alcanza a cubrir las necesidades existentes y que van surgiendo.

La pérdida por parte de los trabajadores en su salario real generó menos ingresos al sistema previsional, tanto por parte de los aportes de los propios trabajadores como por las contribuciones patronales.

2- Déficit impositivo

Al déficit contributivo se le suma el impacto fiscal de una baja de la recaudación de los impuestos que sustentan el SIPA por la caída en la actividad económica y la modificación del impuesto a las Ganancias (el SIPA se financia 60 % por aportes y contribuciones y 40 % por impuestos)

3- Estancamiento del mercado laboral

Otro de los problemas es el estancamiento del mercado laboral y la magnitud de la economía que transcurre por los canales de la informalidad. El sistema previsional arrastra un problema estructural. En la actualidad, la relación es de 1,3 trabajadores por cada jubilado y necesitaría entre 2,5 y 3 trabajadores por cada jubilado para ser sustentable.

4- Eliminación de ingresos

Se implementó el esquema de devolución del 15% de la coparticipación a las provincias

5- La fórmula de movilidad de los haberes jubilatorios, en un contexto económico recesivo como el actual, genera déficit al SIPA.

De acuerdo a datos del Indec del primer trimestre de 2017, la informalidad alcanzaba a casi cuatro millones y medio de trabajadores. Pero el Gobierno, con sus políticas se resiste a impulsar aquellas actividades o rubros intensivos en mano de obras, convalidando un esquema donde la renta obtenida de las transacciones financieras promete más rédito que cualquier inversión productiva.

Además, la insustentabilidad se profundiza con errores de implementación de lo que en principio eran buenas decisiones adoptadas por el Gobierno en la materia.

Entras ellas podemos mencionar:

1- La deficiente ejecución del Plan de Reparación Histórica que aumentó la judicialización contra Anses.

El presidente Macri está desaprovechando lo que los especialistas denominan la "ventana de oportunidad demográfica", donde la cantidad de habitantes de la población económicamente activa supera a la inactiva.

El Estado debe acompañar y promover políticas que potencien esta ecuación, para generar un crecimiento sostenido y poner a la Argentina en la puerta del desarrollo.

A lo anterior, debemos sumarle la importante participación de los jubilados en la dinámica del consumo, sobre todo considerando que en nuestro país el mismo representa más de 75% del Producto Bruto.

El sector pasivo es el de mayor propensión al consumo y la traumática experiencia que atraviesa el país heleno nos demuestra que el "ahorro" que logra el Estado al limitar o eliminar las prestaciones previsionales es proporcionalmente menor a la caída en el PBI que provocan dichas políticas.

Entre 2007 y 2013, el PBI de Grecia se contrajo casi 30%, a contramano de las previsiones que realizaba el FMI, que pronosticaba un crecimiento de 19%. En este marco, la contracción del gasto previsional fue de 15%, lo que solo contribuyó a profundizar el desajuste.

Conclusiones

Por todo lo anterior, estamos en contra de cualquier aumento de la edad jubilatoria, y de cualquiera de las reformas que adelanta este Gobierno convalidando pérdida de derechos.

Creemos que cualquier modificación del sistema previsional tiene que sustentarse en la resolución del profundo problema de informalidad laboral y, como lo hemos venido haciendo en todos los casos, estamos dispuestos a acompañar modificaciones que mejoren las expectativas y la calidad de vida de nuestros adultos mayores y la de todas las familias argentinas.

Pero siempre apostando a la consecución de más derechos y a la generación de un sistema de seguridad social de avanzada, no como pretende el Gobierno recortando derechos. Tenemos mucho para aportar y para mejorar en materia de ingresos y de salud de nuestros adultos mayores.

La integridad del sistema previsional argentino debe ser una política de Estado. Así lo entendimos y promovimos a partir de las reformas realizadas en 2005 y 2014, apoyadas por unanimidad en ambas Cámaras del Congreso de la Nación. Esto debe profundizarse.

El ámbito para dar estos debates debe ser el Congreso. Tenemos que avanzar y no retroceder. La experiencia a nivel mundial es traumática: todos los países que han hecho reformas de este tipo en materia de seguridad social han profundizado sus crisis.