La semana pasada pudimos informarnos – en un estilo más cercano a la nostalgia anecdótica sobre el personaje que a la lectura política y jurídica del caso - que el empresario Armando Gostanián, Presidente de la Casa de la Moneda durante el gobierno de Carlos Menem, fue condenado a cinco años de prisión y a devolver unos 800 mil dólares que cobró como coima de una empresa alemana por el pago de sobreprecios en la compra de equipos técnicos.

En un ligero repaso de estos últimos 30 años de democracia podemos ver la lentitud de las investigaciones en los casos de corrupción que involucran a políticos y funcionarios. En la inmensa mayoría de los casos la sociedad debe esperar como mínimo 10 años para ver sentado en el banquillo a algunos de los acusados y responsables de tales hechos.

La “corrupción” no existió ni existe en la agenda pública del gobierno, pero tampoco fue tema en los debates electorales. Sin embargo el Papa Francisco hace poco tiempo atrás consideró que “La corrupción apesta" y pidió "no ceder a la tentación del dinero fácil y de los ingresos deshonestos"; y claramente, día tras día, el “humor” de la sociedad ha comenzado a mirar con atención éste flagelo, y nos obliga a poner la lupa sobre ella. Esta preocupación no es nueva, y esa preocupación fue plasmada en la reforma Constitucional de 1994 con una cláusula en el Art. 36 que dice: “...Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos...”.

Resulta fundamental encontrar respuestas a esta problemática, que no sólo afecta a un gobierno, sino que desgasta las instituciones, degrada la legitimidad y las relaciones entre los ciudadanos y sus representantes, y afecta directamente al ciudadano de a pie, por cuanto la “corrupción” deja al descubierto lo peor de la administración pública golpeando a los sectores más vulnerables, porque cada peso que se pierde en la madeja de la indecencia es un peso que se le resta a hospitales, obra pública, seguridad, viviendas, educación o servicios sociales.

Las respuestas ante éste flagelo debe ser simple. Hacer fuertes los organismos de control y aplicar la Ley. La transparencia entonces debe estar garantizada por un Poder Judicial independiente y organismos de control imparciales y sin compromisos con los gobiernos de turno.

La convicción que los valores esenciales del sistema democrático deben estar entrelazado indefectiblemente a la transparencia y los controles en los actos públicos, hará posible que los gobiernos que sucedan al actual asuman que la “corrupción” es uno de los principales males a erradicar en nuestra Nación. Como afirmó en 1835 Alexis de Tocqueville al publicar la primera edición de “La Democracia en América”: “…todos los ciudadanos tienen el derecho de acusar a los funcionarios públicos ante los jueces ordinarios y que todos los jueces tienen el derecho de condenar a los funcionarios públicos. (…) Vedárselo, en cambio, sería privarles de un derecho natural“.

Combatir la “corrupción” deberá ser una lucha de toda una sociedad para evitar el debilitamiento de ese gran edificio que nos contiene a todos y que se llama democracia.